MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Ante la impunidad por Ayotzinapa y Tlatlaya:
Se mantiene la crisis política de esta democracia asesina

La situación abierta con la crisis de los asesinatos y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, lejos de atenuarse, se profundiza a pesar de los intentos del gobierno de desviar el descontento.

La tendencia a la crisis política es alimentada con nuevas crisis en distintos estados del país, donde el gobierno evidencia la dificultad para estabilizar y garantizar la gobernabilidad. Guerrero sigue siendo el punto más crítico que enfrenta Peña Nieto y el régimen de la alternancia. Nuevas acciones -y más radicales- del magisterio agrupado en la CETEG, los padres de los desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa tornan inciertas las próximas elecciones en ese estado, donde los padres han llamado al boicot electoral. En Michoacán, el enfrentamiento a balazos entre sectores de las autodefensas hoy institucionalizadas -con un saldo de 11 muertos-, mostró que el gobierno se equivocó cuando pensó que la crisis en Tierra Caliente se cerraba con la institucionalización de los grupos civiles armados al integrarlos a la Guardia Rural. Este problema de ingobernabilidad existe también en Tamaulipas, en Veracruz y otras regiones.

Mientras tanto, la economía nacional no solamente no se recupera, sino que hay importantes señales de alarma que dejan entrever un panorama crítico, como lo muestra el bajísimo crecimiento, la debilidad del peso frente al dólar y la inflación que rebasa los pronósticos oficiales para este año. Pero sobre todo la caída de los precios del petróleo -que se ha depreciado cerca del 40 por ciento- y de la producción del crudo, que pegan durísimo en los planes económicos del gobierno: ya el secretario de Hacienda anunció posibles recortes al gasto público de mantenerse esta baja. Es que la débil recuperación de la economía de los Estados Unidos no alcanza para revertir el bajísimo crecimiento nacional. Esto en medio del riesgo que significa una posible alza de las tasas de interés por la Reserva Federal estadounidense, provocando que los capitales especulativos emigren al vecino del norte.

En este marco de debilidad del gobierno, se profundiza la subordinación a Washington. En su reciente visita a Obama, Peña Nieto recibió “sugerencias” sobre la importancia de frenar la inseguridad y la inestabilidad, así como de dar más pasos en la entrega de la industria petrolera nacional: ahora se importará ese energético desde Texas. Es decir, es la exigencia imperialista la que profundiza el ataque a la población trabajadora y el autoritarismo del gobierno de Peña Nieto, que no sólo no resuelve la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sino que enfrenta los indicios de que los cuerpos de los estudiantes fueron cremados en instalaciones militares.

Todos estos hechos abonan a la crisis de legitimidad de este gobierno y de las instituciones de un régimen que prometió cambios democráticos para las masas. A la pérdida de confianza del gobierno se suman el descrédito de los partidos del Congreso. Las renuncias de dirigentes del PRD (huyendo antes de que se hunda el barco) o del PT, son parte de esta crisis.

Un descontento que no cesa

No acaba de pasar el conflicto del Politécnico, cuando el gobierno inicia el año enfrentando nuevas protestas masivas y la movilización de estudiantes y trabajadores de enfermería junto a otros sectores de la salud. Conflicto que, de generalizarse, puede fomentar un gran movimiento de este sector tan golpeado en los últimos años, además de alentar la salida de otros sindicatos y trabajadores que están resintiendo los duros planes reaccionarios de este gobierno (como la amenaza de miles de despidos en Pemex).

Las medidas anunciadas recientemente por el antidemocrático gobierno de Peña Nieto fueron vistas con desconfianza por la mayoría de la población. No terminan por ejemplo con el descontento popular en Michoacán, donde sorprendentemente encarcelan a Hipólito Mora, el dirigente de autodefensas que viene criticando la complacencia del gobierno con las actividades ligadas al narco del hoy guardia rural nombrado “el Americano”.

El autoritarismo del gobierno priista tiene su expresión más fuerte en la impunidad con que se aborda el caso de los normalistas de Ayotzinapa y es la base del creciente descontento que hay en todo el país. Como muestra la decisión del magisterio de Guerrero de boicotear las elecciones en el estado. En tanto, la CNTE votó un plan nacional de lucha en solidaridad con las demandas de los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los desaparecidos, levantado al mismo tiempo otras demandas sociales y laborales.

Incluso, los pequeños ahorradores defraudados por el Ficrea, muestran su descontento con el gobierno y las autoridades financieras, haciendo responsable a Peña Nieto de la solución a su problema y señalando la forma en que el gobierno rescató anteriormente a los bancos.

Ante este escenario de crisis de legitimidad del gobierno y las instituciones del régimen de la alternancia, es necesario superar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en las acciones radicales, con una política unitaria de todos los sectores que hoy se movilizan encabezados por los trabajadores, con medidas efectivas como una huelga nacional que frene la ofensiva gubernamental al servicio del imperialismo y la antidemocracia del gobierno. No es negociando algunas concesiones a los sectores movilizados como se puede frenar la barbarie que tiene enlutado al país, ni la militarización, la miseria, los bajos salarios o el desempleo, o echar atrás las reformas estructurales. Es una crisis de representación de las instituciones de la burguesía de gran magnitud que, de no ser profundizada por la movilización independiente del movimiento obrero y popular con un programa que apunte a enfrentar de raíz al sistema capitalista, puede ser resuelta por la clase dominante a través de la cooptación o la negociación con sectores hoy inconformes.

Por ello es necesario preparar una huelga nacional que involucre a los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores de la educación y la salud, los campesinos y las mujeres, para empezar a frenar esta ofensiva. Hay que rechazar el nuevo desvió del descontento que se pretende con las elecciones de este año. Sólo la organización independiente evitará otra trampa como la de la “transición a la democracia” impuesta por el PRI, el PAN y el PRD en el 2000.

El profundo carácter autoritario del gobierno y la democracia asesina representada por este régimen, hace necesario sostener que son los explotados y los oprimidos los que pueden terminar con esta barbarie.