ENTREVISTA A LIC. JUAN DE DIOS HERNANDEZ MONJE, DEFENSOR DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO

«La militarización lleva al país a un estado de excepción"

01 Jun 2007   |   comentários

EO: ¿Cual es su opinión acerca de la sentencia de 67 años, seis meses para los dirigentes presos del FPDT?JD: Es la demostración de que se trata de una venganza del Estado en contra del FPDT, por haberse atrevido confrontar legalmente el decreto expropiatorio de sus tierras. Lo que queda de manifiesto, cuando el mismo juez condena al «mayel» a 18 años de prisión tratándose de un capo del narcotráfico. Independientemente de que tenemos conocimiento que en la causa nunca se acreditó por parte del MP la existencia del delito, Inclusive sabemos de la declaración de la supuesta víctima que nunca hizo imputación, por el contrario siempre señaló que él mismo no se daba por secuestrado. El delito de secuestro equiparado es el equivalente a lo que en 1968 ra considerado como delito de disolución social, que fue una de las banderas de lucha del CNH, por su erogación, que eran los artículos 145 y 145 bis del Código Penal de aquél tiempo y haber continuado en esta ínea de criminalizar los movimientos sociales. También se reforma el Código Penal Federal para incorporar la figura de “terrorismo” , con prácticamente los mismos elementos del código penal del delito de secuestro equiparado.

EO: Y cuál es la situación actual de los Presos Políticos de Atenco?Continúan privados de la libertad 27 compañeros, unos en Santiaguito y otro donde están todos los que representamos como Colectivo de Abogados Zapatistas en Molino de Flores en Texcoco, esto como consecuencia de al haber ganado el Amparo 1135/2006 se decretó la incompetencia del juez Jaime Maldonado e ordenó remitir el expediente y a los compañeros presos a Texcoco. El día 1° de junio es la fecha de udiencia e desahogo de pruebas en Texcoco, en donde apenas se continúa desahogando la primera prueba de cargo del P sin que se halla podido desahogar ninguna de las pruebas de descargo. Lo que denota la administración del conflicto por parte del gobierno, a mas de un año de distancia esa es la situación procesal. El día 24 de junio se notificará a nuestros compañeros el incidente de nulidad de las actuaciones que promovimos como defensa, esto toda vez que al haber sido declarado incompetente el juez que dicto el auto de formal prisión (el cuarto o de formal prisión) del 22 de marzo, consideramos con base en jurisprudencia firme de la Primera Sala de a Corte, que es nulo lo actuado por el juez incompetente y la consecuencia debe ser la libertad absolutoria de nuestros compañeros. Esperamos la resolución de este incidente en el curso de la próxima semana. Y en elación con estos mismos compañeros interpusimos nuevo juicio de Amparo ante juez de distrito de Ciudad Nezahualcoyotl, radicado en el 9° juzgado de Distrito y consideramos también que deberá estudiar el fondo del asunto y como consecuencia de concederse el amparo de fondo, obtendríamos la libertad absolutoria de nuestros compañeros.

EO: ¿Que opina sobre la reforma al artículo 139 del Código Penal?
JD: Debe ser preocupante para el conjunto de la sociedad mexicana, la política criminal del estado que es un pretexto para militarizar el país utilizando de manera anticonstitucional al ejército en funciones de policía, lo que sumado a la intensa campaña mediática del gobierno federal, deja ver los rasgos fascistas del estado mexicano. Y que esta llevando al país a pasos agigantados a un estado de excepción, que en la práctica ya existe. Los operativos «mixtos» en todo el país, las reformas legales para criminalizar la lucha social son elementos inequívocos de un estado de excepción, como lo comenta el propio procurador general de la república. Que no obstante diga que no es necesario declarar formalmente el estado de excepción, en la práctica hay suspensiones de garantías individuales de facto, lo hubo en Sicatsa, Atenco, Oaxaca y aún en la Ciudad de México, pues aunque no sean operativos conjuntos del gobierno del DF, se pone en la misma línea de corte fascista del gobierno federal, cuando hace operativos policíacos que privan a los ciudadanos de sus derechos básicos y elementales, que llamamos garantías individuales.









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