MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

• 

Mario Caballero

El sábado 1° de junio se firmó un acuerdo entre la empresa Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) adherida a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que evitó la huelga emplazada para ese día. El acuerdo se expresó en un 4.7% de aumento salarial, 1.5% en prestaciones, y el derecho a la revisión anual de los salarios (y no cada 4 años como pretendía la empresa), así como la celebración de un convenio laboral en dos etapas: la primera contempla la firma de dos contratos de trabajo de seis meses de duración cada uno (el primero a partir de junio del 2013 a enero del 2014 y el siguiente de enero a julio del 2014, y la segunda, un contrato definitivo que garantizaría la antigüedad laboral.

Como resultado de las negociaciones, el secretario del trabajo prometió dejar sin efectos la demanda de la patronal, presentada como “conflicto colectivo de naturaleza económica” para reducir los salarios y las prestaciones de los trabajadores con el argumento de que ponen en riesgo la viabilidad económica de la empresa. Pero el acuerdo de la dirección sindical con Aeroméxico tiene un punto que podría ser lesivo para los intereses de los trabajadores actuales, y en particular, para los que ingresen en el futuro, pues el sindicato se comprometió a aceptar la formación de una “comisión mixta” que en un plazo de 90 días revisará el modelo laboral vigente (su viabilidad según la óptica patronal), para resolver los factores que puedan afectar la productividad y la competitividad en Aeroméxico. Allí se discutirá lo relacionado con el personal de nuevo ingreso y la posibilidad de establecer para ellos lo que la patronal llama un “contrato B”, distinto al de los trabajadores actuales.

Ya instalada esta comisión mixta, la empresa propone una reducción general de los salarios y la reducción de 64% de las percepciones de los trabajadores contratados a futuro y la imposición de un nuevo régimen laboral para los sobrecargos de nuevo ingreso sin las prestaciones de ley. Amenazando con que, de no aceptarlo, liquidaría –entre otras medidas leoninas– la cláusula de apoyo a las sobrecargos embarazadas.

Por ello es incorrecto aceptar la discusión –en la comisión mixta–, de un nuevo régimen laboral para los trabajadores contratados en el futuro (en este caso los sobrecargos), con salarios disminuidos, sin prestaciones y condiciones laborales inferiores a los trabajadores actuales. Los patrones siempre pretextarán crisis financiera para escamotear las percepciones de sus trabajadores.

De imponerse el contrato “B”, significaría a la instauración de una nueva generación de trabajadores precarizados, donde los patrones en complicidad con las autoridades laborales, impondrían un trabajo esclavizado, además de establecer una división entre trabajadores de “primera” y de “segunda”, fortaleciendo la posición de los patrones y debilitando la de la clase trabajadora. Sería una derrota estratégica de los sindicatos, entendidos éstos como organismos de frente único de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
Los sindicatos no pueden aceptar convenios que garanticen la “productividad” de las empresas, ya que esto implica la sobre-explotación para incrementar la ganancia de los patrones. La función elemental de un sindicato es defender los derechos laborales de sus agremiados y evitar la extensión de la jornada laboral.

La lucha contra la política patronal de imponer “contratos B” (con la complicidad del gobierno), es una tarea de la clase obrera de conjunto, y requiere de la más amplia unidad de todos los trabajadores sindicalizados y precarizados.