MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Historia del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres

Las hermanas Mirabal, fueron 3 mujeres originarias de Ojo de Agua, al norte de República Dominicana, pertenecientes a una familia de clase media alta. Desde fines de los años 50s formaron parte de la lucha, junto a sus esposos, contra la dictadura de Trujillo. Al caer presos estos, las 3 hermanas comienzan sus visitas a la cárcel al mismo tiempo de mantener la lucha, pero de camino a una visita el 25 de noviembre de 1960 Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las “mariposas”, fueron asesinadas por los campesinos sicarios de la dictadura y sus cuerpos fueron tirados a un pozo junto al chofer que las llevaba. Estos brutales asesinatos fueron parte de la ola de asesinatos que generaron el repudio nacional e internacional hacia el gobierno y aceleraron la caída del dictador.
En 1981 se realiza un Encuentro feminista en Bogotá, Colombia, y al final del mismo, con la asistencia de más de 200 mujeres y feministas delegadas, se instaura un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las asistentes dominicanas proponen que sea el 25 de noviembre día en que se recordaba en su país el asesinato a las hermanas Mirabal. En homenaje a estas mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Contra la Violencia hacia las Mujeres.

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En pocos meses, "guerra contra el narcotráfico" de Calderón sólo ha servido para agudizar la violencia en el país y con ello, la impunidad en la actuación de sus fuerzas policiales y militares. En esta situación, nuevamente las mujeres resultan mayormente perjudicadas, aumentando las detenciones arbitrarias o incluso violaciones y toda clase de vejaciones que son parte de los "operativos", como sucedió en la incursión militar y policíaca en el poblado de Xoxocotla, Morelos, donde mujeres indígenas denunciaron agresiones sexuales de los uniformados. (Cimac 10/10/08)
De esta manera, mientras delincuentes de cuello blanco, funcionarios, empresarios, políticos y líderes sindicales corruptos gozan de impunidad, cientos de presos y presas políticos son rehenes del gobierno contra la movilización social. Tal es el caso de Inés Rodolfo Cuellar, del FPDT de Atenco, quien fue condenada a casi 32 años de prisión. O el caso de Nancy Neri Mejía, quien es parte del movimiento magisterial en Morelos y fue detenida el 8 de octubre. Como ellas, decenas de mujeres en todo el país son violentadas en su libertad por el simple hecho de manifestarse. Ellas no son contempladas en la famosa Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, avalada por todos los grupos parlamentarios, la cual hace caso omiso de los derechos de las mujeres presas por motivos políticos, marginándolas de todo derecho humano.
Es claro que ninguna entidad federativa, ni de supuesto "apoyo a la mujer" va a arrancar a las compañeras de las cárceles. Por eso, la libertad de todos los presos políticos del país depende de que se haga efectivo un gran movimiento democrático a nivel nacional por su liberación, el cual tendría que ser encabezado por los sindicatos que se reclaman opositores al régimen y organizaciones de derechos humanos y democráticos, como el Frente Nacional contra la Represión.

¡Libertad, de forma inmediata e incondicional a todas las presas políticas!

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El caso de Dolores Tarín, uno de los miles de casos de violencia en México*
Dolores presentó en agosto de 2007 una denuncia en la Unidad de Atención Temprana de la PGJ del estado de Chihuahua por violencia familiar y amenazas de muerte contra su ex pareja Héctor Gabriel Rábago Andrade.
Su caso, como el de muchas otras mujeres que denuncian violencia familiar, fue remitido al Centro de Justicia Alternativa, donde se hacen “convenios” entre las víctimas y sus agresores para no llevar los casos a juicios.
Ahí, Dolores fue instada por la PGJ a “llegar a un acuerdo” de conciliación con su agresor, oficialmente hablando él se comprometió a “no agredirla a partir de ese día, no causar dificultades y llevar una relación de respeto, evitando agresión física o verbal”.
No obstante, en medio del proceso, éste la volvió a amenazar de muerte, pero el caso no avanzó más. En agosto de 2008, Dolores fue remitida a la Unidad de Atención a Víctimas del Delito y dijo a una psicóloga su ex pareja la buscó en su negocio junto a otros hombres y le rompieron los vidrios. Ella llamó a la Policía y los agentes se fueron tras calmar al hombre. En septiembre de 2008, Dolores fue agredida por dos hombres contratados por Héctor para matarla, la visitaron en su oficina con pretexto de buscar empleo, para apuñalarla por la espalda. Luego de una cirugía y permanecer hospitalizada, Dolores cerró su negocio y se mudó a Ciudad Juárez con su hermano. Pero hasta ahí llegaron los sicarios, que balearon la casa de su familia. Dolores y su familia pidieron vincular la investigación con los hechos anteriores, pero las autoridades se negaron.
En un informe presentado al Parlamento Europeo sobre violencia de género y feminicidio, se detalla cómo esta instancia ha solicitado medidas urgentes de protección a las víctimas de violencia familiar. Pero la respuesta de las autoridades, es que “si la policía se dedicara a cuidar a las víctimas de la violencia familiar, la ciudad se quedaría sin ese personal”. El procedimiento oficial es tras este tipo de denuncias, es primero la conciliación, y luego la remisión a juzgados familiares “a fin de que se realice el depósito de personas, es decir se endosa la responsabilidad de protección a las propias víctimas”. Por ello las mujeres acuden a defensores públicos donde abunda la negligencia y con nula perspectiva de género.
Para que la PGJ haga efectiva la protección contra una víctima de violencia de parte de su pareja, la persona debe presentar por ejemplo una demanda de divorcio o alguna otra controversia judicial y ¡si en diez días la mujer no presenta esta controversia pierde el derecho a ser protegidas!
También es obligatorio para la integración de un expediente un informe realizado por el área de psicología, que debe practicarse en unas instalaciones ubicadas fuera de la ciudad. Así por ejemplo, de 51 denuncias de violencia familiar, aunque la legislación del estado considera que este delito se persigue de oficio, el MP archivó 38.
Hoy el caso de Dolores Tarín es el primer juicio oral por tentativa de feminicidio que se realiza a partir de octubre en Chihuahua, 5 expertas en violencia de género deben descargar pruebas para demostrar que el caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio, es un delito de género.
La activista y abogada de Justicia para Nuestras Hijas, Adriana Carmona, peleo por que el caso de Dolores no fuera a juicio abreviado, como pidió el MP, pues éste es un minijuicio donde el juez solo con el inculpado, ofrece tras aceptar su culpa la pena más baja que es de 6 años, mientras el Código Penal estatal establece que cuando hay un homicidio agravante, donde la víctima es mujer, la pena va de los 30 a los 60 años.

De los casos de violencia contra la mujer:
72.73% de las agresiones son cotidianas
96.50% son casos de violencia verbal
12.49% llegan a tentativa de homicidio
11.42% llevan a la mujer a intento de suicidio

* Caso extraído de Cimac noticias

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¿Qué es la violencia?

Con pellizcos, empujones, bofetadas, puñetazos, patadas.
Con las manos, cuchillos, armas de fuego, artefactos domésticos o utensilios de cocina, cadenas, herramientas de trabajo.
Con insultos, gritos, críticas, burlas, desprecios, humillaciones.
Con gestos, indiferencia o celos excesivos.
Con el control de movimientos y horarios.
Con torturas.
Con el manejo del dinero y otros bienes.
Con prohibición para estudiar, trabajar, salir, visitar a amigos/as y familiares.
Con denuncias, con amenazas, con persecuciones.
Que la mayoría tengamos trabajos precarios, en negro y sin derechos.
Que nuestros salarios sean menores a los de los varones.
Que nos acosen sexualmente.
Que nos echen si quedamos embarazadas, o no respeten la licencia.
Que perdamos embarazos por las condiciones de trabajo.
Que tengamos que sobrevivir con subsidios de $150, siendo mayoría entre los más pobres.
Que tengamos que ser flacas, rubias, altas, blancas.
Que nos discriminen por dónde vivimos o por nuestro país de origen.
Que nos obliguen a ocultar nuestras identidades y opciones sexuales.
Que muramos o quedemos con graves secuelas por la clandestinidad del aborto.
Que podamos ser esclavizadas en redes de trata y prostitución.

La violencia hacia la mujer, un problema extendido bajo el capitalismo *

De tan milenaria, naturalizada; de tan extendida y cotidiana, invisibilizada; de tan cruel y sistemática, casi parece imposible enfrentarla y acabar con ella… así es la violencia que se ejerce sobre nosotras…

En México, como muchos otros países la violencia doméstica se denuncia poco, aún así las cifras son alarmantes, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia dentro de la casa, y por cada caso que sí se denuncia, se supone que existen por lo menos 3 más que la mujer calla. De cada 9 mujeres que acuden a consulta psicológica, 9 de ellas lo hacen por problemas derivados de violencia intrafamiliar.
Pero la violencia intrafamiliar no es un problema “doméstico”, América Latina y el Caribe registran los índices más altos de violencia contra las mujeres, que van desde violencia verbal, hasta el homicidio. El asesinato es el último eslabón de una cadena de múltiples formas de violencia: violaciones, abusos, maltratos, golpes, desprecio, humillación, son mucho más habituales de lo que podemos pensar.
Este tipo de violencia llevado a cabo muchas veces por las personas más cercanas a la víctima, se concreta en un entorno aparentemente privado, el de millones de familias, pero su soporte es una cadena social e institucional de tolerancia, donde a la mujer se le mantiene en una cadena de opresión, donde tiene que ser aceptada, corregida, guiada y supervisada de alguna manera siempre por un hombre y todo lo que se salga de ello se sale del “sentido común”.
También hay otras formas de violencia contra las mujeres, la ejercida por el estado capitalista y sus instituciones, están los impunes casos de mujeres violadas por militares, como en Veracruz, los casos de las abusos y violaciones a las mujeres detenidas por la policía en Atenco, la discoteca News Divine, Oaxaca, etc. La subordinación de la mujer impuesta por la Iglesia, la prohibición de derechos que condenan a la mujer a situaciones de inferioridad respecto a los varones, la falta de oportunidades para la educación y el trabajo, el pago de menor salario que recibimos por el mismo trabajo que realizan nuestros compañeros varones, el acoso sexual por parte de los patrones, jefes y gerentes que nos creen su propiedad, la esclavitud de las trabajadoras migrantes en talleres clandestinos y otras condiciones desiguales que sufrimos las trabajadoras, el secuestro de niñas y jóvenes por las redes de trata y prostitución, la utilización de la imagen de la mujer que nos reduce a ser un objeto sexual para el disfrute de terceros, sin tener en cuenta nuestros propios intereses, entre otros.
Sin embargo, aunque parezca habitual, este grado de subordinación no es algo natural, es el resultado del accionar de las distintas instituciones del Estado, que desde el origen de la opresión de las mujeres y las sociedades divididas en clases, han legitimado esta violencia. Tiene relación con la necesidad de mantener el orden en un sistema social que encuentra su fundamento en la explotación de millones de seres humanos por parte de una pequeña minoría parasitaria.
Desde el inicio del capitalismo, la existencia de la propiedad privada, defendida a través de la violencia por la clase dominante, contra las y los explotados, que condenó a las mujeres a ser un grupo subordinado socialmente.
Aunque haya quienes sostengan que esta violencia se reduce a determinados “sectores sociales”, que sus ejecutores deben ser considerados como “enfermos” o “locos”, que las víctimas han caído en esa situación “por algo”, que el amor “extremo” explica o justifica los celos posesivos y entonces se puede hablar de “crímenes pasionales”… lo cierto es que ninguno de estos casos ocurre aisladamente: la violencia sobre la mujer, sucede en una sociedad donde las mujeres ocupamos un rol subordinado, somos consideradas un mero objeto sexual, personas incapaces e inferiores, con menores derechos y libertades. Por ello sus consecuencias las sufren, más crudamente, las mujeres de las familias obreras y pobres.

* Partes de esta nota fueron extraídas de panyrosas.org.ar

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Explotación sexual en La Merced, quizá mayor que en Tailandia

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, planteó el mes pasado mes de septiembre, que en el barrio de La Merced de la Ciudad de México, se da un fenómeno de explotación sexual de mujeres menores de edad, mayor que el de Tailandia*, aún cuando esta ciudad es considerada como el paraíso mundial de la prostitución.
Esta violencia sexual contra menores es una brutal esclavitud y constante maltrato, con la tolerancia institucional, de la iglesia y el estado, que involucra a mafias organizadas que se enriquecen con la trata de personas, la explotación sexual, la pornografía y el secuestro de mujeres, niños y niñas. Mientras ellos nunca pierden, las víctimas adquieren el VIH** y otras enfermedades, sufren violencia constante por parte de los clientes o sus explotadores”, viven en situación de marginación y miseria, viven la represión policial.
Por ejemplo el gobierno del Distrito Federal, se ha ocupado de limpiar las calles de la ciudad de comerciantes, para satisfacer al turismo y empresarios del centro histórico, antes que acabar con los grupos que dirigen la prostitución y explotación infantil esta zona roja de la ciudad, pues grupos de derechos humanos manifiestan que no hay ni un avance en las denuncias levantadas en la PGJDF. Al tiempo que los gobiernos clericales panistas mantienen una tolerancia y protección a estos grupos.

* Según un estudio realizado por el Movimiento Internacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, (ECPAT).

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Mujer, madre y trabajadora de éxito: una ilusión de comercial de televisión

En México, 71.3% de las mujeres económicamente activas tiene hijos y el 28.7% no los tiene. El ingreso y la permanencia a un trabajo para la mujer, muchas veces esta condicionado a la prueba de embarazo, a pesar de la prohibición que existe para el patrón. En casi todas las maquiladoras y cientos de fábricas del país, esta prueba se solicita en medio del papeleo o durante la consulta médica de ingreso, aún en la Ciudad de México, tanto para el personal femenino en grandes fábricas, como en hospitales, como el Hospital Obregón.
La historia, en distintas formas, se repite, miles de trabajadoras son reconsideradas o despedidas a partir de que se sabe su estado civil, número de hijos o embarazo actual. Por lo que muchas empresas piden la prueba para “evitarse problemas” más tarde.
Es que no existe una política que permita a la mujer combinar el trabajo en casa y el cuidado de los hijos, con el trabajo asalariado. Para aquellas que logran tener un empleo formal, la licencia por embarazo es de 3 meses con goce de sueldo y si algún familiar no puede cuidar al hijo, deben dejar el trabajo al término de esta fecha. Así, las mujeres que pueden hacerlo, deciden postergar la llegada de los hijos, para así trabajar y las que no, viven múltiples complicaciones o deben entrar al empleo informal o venta a domicilio.
Por ejemplo tan sólo la industria maquiladora en el país cuenta con 2.8 millones de mujeres asalariadas, en Tijuana, el 55% de las mujeres económicamente activas trabaja en esta industria, sin derecho a guarderías y con servicios de salud deficientes y salarios que van de $500 a $1000 pesos semanales. Como ellas, miles de mujeres durante su jornada laboral, están pensando cómo estarán sus hijos y si se los están cuidando bien.

Desde niñas, las instituciones y los medios de comunicación nos bombardean con la idea de que como mujeres nos realizaremos plenamente al alcanzar la maternidad. Los comerciales en la televisión, muestran a madres realizadas y con tiempo para ser profesionistas exitosas. La Iglesia marca los ritmos de nuestra sexualidad, condenando las relaciones sexuales antes del matrimonio y las relaciones que no estén destinadas a la reproducción. Interrumpir un embarazo no deseado es condenado por el estado en muchos estados del país (excepto algunos estados y circunstancias). Con el ataque a la seguridad social, miles de mujeres quedan exentas del derecho a la salud y es cotidiano ver que una mujer embarazada no fue recibida en algún hospital por falta de cupo o por problemas administrativos. Los bajos salarios nos permiten apenas mantener a la familia, mucho menos pagar guarderías que el estado no garantiza.

Por guarderías gratuitas a cargo de la patronal y el estado en fábricas y establecimientos laborales durante las 24 horas
Por plenos derechos para las mujeres embarazadas
Por seguridad social para toda mujer trabajadora
Prohibición efectiva de toda prueba de embarazo en los trabajos

* Datos laborales extraídos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

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El aborto en el DF

Los derechos democráticos de millones de mujeres son pisoteados de muy diversas formas y esto tiene consecuencias fatales. El 59% de las y los mexicanos se manifiesta a favor de que las mujeres decidan libremente sobre la interrupción del embarazo (Consulta Mitofsky), esto es por que en México se realizan 850 mil abortos al año (según el Instituto Nacional de Perinatología) y 3 de cada 10 mujeres que se realicen un aborto clandestino, requerirán de atención en algún centro médico de urgencias por complicaciones médicas. La clandestinidad del aborto algunas la pagan con dinero y otras con la vida.
La mayoría de las mujeres muertas por abortos clandestinos son trabajadoras y pobres, que antes de llegar a esta difícil decisión ya consideraron tener al hijo, ante un escenario de falta de oportunidades para la mujer con hijos, sociales, laborales, educativas, de salud.
El aborto es la última decisión que quiere tomar cualquier mujer, por ello debe haber garantías del estado para la educación sexual oportuna y anticonceptivos gratuitos para todo aquel que los solicite.
Mientras tanto, el aborto debe ser legal para no morir y garantizado por el estado, por que la clandestinidad del aborto genera que las mujeres utilicen métodos caseros, clínicas sin regulación sanitaria donde la mujer debe acudir sola y sin saber que medicamentos se le aplican, practicantes sin titulo, gente sin estudios, ninguna regulación en precios, ni conocimiento de riesgos por el procedimiento, para que la mujer no termine pagando todo tipo de negligencias y abusos que ponen en riesgo su vida.
Es la mujer es quien debe abrir esta discusión para tomar la decisión sobre su derecho al embarazo y su interrupción en caso que así lo requiera, y es el estado quien debe ofrecer las garantías para que así sea, no es una decisión de la iglesia, ni de los sectores clericales y conservadores del gobierno. Y por eso también es fundamental la extensión de la ley actual sobre el aborto en el DF, sin las restricciones actuales, así como su extensión a todo el país.

Ni una muerta más por aborto clandestino
Por la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo
Por anticonceptivos gratuitos a quien los solicite
Por el aborto libre y gratuito, en condiciones sanitarias adecuadas y para toda mujer que lo solicite garantizado por el estado

Cifras en México:
100 mil abortos provocados al año
Un aborto cada 7.5 minutos
2.5 millones de mujeres se embarazan al año
Mil 250 mujeres morirán estando embarazadas o al mes de haber terminado su embarazo cada año
Hay 6.3 muertes por cada 10 mil nacimientos: 3 o 4 mujeres a diario.

Cifras en el DF desde que se aprobó la ley que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo residente de la Ciudad:
82% de las mujeres que se sometieron a una intervención de aborto, son católicas
50% tiene pareja estable
50% tiene estudios a nivel bachillerato y licenciatura
Más de 300 interrupciones de embarazo realizadas
La mayoría son mujeres entre los 20 y 24 años
Hubo menos de 10 casos de menores entre 10 y 14 años
40% son amas de casa
22.9% son estudiantes
17.1% son trabajadoras
71.4% no tiene seguridad social
15.7% tienen IMSS e ISSSTE
77% tenía menos de 9 semanas de gestación
10.7% contaba con 10 semanas de gestación
9.3% tenía 11 semanas
2.9% tenía 12 semanas, el límite permitido por la ley
47.9% tuvieron estancia hospitalaria de entre 24 y 48 hrs.
27.1% permaneció menos de 24 hrs.
25% requirió más de 48 hrs.
Ningún caso registró alguna complicación médica

* Datos de GIRE, Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados e INEGI.