MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

• 

El gobierno de la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner decretó la expropiación de 51% de las acciones de Repsol en la petrolera argentina YPF (que concentra sólo 16% de la producción total de gas y petróleo), argumentando que REPSOL se quedaba con todas las ganancias y no reinvertía en la industria, y que con la desnacionalización (menemista) de los hidrocarburos el país se convirtió en importador neto de gas y petróleo, haciendo a la economía dependiente de las importaciones hidrocarburíferas. Una acción que, naturalmente, dio la vuelta al mundo por tratarse de una multinacional del petróleo.

Como respuesta a esta medida, el gobierno español –con el apoyo del imperialista Partido Socialista Obrero y la Unión Europea– amenazó al gobierno argentino con represalias comerciales que, afirma, perjudicarán al pueblo argentino. Se alinearon de su lado en Latinoamérica el gobierno chileno y el mexicano pro-imperialista de Felipe Calderón, que tiene una mínima parte de acciones en Repsol y ha abierto onerosamente las puertas a los capitales españoles.

¿medida táctica o “giro” estratégico?

Primeramente hay que dejar claro que no fue una expropiación real y total, se expropió solamente la parte accionaria que no cumplió los compromisos establecidos cuando, por medio de la privatización del YPF se le entregó a REPSOL la exploración y la exportación de petróleo nacional; se mantiene privatizada la parte del monopolio del Grupo Petersen (de Enrique Esquenazi), uno de los tantos capitalistas amigos de los Kirchner beneficiados por el gobierno “progresista”. Esta es una privatización realizada por el entreguista Carlos Menem en 1992 y apoyada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner cuando fue gobernador, y por la hoy presidenta Cristina Fernández.

Esta expropiación no afecta a los demás monopolios petroleros que existen en el país y se limita a 51% de una empresa (YPF) que sólo representa 34% de la industria petrolera. Este nuevo proyecto de YPF S.A. es un mentís contundente a los que llaman progresista a todo gobierno capitalista que hace maniobras “nacionalistas” para ofertar en mejores condiciones el petróleo u otras ramas de la economía.

El mismo decreto expropiatorio establece que YPF seguirá siendo una sociedad anónima que cotizará en la Bolsa de Valores. Por lo tanto, se orientará en función de los criterios de los accionistas privados tal como sucedió con la YPF de Menem y Kirchner en 1994, toda vez que se mantienen los acuerdos para promover acuerdos con los grandes monopolios petroleros internacionales, como se ve en los intentos de negociación con las empresas norteamericanas Chevron y Exxon Mobil, o la francesa Total, interesadas en los yacimientos no nacionales conocidos como Vaca Muerta.

El de Cristina no es un “giro estratégico” en la política de un gobierno ligado a la banca extranjera y las trasnacionales. Es una medida táctica para buscar un reposicionamiento en el mapa de las relaciones comerciales con las trasnacionales y recuperar fondos para solventar los gastos producidos por las importaciones petroleras, al mismo tiempo que atemperar los elementos de crisis provocados por la tragedia de la Estación Once de ferrocarril, los escándalos de corrupción de su vicepresidente Amado Boudu y la desaceleración económica, entre otros.

Con la expropiación de YPF, la Presidenta logró unificar el apoyo a su medida, tanto en sectores del peronismo nacional con los que venía enfrentada, como con partidos de la oposición y con la burocracia de la CGT encabezada por Moyano, con quien tiene fuertes roces. Y es que de no sumarse a este “frente único” en los hechos, esas direcciones quedarían como pro-imperialistas ante la población, lo que puede restarles votos. Al mismo tiempo, se prestigia como impulsora de una política nacionalista en América Latina y se proyecta para una futura relección cambiando la relación de fuerzas al interior del Partido Justicialista.

La OPPN y su erróneo concepto de soberanía

La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPPT), liderada por el SME, saludó la expropiación ordenada por la presidenta de Argentina, afirmando que es un acto que busca lograr la soberanía petrolera del país y rescatar los hidrocarburos para la nación. Incluso sugiere que en México sigamos el ejemplo argentino.

Para nosotros, la Liga de Trabajadores por el Socialismo, es correcto y necesario repudiar las amenazas formuladas por los gobiernos y trasnacionales imperialistas en este caso, como hemos hecho desde nuestra corriente internacional la FT (con presencia en América Latina y Europa, y en particular en Argentina y el Estado Español), y en México en particular denunciamos las declaraciones del lacayo pro-imperialista Felipe Calderón, que mostró –una vez más– su subordinación al capital extranjero y en este caso al español, al cual los panistas están entregando la economía y los servicios del país.

Sin embargo, nos parece incorrecta la posición de los compañeros la OPPT que confiere a la expropiación parcial de YPF el carácter de una medida que busca la soberanía nacional del país, y al gobierno de Cristina Kirchner un carácter antimperialista. De donde deduce que de la expropiación el pueblo argentino encontrará el camino (indefectiblemente) para realizar la plena nacionalización de YPF, en el mismo sentido en que se realizó en México la expropiación petrolera en 1938. Ésta toma de posición expresa la visión estratégica de este organismo amplio de trabajadores, y muestra las limitaciones de la política de su dirección para acaudillar cualquier lucha con un contenido nacionalista y combatir a los partidos burgueses “progresistas”.

La OPPT dice que la expropiación es “una decisión que corresponde a la restauración de la soberanía nacional”. Y que por lo tanto habría que tomar también en México una medida como esa. Embellece así la política del gobierno peronista y muestra la estrategia reformista de esta organización –que se reclama independiente y clasista– para luchar contra los planes de la burguesía mexicana. Pero una política realmente independiente y clasista, lejos de pensar que esta fracción de la burguesía argentina pueda dar pasos progresivos–a los que solamente les faltaría completarlos a la clase obrera–, es impotente para acaudillar cualquier expresión de justa defensa nacional de los trabajadores.

Estos compañeros abstraen el hecho de que la expropiación al capital español es una maniobra para negociar el petróleo nacional con otras multinacionales que le paguen mejor al gobierno argentino la entrega de los recursos estratégicos no renovables. Como estamos viendo, donde a partir de los intentos de negociación con las norteamericanas Chevron y Exxon Mobil, o la francesa Total, se conformaría una nueva YPF; nueva sí, pero nada soberana como afirma desafortunadamente la OPPT. ¿Por qué creen que los accionistas de REPSOL le bajaron muy pronto el tono de sus reclamos ante la expropiación y ahora solamente demanda una “indemnización justa”?

¿Por qué no iniciaron un bloqueo comercial a la economía argentina? Seguramente no es por el temor que le provoquen las declaraciones de los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba contra las amenazas españolas.

Fundamentalmente, porque la expropiación de la presidenta Fernández no afecta los demás multimillonarias negocios españoles en el país, que seguirán con sus cuantiosas inversiones y ganancias en este emporio para el capital transnacional. Además, YPF cotizará en la Bolsa (exactamente lo que propone para Pemex Gabriel Quadri, el candidato presidencial de Elba Esther Gordillo), por lo que la orientación de la empresa no será fijada por el gobierno sino por los accionistas privados. Y mucho menos tiene sustento su afirmación de que con esta medida el pueblo encontrará el camino para realizar la plena nacionalización de YPF.
Primeramente conviene aclarar el carácter del gobierno de Cristina Kirchner (el mismo de su fallecido esposo y expresidente), y el que existía en México en los años ‘30 cuando Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera. El decreto de este último obedeció a la necesidad de lograr la autonomía energética para alcanzar el desarrollo industrial del país como base del modelo económico que habría de establecerse al final de la Revolución Mexicana donde, en el plano nacional se expresaba todavía la fuerza de este proceso social que sacudió al siglo XX en sus albores. Por el contrario, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner surgen en un contexto de total privatización de las industrias estatales expresadas en las “relaciones carnales” con el imperialismo, como definió Saúl Menem. A diferencia del decreto expropiatorio del gobierno argentino, el mexicano no fue para cambiar la subordinación a una multinacional por otra.

Muy diferente a la tensión internacional que precedió a la expropiación de Cárdenas. Tan diferente fue la expropiación petrolera a las compañías inglesas y norteamericanas (60% del petróleo mexicano estará en manos de compañías inglesas y 39.2 %, en mano de compañías norteamericanas) que estuvieron amenazadas por una intervención militar de los Estados Unidos en territorio mexicano, para obligar a Cárdenas a revertir esta medida nacionalizadora.

Incluso, el contexto de la expropiación era de un fuerte acenso del movimiento obrero y de formas de organización, y del enfrentamiento entre los trabajadores de la empresa inglesa “El Águila” y los accionistas de la misma que se negaban a otorgar un aumento salarial a los trabajadores petroleros, situación que fue exacerbando la relación entre el gobierno y la empresa hasta llegar a la expropiación de los voraces capitalistas extranjeros que frenaban el desarrollo de la industria nacional y, por lo tanto del país.

Esta medida (la primera en el mundo) que expropiaba totalmente a las compañías extranjeras, tuvo un carácter nacionalista que afectó seriamente no sólo al capital inglés y al gobierno de Mr. Chamberlain, sino la estabilidad de los negocios capitalistas en Gran Bretaña (que era el principal consumidor del petróleo mexicano), quien tildó esta medida de “comunista”. Por lo que fue saludada por el viejo dirigente bolchevique de la revolución rusa León Trotsky –que se encontraba exiliado en México, huyendo de los crímenes de Stalin– como una medida altamente progresiva. Trotsky afirmaba: “La expropiación del petróleo no es ni socialista ni comunista. Es una medida de defensa nacional altamente progresista” (“México y el imperialismo británico”,5/6/1938). De esta manera –con una medida radical de un gobierno burgués nacionalista– quedó defendido el contenido del artículo 27 constitucional que señalaba que el estado era dueño absoluto de los recursos nacionales que se encuentran en el suelo.

Otro aspecto del que abstraen las organizaciones de la OPPT es el contexto histórico, político y social de la expropiación mexicana. En su intento por lograr una relativa independencia del imperialismo (principalmente de los Estados Unidos), y de la fuerza que mostraba el movimiento obrero mexicano que venía dando luchas y muestras de organizaciones combativas e independientes, y ante la debilidad la burguesía nacional que lo presionaba internamente, Cárdenas se apoyó en la clase obrera movilizada para enfrentar las presiones imperialistas y la de los capitalistas criollos al mismo tiempo, esto mientras afianzaba la subordinación de sus organizaciones respecto al estado y al régimen que él encabezaba.

Trotsky explicaba la dialéctica de ese momento excepcional en la vida del país de la siguiente manera: “En los países industrialmente avanzados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación en relación al proletariado nacional. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis de índole particular. Se eleva por así decirlo por encima de las clases”. (“La industria nacionalizada y la administración obrera”, 12/5/1939).

Como se ve, no hay ninguna similitud ni con la circunstancia histórica actual, ni con el “modelo” del gobierno kirchnerista. El de Cristina no se “eleva por encima de las clases”; se subordina y está al servicio de la gran burguesía argentina y las transnacionales.

Lejos de una política que le cede a las medidas aparentemente independentistas para comercializar los recursos nacionales con otras multinacionales –como es el caso del gobierno argentino–, y que subordina a los trabajadores a un ala de la burguesía “progresista”, los socialistas de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo, pensamos que, como dice Trotsky: “…no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presenten dentro del capitalismo de estado y hacer avanzar el movimiento revolucionario de los trabajadores” (“La industria nacionalizada...”).

Por último, la OPPT deduce como algo inevitable, mecánico, que, de una expropiación como la argentina (que ya demostramos su carácter engañoso) el pueblo argentino encontrará el camino para realizar la plena nacionalización de YPF.

Primeramente, hay que dejar claro que no existe ninguna relación entre los objetivos de la expropiación kirchnerista y los intereses de la clase trabajadora argentina, a la que incluso le expropiaron sus jubilaciones para el fondo de pago de la privatización a Repsol.

Si fuera una medida altamente progresista que se identificara con las demandas del movimiento obrero, podríamos decir que dicha medida podría ser la base para una gran movilización nacional antimperialista, como lo fue en México en 1938, donde los trabajadores acompañaron también la expropiación cardenista de los ferrocarriles que estaban totalmente privatizados.

Ello implicaría levantar un programa –que en México las direcciones de los trabajadores no levantaron– para echar abajo el resto de la industria estatal privatizada y los servicios estatales en manos del capital nacional y extranjero, y que éstas pasaran al control de los trabajadores organizados de manera democrática. Ésta sería la manera más efectiva de defender los recursos nacionales del país y la soberanía energética frente al imperialismo y sus multinacionales.

Otra posición embellecedora del “progresismo”

También dentro del movimiento trotskista, algunas organizaciones integrantes del Secretariado Unificado (SU), pese a señalar que la expropiación en YPF es parcial y pagada, la consideran “un gran avance en la recuperación de un recurso nacional estratégico para cualquier país, al tiempo que exhorta a la promoción de la integración energética de los países latinoamericanos para que puedan afirmar su independencia de las corporaciones y los poderes supranacionales”. (Cuarta Internacional, 19/4/2012).

Francamente, no creemos que los negocios que prepara el gobierno argentino con las multinacionales norteamericanas Chevron y Exxon Mobil y la francesa Total, sean para beneficiar a las grandes masas trabajadoras y no a las multinacionales petroleras. Salvo que se crea que estas petroleras desarrollarán una clase de suicida filantropía capitalista. Por lo que, tampoco compartimos la conclusión –más que forzada– de que esta medida forzará a la integración política de los países latinoamericanos dependientes para enfrentar a las transnacionales para lograr la soberanía energética.

Si la política de Cristina es volver a YPF como la brasileña Petrobras (el paradigma de empresa mixta de sectores de centroizquierda de la derecha latinoamericana) cuyo rumbo determina la Bolsa de Valores donde cotizan sus acciones los fondos ingleses y norteamericanos que forman parte de su capital accionario (y que es lo que proponen el PRI y el PAN para Pemex), no puede ser ésta una salida progresiva que integre a los países latinoamericanos a una política energética independiente. Los objetivos de la expropiación kirchnerista, apuntan obviamente en una dirección contraria.

El extremo en este debate –en el medio de la intelectualidad de centroizquierda– son expresiones como la de José Steinsleger que iguala a Yrigoyen, Perón y Cristina Fernández con Cárdenas, como si la expropiaciones de YPF fuera “a nombre del estado nacional” (La Jornada, 25/04/2012), poniendo por lo tanto un signo de igual entre la manobra táctica en YPF y la medida estratégica de Cárdenas que dio lugar al surgimiento de Pemex.

Lamentablemente las organizaciones obreras y sindicales en México no levantan un programa antimperialista que defienda a la industria energética nacional. Como lo vimos con la impotente estrategia negociadora y pacifista del SME ante la liquidación de CLyF que dejó en la calle a más de 4 mil trabajadores por el decreto del privatizador Felipe Calderón. Y es que, quien no defiende sus propias conquistas, menos va defender las del conjunto de la clase trabajadora. En el caso de la electricidad, luchar por la soberanía de la industria energética y contra las privatizaciones, implica enfrentar la política entreguista del gobierno en la Comisión Federal de Electricidad, y a la burocracia traidora cómplice del ataque a las conquistas de los electricistas del SME y los trabajadores de CFE. No hacerlo, sería palabrería “combativa” y conservadurismo reformista en los hechos.

En Argentina, como en México, solamente la nacionalización y la expropiación sin pago de los hidrocarburos en manos de las multinacionales petrolíferas, podrá ayudar a lograr una verdadera soberanía del país en materia energética. Para esto también hace falta que esta industria nacionalizada pase a control de los trabajadores a fin de crecer en función de las necesidades de las masas trabajadoras y un desarrollo nacional que apunte a desarrollar una política independiente. Por lo que habría que renacionalizar también las áreas del petróleo y a electricidad entregadas al capital privado nacional y extranjero.
Pero sólo la clase obrera organizada en un partido obrero revolucionario para tomar en sus manos el rumbo del país, puede cumplir esta tarea acaudillando tras de sí a la nación oprimida.