Militares en las calles e influencia de la Iglesia

Esta guerra NO es nuestra

31 Aug 2010   |   comentários

En pocos meses creció la militarización del país de forma alarmante. Bajo el pretexto del “combate al narco”, varias entidades como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y ahora Nuevo León, están ocupadas por 80 mil militares y policías federales. Los “resultados” hablan por sí solos: cientos de jóvenes, mujeres, trabajadores e indígenas han sido intimidados con revisiones “de rutina”, mientras que retenes carreteros y operativos policíacos y militares han terminado en asesinatos “colaterales” de niños, estudiantes y campesinos.
Rápidamente, el imperialismo norteamericano leyó la inestabilidad en su frontera sur. Por ello, pese a sus tibias objeciones a la aplicación de la Ley Arizona, Obama no dudó en ordenar el despliegue de mil doscientos soldados de la Guardia Nacional para custodiar la frontera, en una primera fase que busca controlar férreamente toda la zona limítrofe. La verdadera intención del Pentágono es tener el control estratégico de México, que le permita recuperar injerencia sobre su patio trasero, América Latina.
Mientras la mayoría de la población pobre y trabajadora debe sortear los efectos de la crisis, traducida en niveles históricos de precarización laboral, desempleo e inflación, patrones y gobierno nos imponen la pérdida sistemática de derechos elementales, como pasa con los trabajadores de Mexicana de Aviación.
Por si esto fuera poco, es escandalosa la participación de la Iglesia en las legislaciones estatales para penalizar y condenar las “conductas inadecuadas” como el aborto y la homosexualidad. El resultado: decenas de jóvenes condenadas a prisión en Guanajuato, algunas hasta por más de 25 años, por abortos espontáneos.
Los temas de la inseguridad y el narco ocupan el primer sitio en las preocupaciones de los partidos del Congreso, por eso han destinado altos presupuestos a las Fuerzas Armadas y endurecido los controles policíacos. Calderón ya amenazó con recortar programas “no prioritarios” para asignar más recursos a la “guerra contra el narco” y anunció que el Ejército no saldrá de las calles por lo menos hasta que termine su mandato. Lo cierto es que con ese discurso busca desviar la atención de las verdaderas preocupaciones de millones de trabajadores.
Elecciones y descrédito del gobierno
El resultado de los comicios estatales, realizados en julio pasado, significó la apertura de un periodo que estará marcado por las contradicciones del actual régimen político, en su camino por buscar la estabilidad que le permita aplicar los planes y reformas de acuerdo a los designios patronales imperialistas, en un marco de crisis económica y creciente descontento social.
El triunfo del PRI, en 9 de 12 estados en disputa, así como las victorias del PAN/PRD bajo la política de alianzas en varias entidades, lejos constituir un avance democrático, fueron resultado del accionar de viejas prácticas de cooptación del voto mediante el uso del presupuesto estatal por parte de los gobernadores a favor de sus candidatos, la entrega de “apoyos” y planes asistenciales a las comunidades, y la acción de grupos de choque.
Por su parte, la ocupación del ejército en varias regiones del país, pusieron un sello a estas elecciones como las más rigurosamente militarizadas de la historia. Un elemento que, sin duda, poco puede presumirse de “democrático”.
La clase política nacional busca salvaguardar la estabilidad del régimen, con el objetivo de construir alternativas viables para los intereses de los grandes capitalistas y el imperialismo, de cara a la elección presidencial de 2012 y su antesala de 2011 en el Estado de México. Sin embargo, este periodo está lleno de contradicciones para el propio régimen.
El fracaso de la convocatoria de Calderón a cerrar filas en torno al asesinato del alcalde de Santiago, Nuevo León -un llamado de emergencia ante los políticamente devastadores efectos que esta “guerra” ha acarreado a su gobierno-, expresó que ninguno de los partidos del Congreso se quiere hacer cargo de la factura que significan los 28 mil muertos que ha dejado tal iniciativa. Esto se evidenció en los llamados “diálogos por la seguridad”, que no contaron con el apoyo del PRI, criticado por el panismo con el argumento de que creció la inseguridad en los estados donde gobierna el tricolor. Por su parte, aunque el PRD y el PT dijeron que dichos diálogos eran una farsa mediática de la Presidencia, esto no impidió que asistieran a la cita Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta en representación de los legisladores perredistas, evidenciando su cada vez mayor acercamiento al ejecutivo panista.
El fracaso de la estrategia de seguridad nacional de Calderón es un factor de crisis del gobierno, pero no un punto a favor de las masas. La descomposición social, expresada con el narco, los feminicidios o la delincuencia, es resultado de una dinámica reaccionaria del régimen, que ha “naturalizado” un virtual estado de sitio en todo el país, y negado derechos elementales, como el derecho a la protesta. Bajo esa misma lógica, es “natural” una reforma laboral semi-esclavista que elimina la seguridad social; lo es también despedir 44 mil electricistas y liquidar su organización sindical; o que de la mano de la Iglesia se hayan impuesto las leyes más reaccionarias de todo el continente contra los derechos de las mujeres.
Retomemos el camino de lucha y movilización
Frente a ello, los trabajadores y el pueblo tenemos que imponer, con la movilización y la organización en nuestros barrios, comunidades, escuelas y centros de trabajo, la discusión sobre nuestros verdaderos problemas. Desafortunadamente, mientras los charros oficialistas avalan este ataque, la mayoría de las direcciones obreras y campesinas que se reclaman democráticas, como la UNT, en este momento crítico mantienen la pasividad y un silencio cómplice, lo que aisla las luchas y es impotente para enfrentar la embestida.
Es necesario discutir y poner en práctica un programa de lucha que enfrente la ofensiva recolonizadora sobre el país y la política reaccionaria y represiva del gobierno e instituciones contra los oprimidos y explotados. Un programa cuya cuestión central sea retomar las demandas de los electricistas, junto a las reivindicaciones del magisterio y las de los trabajadores de Mexicana, entre otros.
Hay que unificar fuerzas para plantear una salida propia ante la crisis, partiendo de defender nuestras conquistas y demostrar que los trabajadores y todos los sectores populares, que sufrimos cada día la miseria y la explotación, podemos organizarnos para luchar por nuestros derechos.









  • No hay comentarios para este artículo