MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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En el marco de una importante crisis de la economía cubana, que está sintiendo los efectos de la crisis capitalista internacional y de la continuidad del bloqueo imperialista, el presidente Raúl Castro anunció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una serie de medidas económicas, entre ellas, la reducción de la plantilla de empleados estatales, la construcción de complejos turísticos de lujo, la autorización para abrir pequeños negocios (la mayoría bajo la modalidad aplicada hasta ahora de alquilar los locales a sus empleados, aunque el Estado conserva la propiedad), y la posibilidad de emplear mano de obra.

El objetivo del gobierno cubano es reducir el abultado déficit fiscal mediante un ajuste que incluye el despido de 500.000 trabajadores del estado durante el primer trimestre de 2011 y la reubicación de estos trabajadores en actividades privadas, ya sea como cuentapropistas, cooperativistas o empleados. Con esta supuesta “reestructuración de la fuerza de trabajo”, a su vez, se van generando las condiciones para que se desarrolle un mercado laboral que aún no existe en la isla, a pesar de las reformas procapitalistas que, con distintos ritmos, se vienen introduciendo desde el período especial. A esto se suman los recortes presupuestarios y de subsidios que ya se vienen implementando como la eliminación paulatina de los comedores obreros y los recortes en la libreta de racionamiento. Estas medidas van acompañadas de un discurso reaccionario contra el “igualitarismo” y el “paternalismo estatal” como raíz de los males de la economía.

Estos anuncios ocurren poco tiempo después de que Raúl Castro decidiera liberar a 52 disidentes políticos detenidos durante la llamada “primavera negra” de 2003. La liberación de estos presos políticos fue parte de la negociación abierta con la Iglesia Católica y el Estado Español, tras la crisis desatada por la muerte del detenido Orlando Zapata Tamayo, seguida por la huelga de hambre del periodista opositor Guillermo Fariñas, hechos que fueron usados por Estados Unidos y la disidencia interna proimperialista para reforzar la presión sobre el régimen para avanzar hacia la restauración capitalista.

Ante la perspectiva de que la deteriorada salud de Fariñas precipitara una crisis interna y perjudicara aún más las relaciones internacionales del estado cubano, principalmente con el gobierno español que encabeza las negociaciones para que la Unión Europea (UE) abandone la llamada “posición común” de sanciones y restricciones comerciales a la isla, Raúl Castro decidió recurrir a los “oficios mediadores” de la Iglesia católica local, lo que encontró una buena respuesta por parte del arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega.

La Iglesia ha desarrollado una importante organización interna, con publicaciones y seminarios desde donde sus economistas exigen abiertamente “reformas estructurales”, y mantiene múltiples lazos con partidos cubanos capitalistas en el exilio y con los gobiernos imperialistas. Como en la década de 1980 lo hizo en Polonia, será un actor clave en cualquier plan de “transición” negociada con el régimen hacia una apertura capitalista gradual.

Estos cambios anunciados por el gobierno coincidieron con la reaparición pública de Fidel Castro después de cuatro años de ausencia y con sus declaraciones a un medio norteamericano de que el “modelo cubano no funciona más”, lo que fue interpretado como un apoyo de Fidel al rumbo tomado por su hermano, Raúl, y también una señal hacia los sectores del Partido Comunista Cubano (PCC) y la burocracia estatal, sobre todo aquellos ligados a los nuevos negocios, que estarían presionando por acelerar el avance hacia el capitalismo y que podrían desencadenar una lucha interna con consecuencias impredecibles para el régimen.

Desde hace cincuenta años el imperialismo norteamericano está tratando de derrotar la revolución cubana que aún simboliza la avanzada de la lucha contra la opresión y la explotación en todo el continente. Su defensa es parte indisoluble de la lucha de los trabajadores y las masas populares del continente contra el imperialismo, las decadentes burguesías locales y por la revolución social en toda América Latina.

Es una tarea de primer orden para quienes nos reivindicamos marxistas revolucionarios levantar un programa claro y una estrategia para derrotar los planes de restauración capitalista, ya sea que estos busquen imponerse por la vía de la “reacción democrática” alentada por el imperialismo, siguiendo el ejemplo de la ex URSS o los estados obreros deformados de Europa del Este; o bajo el control de la burocracia gobernante, pretendiendo emular el “modelo chino o vietnamita”.

Si la restauración del capitalismo en la ex URSS, Europa del Este y China reforzó la ofensiva neoliberal profundizando el retroceso de la clase obrera y la crisis de la perspectiva de la revolución socialista, el triunfo de la restauración capitalista en Cuba significaría, sin ninguna duda, una derrota de gran magnitud para los trabajadores, los campesinos y los sectores explotados de la región y abriría las puertas a una política más agresiva del imperialismo en toda América Latina. La defensa activa de las conquistas de la revolución cubana contra el imperialismo y los planes restauracionistas de la burocracia, significa nada menos que la lucha contra esta perspectiva.

Estados Unidos y la UE: las dos caras de la política imperialista para Cuba

El gobierno de Raúl Castro esperaba que el gesto de liberar a los detenidos inclinara la balanza a favor de levantar algunas restricciones en la exportación de alimentos y viajes a la isla que debe discutir el Congreso norteamericano o permitiera una flexibilización de la política dura de la Unión Europea. Sin embargo, nada de esto ha sucedido en lo inmediato aunque aún sea muy pronto para evaluar sus efectos.

Hasta el momento, la posición de Estados Unidos es presionar para que sigan los gestos de “buena voluntad” antes de considerar alguna medida que flexibilice el bloqueo.

El gobierno de Obama ha demostrado mantener a rajatabla lo central de la política imperialista que combina el ahogo económico por la vía del bloqueo con la exigencia de “apertura democrática” como forma de presión para la restauración del capitalismo, apoyado en la comunidad gusana de Miami. Esta es la política histórica de Estados Unidos después de que el fallido intento de invasión de Bahía de los Cochinos mostrara la inviabilidad de un ataque directo.

Al margen de algunas concesiones menores y parciales sobre el envío de remesas o los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos a la isla, Obama ha mantenido el bloqueo económico inhumano que EE.UU. aplica desde hace 50 años (incluyendo alimentos y medicinas) y que ya ocasionó perjuicios económicos calculados en más de 80.000 millones de dólares para Cuba.

Esta política de mantener el chantaje del bloqueo para exigir cambios políticos y económicos al gobierno cubano o, como plantean algunos sectores más duros, provocar un “cambio de régimen”, se inscribe en una estrategia más general de la administración demócrata de recomponer el poderío tradicional del imperialismo norteamericano en América Latina, que se vio debilitado durante los años de la presidencia de Bush con la derrota del proyecto del ALCA y la prioridad que le dio Estados Unidos a las guerras de Irak y Afganistán. Esta situación, junto con el aumento de precios de las materias primas que producen los países de la región, principalmente el petróleo, permitió que algunos gobiernos latinoamericanos intentaran tener mayor juego propio desde donde negociar su relación con el imperialismo. Este fue el caso de Chávez en Venezuela que avanzó con su proyecto del ALBA en algunos países de Centroamérica, región que de conjunto había permanecido alineada con Estados Unidos tanto en política exterior como en el terreno económico con el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de Centroamérica). Y también del gobierno de Lula que viene teniendo roces con Estados Unidos sobre temas de política exterior, aunque sin plantearse como alternativa ni revertir la posición subordinada de Brasil en la política mundial.

Este objetivo de Obama de recomponer el dominio imperialista en la región que históricamente ha sido considerada por Estados Unidos como su “patio trasero” se expresa en una política militarista más agresiva que incluye la instalación de siete nuevas bases militares norteamericanas en Colombia, la virtual ocupación de Haití después del terremoto, la hostilidad hacia Venezuela ejercida, a través de sus agentes como el gobierno colombiano, lo que se suma al apoyo al golpe en Honduras.

Ante la intransigencia norteamericana, no son pocos quienes presentan como alternativa favorable a Cuba, la política más “blanda” y “negociadora” de algunos países de la Unión Europea, en particular de España. Esto es una total falacia. La UE adoptó en diciembre de 1996 la llamada Posición Común que, es otra forma de chantaje y utilización de la presión económica para que el régimen cubano facilite la “liberalización económica” y la “apertura democrática”. Los intentos del gobierno español de Zapatero de que la UE cambie la Posición Común, responden a los intereses de los capitales españoles que tienen importantes negocios en la isla.

Aunque difieran en las tácticas, Estados Unidos, la Unión Europea y la Iglesia católica comparten la estrategia de restaurar el capitalismo en Cuba, volviendo al país a su estatus semicolonial anterior a la revolución de 1959.

La política de las burguesías latinoamericanas

A diferencia de la década de los ’90, los gobiernos latinoamericanos, a excepción de los más pronorteamericanos -como el de Colombia- mantienen buenas relaciones con Cuba y tienen sus propios planes de negociar con el régimen de Raúl para realizar inversiones beneficiosas para sus capitales, e ir incorporando a la isla a la estructura capitalista del continente. Parte de esa política fue la propuesta, rechazada por el propio régimen cubano, de readmitir a Cuba en la OEA, surgida en la cumbre de Trinidad en 2009.

Sus dos principales socios comerciales en el continente son Venezuela y Brasil. En el caso de Venezuela, Chávez viene subsidiando de hecho a la economía cubana a través del precio preferencial de petróleo y de la compra masiva de servicios profesionales, (principalmente médicos) que según algunos economistas está reportando ingresos en divisas similares a la actividad turística. A cambio, Chávez tiene condiciones de inversión privilegiadas en Cuba para PDVSA tanto en exploración como en refinación de crudo.

Por su parte, Lula viene cultivando una relación estrecha con los Castro que le ha reportado importantes negocios y representa una política de restauración: las empresas brasileras se convirtieron en los segundos exportadores de alimentos (detrás de Estados Unidos). En su visita de febrero de 2010, estas inversiones se ampliaron al sector hotelero y de infraestructura (reconstrucción del puerto Mariel y viviendas), en el agro, la industria farmacéutica y en el petróleo, un sector estratégico en el que viene invirtiendo Petrobras.

Los revolucionarios no nos oponemos a que el estado cubano mantenga relaciones económicas y diplomáticas beneficiosas con países como Venezuela o Brasil. Sin embargo, la política de la burocracia es crear ilusiones en los gobiernos “progresistas” latinoamericanos y confiar en sus alianzas en lugar de apoyarse en los explotados del continente. Incluso Fidel Castro, presenta el tibio nacionalismo burgués de Chávez y su supuesto “socialismo del siglo XXI” con los empresarios, como la herencia de la revolución cubana.

En verdad estos gobiernos son “amigos” del régimen cubano, pero enemigos de la revolución social y representan otra vía de la restauración capitalista.

La burocracia cubana y el “modelo vietnamita”

Aunque con un discurso “socialista” y “antiimperialista”, la burocracia gobernante reivindica desde hace años el llamado “modelo chino” o vietnamita, es decir, un programa de marchar hacia un proceso gradual de restauración capitalista bajo la dirección del PCC, y ya viene tomando medidas que van en ese sentido. Sin embargo, por varias razones parece muy difícil que el régimen cubano pueda seguir el camino de estos países asiáticos.

En primer lugar, a pesar de cierta desafección con las tradiciones revolucionarias, generadas por el dominio de la burocracia y reforzada por los años de reacción política e ideológica luego de la desaparición de la URSS, en Cuba aún subsiste una cierta conciencia igualitaria y un fuerte antiimperialismo, y no media una derrota como fue en China por el aplastamiento del levantamiento de Tiananmen en 1989.

En segundo lugar, a diferencia de China o Vietnam, ambos admitidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el imperialismo norteamericano mantiene una política de bloqueo económico, a lo que se suma la amenaza de la burguesía cubana exiliada en Miami, a escasos 140 km de Cuba, que aún reclama sus propiedades expropiadas por la revolución de 1959.

Estas aspiraciones de la burocracia gobernante, se muestran quiméricas cuando se toma en cuenta la diferencia de escala entre la economía cubana y la economía china -e incluso vietnamita, que absorbió una porción de la inversión extranjera en la década de 1990 y se transformó en una plataforma exportadora a los países asiáticos-.

China se benefició de su rol como proveedor de mano de obra barata, atrajo inversiones capitalistas y se ha transformado en una de las principales economías a nivel mundial. Los gobiernos que emprendieron la restauración capitalista en los ex países del “bloque socialista” de Europa del Este mostraban como perspectiva la incorporación a la Unión Europea, a la que finalmente fueron integrados como patio trasero de las principales economías, sobre todo de Alemania, y luego de unos pocos años de crecimiento hoy sufren las consecuencias de la crisis capitalista. Incluso Rusia donde la restauración capitalista significó una catástrofe social y una gran destrucción para el país, aún conserva un estatus de potencia regional y posee el segundo arsenal nuclear del mundo, detrás de Estados Unidos.

Las consecuencias de la restauración capitalista en Cuba serían aún más catastróficas, ya que, más allá de los ritmos, su destino inexorable será retroceder a los estándares de pobreza y marginación de los países semicoloniales del Caribe y Centroamérica, subordinados al imperialismo norteamericano.

¿Hasta dónde avanzó la burocracia con su programa de restauración gradual del capitalismo?

El análisis concreto de la economía cubana muestra que el ritmo de implementación de las medidas de apertura económica a la inversión capitalista no fue un proceso constante desde el inicio del llamado “período especial”. También muestra que, a pesar del curso restauracionista de la propia burocracia que no hace otra cosa que descomponer aún más las bases del estado obrero deformado, sería un error pensar que el capitalismo ya fue restaurado en la isla y que no queda ninguna conquista por defender, o peor aún, que nunca se trató de una economía de transición, como sostienen las teorías colectivistas burocráticas o capitalistas de estado. Si bien se ha legalizado la propiedad mixta en algunos sectores importantes de la economía, aún predomina la propiedad nacionalizada de los medios de producción, lo que entre otras cosas explica que hasta el momento, no ha sido posible recrear una clase explotadora local o restaurar las propiedades de los gusanos de Miami. Esta situación también se da en el sector agrícola, en el que la tierra aún se sigue manteniendo bajo propiedad estatal, lo que implica que las parcelas entregadas para el usufructo privado no pueden ser transferidas ni vendidas, lo que de ser así, llevaría a la concentración y al surgimiento de una burguesía terrateniente.

Estamos ante un proceso aún abierto, cuyos avances y retrocesos dependen no sólo de las condiciones internas de la isla, sino de elementos de la situación y la economía internacional como la política imperialista, el boom de las materias primas y la posterior crisis de la economía mundial, y sobre todo, de la relación de fuerzas más general en la región.

Desde este punto de vista, el proceso de restauración capitalista en Cuba avanzó durante la década de 1990, en el marco del auge neoliberal y un endurecimiento de la política norteamericana bajo las presidencias de Clinton, con la implementación de la llamada ley Helms-Burton. Este proceso se enlenteció a partir de 2003 e incluso se revirtieron algunas medidas, sin retroceder en lo central, lo que coincidió con la caída de los gobiernos neoliberales en América Latina producto de una tendencia a la acción directa que recorrió gran parte del continente y fue desviada por la emergencia de gobiernos burgueses autodenominados “progresistas”, por la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia y la consolidación del tibio nacionalismo burgués de Chávez en Venezuela.

Desde que Raúl sucedió a su hermano Fide, ha reafirmado el rumbo del régimen cubano de avanzar de manera gradual en la introducción de medidas capitalistas, anunciando la necesidad de implementar “cambios estructurales y de concepto” en la economía. Los últimos acontecimientos indican que una combinación de distintos factores, en el marco de la crisis de la economía mundial, puede precipitar este proceso. Entre estos podrían contarse: la desaparición de escena de Fidel Castro; la emergencia de una política más dialoguista por parte del imperialismo norteamericano y los gusanos de Miami, que le aseguren a la vieja guardia de la burocracia no tomar represalias judiciales por las expropiaciones y otros actos realizados en el curso de la revolución, y que se decidan a invertir capital, como lo hizo la burguesía china refugiada en Taiwán; un rol más claro de la Unión Europea, en particular del Estado Español, para facilitar esta política negociadora; y por último, aunque no menos importante, un impacto mayor de la crisis económica internacional que lleve a una situación de caos económico.

Los revolucionarios no nos oponemos por principios a que un estado obrero en circunstancias difíciles que ponen en peligro su propia existencia, o en una etapa de profunda reacción y restauración burguesa, como la que vivimos desde principios de la década de 1980, se vea obligado a hacer concesiones al capital, tal como hizo, por ejemplo, el estado obrero ruso bajo la dirección de Lenin durante la NEP. Sin embargo, cuando estas medidas son realizadas por una burocracia estatal privilegiada como la del PCC, que elogia el curso restauracionista seguido por los partidos comunistas chino y vietnamita, lejos de ser medidas de retroceso transitorio para garantizar la supervivencia de las bases no capitalistas del estado, socavan los pilares de la economía nacionalizada y crean beneficios adicionales para los funcionarios del régimen asociados con los nuevos negocios, que como en el caso de los ejecutivos miembros de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), forman una “protoclase” lista para transformarse en capitalistas ante un cambio en las condiciones políticas y económicas. Esto ya se empieza a ver en los casos de corrupción en altas esferas del régimen, que funciona como un medio de acumulación primitiva individual en base al robo, los privilegios y los sobornos derivados de la administración de la propiedad estatal.

Las reformas procapitalistas del “Período especial” (1989-2003)

Comparado con el resto de los países de Centroamérica y el Caribe o con las consecuencias nefastas de la ofensiva neoliberal en América Latina, que se continúan bajo los gobiernos denominados “progresistas”, Cuba sigue siendo una referencia para las masas de la región, sobre todo por sus conquistas materiales como la salud y la educación gratuitas. En gran medida, estas conquistas se explican porque, a pesar del régimen burocrático y de las concesiones al capital que se vienen realizando, el estado cubano aún se basa fundamentalmente en relaciones sociales no capitalistas.

Sin embargo, el prolongado dominio de la burocracia ha socavado de manera progresiva estas bases. Este proceso dio un salto sobre todo en las últimas dos décadas en las que el régimen viene tomando medidas más abiertamente procapitalistas.

Durante décadas la economía cubana, basada en el monocultivo de la caña de azúcar, fue altamente dependiente de los subsidios que recibía de la ex URSS y del comercio beneficioso con los países pertenecientes al CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) al que Cuba ingresó en 1972.

Esta dependencia quedó al descubierto luego de la desaparición de la Unión Soviética y el llamado “bloque socialista” entre 1989 y 1991. Con el fin de la ayuda soviética y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, Cuba sufrió la peor crisis económica de su historia, que alcanzó su punto máximo en 1993, con una caída del 35% del PBI. Esa situación crítica se prolongó hasta fines de la década, con un crecimiento promedio de -1,4%.

En el marco de esta crisis, y del aislamiento internacional en que había quedado Cuba con el reforzamiento de la ofensiva neoliberal y la consolidación de la restauración capitalista en el resto de los ex estados obreros burocratizados, el régimen de Fidel Castro puso en marcha, a principios de los años ‘90, un paquete de medidas económicas conocido como “período especial en tiempos de paz”. (Ver Eduardo Molina: “Cuba en la encrucijada”, Estrategia Internacional N° 20, septiembre 2003).

La reforma de la constitución de 1992 legalizó las empresas mixtas (asociadas con el capital extranjero) y la pequeña propiedad, debilitó los mecanismos de planificación económica y prácticamente desmanteló el monopolio del comercio exterior.

Mientras la economía se abría en ciertas áreas (como el turismo) al capital extranjero, se avanzó en la descentralización de gran parte del aparato productivo, quedando exclusivamente bajo la órbita de la planificación estatal y por fuera de la inversión extranjera privada los sectores de la economía no generadores de divisas, la salud, la educación y las empresas del área de defensa. Esta reforma implicó la liberalización de los controles sobre las empresas privadas, mixtas y entes estatales, que pasaron a operar prácticamente bajo su propia responsabilidad en las importaciones y exportaciones.

La planificación económica estuvo prácticamente suspendida entre 1990 y 1996, año en que gradualmente se empiezan a retomar elementos de planificación (Ver Y. Martínez Pérez: “El proceso de planificación empresarial en Cuba”, Universidad de Cienfugos, 2008).

Este curso se profundizó con la aprobación en 1995 de la Ley de Inversiones Extranjeras que reconocía los derechos de las empresas de repatriar las ganancias surgidas de la actividad económica en Cuba y les daba garantías contra posibles expropiaciones. Durante los primeros años del período especial, el grueso de las inversiones extranjeras, principalmente de origen español y canadiense, se concentraron en diversos sectores, sobre todo en el turismo y la minería.

En agosto de 1993 el gobierno despenalizó la tenencia de divisas tanto para la población como para las empresas. Con esta medida se estableció una dualidad monetaria con una dolarización parcial de la economía, sobre todo en la venta minorista, cuentas de ahorro y operaciones de las empresas, mientras que los salarios, las pensiones y los ahorros de la mayoría de la población se mantuvieron expresados en pesos cubanos. De esta manera, el gobierno buscó darle estabilidad a un sector de la economía ligado con la inversión extranjera que se percibía como uno de los motores de la recuperación económica.

La introducción de esta doble circulación monetaria puso de relieve las profundas diferencias sociales que se estaban gestando entre quienes estaban ligados a los sectores generadores de divisas, principalmente funcionarios del régimen, y la mayoría de la población que no tenía acceso al dólar (Ver Pavel Vidal Alejandro: “Los salarios, los precios y la dualidad monetaria”, Estudios Económicos Cubanos, 2008).

En 1997 se autorizó el establecimiento de zonas francas dentro de las cuales las empresas instaladas gozan de condiciones excepcionales en materia aduanera, laboral, migratoria, bancaria, tributaria y de comercio exterior. Esto introdujo enormes presiones para la reestructuración del conjunto de la economía hacia una inserción cada vez más dependiente y subordinada al mercado y a la dinámica del sistema capitalista imperialista.

A partir de 1998 se extendió el “Perfeccionamiento empresarial” que aplicaban las empresas de la órbita militar a las empresas estatales bajo control de las FAR, que desde entonces se fueron incorporando gradualmente al programa hasta rondar algo más del 30% a fines de 2008. Este plan implica una autonomía relativa de las empresas y la gestión en función de criterios de eficiencia y rentabilidad, incentivos individuales a los trabajadores (una emulación del estajanovismo soviético) y pago del salario por productividad (esto último se ha extendido al conjunto de la economía).

En el sector agrícola, se transfirió la explotación de una porción cada vez mayor de las tierras a cooperativas y agricultores individuales que disponen de manera privada de alrededor del 20% de su producción.

Aunque para evitar el caos social el gobierno estableció una cartilla de racionamiento de bienes mínimos a precios subsidiados, esta alcanzaba apenas a cubrir el consumo de 15 días. En este período se amplió considerablemente la brecha entre los funcionarios del régimen y sectores con acceso al dólar, y la mayoría del pueblo cubano que empezó a sufrir la escasez de bienes y servicios básicos, como alimentos, transportes y electricidad, además de ver caer drásticamente sus condiciones de vida.

De esta manera, como plantea J. Habel, “la dolarización ha modificado la jerarquía salarial anterior, bastante igualitaria” afectando sobre todo a los trabajadores del sector público, que comprenden alrededor del 80% de la fuerza de trabajo (“El castrismo después de Fidel, un ensayo general”, Viento Sur, mayo de 2008).

La recentralización de la economía

A partir de 2003, la economía cubana volvió a crecer en base a la exportación del níquel, principalmente a China. También se benefició de su relación con el ALBA recibiendo petróleo de Venezuela a precios subsidiados y aumentando la exportación a ese país de servicios profesionales, sobre todo médicos, que significaron un importante ingreso de divisas. De esa manera, Venezuela y China se transformaron en los principales socios comerciales de Cuba, con alrededor del 41% del comercio entre ambos, desplazando a España y Canadá. A su vez, la incorporación al ALBA permitió contrarrestar el aislamiento que impone la adhesión de los países vecinos de Centroamérica al CAFTA.

Con la recuperación del crecimiento económico, Fidel lanzó la llamada “batalla de las ideas”, período durante el cual, según el economista Mesa Lago, “recentralizó las decisiones económicas, desdolarizó la economía, creó una cuenta única en el Banco central de Cuba (BCC) para depositar todas las divisas y recortó el pequeño sector privado por cuenta propia (Ver Carmelo Mesa Lago: “La economía cubana en la encrucijada: el legado de Fidel, el debate sobre el cambio y las opciones de Raúl”, Real Instituto Elcano, 23-04-2008). La cantidad de empresas mixtas se redujo de 358 en el año 2000 a 250 en 2009, y con ella el volumen de la inversión extranjera directa.

Aunque no se revirtieron las medidas estructurales tomadas durante los años críticos del período especial, entre ellas la participación del capital extranjero en áreas estratégicas como la explotación del petróleo o el níquel, donde opera la multinacional canadiense Sherritt, la recentralización de la economía y la recuperación de un mayor control estatal, incluyendo un cierto nivel de planificación burocrática y la centralización estatal de las divisas, han impedido en estos años la generalización de las relaciones capitalistas y la creación de un mercado de trabajo, que es lo que está tratando de conseguir Raúl Castro con sus actuales reformas.

En el año 2003 se desdolarizó la economía y el dólar fue reemplazado por el CUC (la moneda cubana convertible que se usa para comprar divisas y para adquirir bienes de consumo importados en tiendas minoristas especiales). Esto le permitió al estado concentrar las divisas disponibles y controlar su asignación, lo que tiene consecuencias tanto en el plano interno como en las operaciones de comercio exterior.

En cuanto a la planificación, hubo un cierto restablecimiento de un plan económico para las empresas 100% cubanas, en el que intervienen el Ministerio de Economía y Planificación y el Banco Central. Esta relativa planificación burocrática combina las asignaciones del presupuesto estatal con decisiones de inversión que pasaron de los sectores no relacionados con la generación de divisas durante los años del período especial, a invertir en sectores de rápida generación de divisas y en la sustitución de importaciones, entre otros energía y biotecnología (Ver “Plan Económico Social 2010, Lineamientos de Presupuesto del Estado”, presentado por el ministro Murillo al Consejo de Estado y de Ministros). Sin embargo, la gestión burocrática de la economía, de la que están excluidos los trabajadores, es todo lo contrario de una planificación eficiente, como demuestran los pobres resultados de los planes económicos, orientándose hacia una planificación a nivel empresarial según criterios de productividad y rentabilidad, como se puede observar en la extensión del programa de perfeccionamiento empresarial.

La concentración de divisas implicó, de manera indirecta, una recentralización de la actividad económica y del comercio exterior, aunque esto no haya significado el restablecimiento pleno del monopolio del comercio exterior. En relación con este aspecto, el economista Mesa Lago plantea que “China rompió el control del comercio exterior por el ministerio central y devaluó la moneda para hacer sus exportaciones competitivas, mientras que Vietnam liberó la tasa de cambio y dejó que la moneda flotase con resultados similares. Por el contrario, en 2003 Cuba revirtió la descentralización modesta del comercio exterior de los años 90 y reconcentró el poder en el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central” (Carmelo Mesa Lago, op cit).

Este relativo control estatal se ejerce por medio de la asignación de divisas por parte de un Comité constituido a tal fin, integrado por el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación, a los distintos ministerios que luego distribuyen a las empresas estatales de su órbita, lo que se conoce como Capacidad de Liquidez.

El otro elemento relacionado con el sector externo de la economía es que la importación-exportación se hace a través de empresas autorizadas (estas son de 3 tipos: empresas estatales que son las importadoras de bienes de consumo para la población y para empresas privadas, mixtas o estatales sin licencia para importar; empresas estatales que tienen autorización para importar insumos para su actividad; y algunas empresas extranjeras que tienen licencia para importar). Además, los inversores extranjeros no pueden vender directamente en el mercado y tampoco contratar mano de obra cubana. Los trabajadores cubanos empleados por firmas extranjeras son contratados por una agencia nacional de empleo, que luego les provee esta mano de obra a las empresas. El negocio de la burocracia es que cobra los salarios de estos trabajadores en dólares y les paga en pesos cubanos (Ver Ley 77 de inversiones extranjeras).

Un mecanismo similar se ejerce sobre los médicos que van a trabajar al exterior, a quienes el estado les retiene una parte significativa de su salario.

Estas medidas de recentralización no han significado una mejora en la condiciones de vida de la gran mayoría de la población. A pesar de la prohibición de la circulación del dólar, sigue existiendo una dualidad monetaria: el peso cubano devaluado, en el que cobra su salario la mayoría de los trabajadores y campesinos, y el CUC, el peso convertible que tiene un valor 24 veces superior a la moneda nacional y al que sólo tienen acceso los funcionarios del régimen y los sectores ligados al turismo o quienes reciben remesas de sus familiares en el exterior.

Esto está generando una situación potencialmente explosiva: mientras el gobierno amplió las concesiones a los sectores que acceden al CUC, liberalizando la compra de bienes importados, como DVD o teléfonos celulares, y permitiendo el uso de complejos hoteleros reservados al turismo externo, la mayoría de la población no puede acceder con sus salarios a los bienes básicos que no están incluidos en la libreta de racionamiento que provee el Estado, cuyos precios están expresados en CUC.

Las medidas de Raúl y la crisis económica

El gobierno de Raúl Castro viene impulsando una serie de medidas de austeridad, entre ellas, ligar los salarios a la productividad, subir la edad jubilatoria (a excepción de los integrantes de las FAR) y recortar conquistas históricas, como los comedores o el subsidio a los desocupados, consideradas “irracionales”, todo esto justificado con un discurso reaccionario que busca sustituir la idea de “igualitarismo” que acompañó la revolución, con el criterio del “esfuerzo individual”.

En el campo, estas medidas de “eficiencia” llevaron a ampliar la concesión del usufructo privado de la tierra a cooperativas y campesinos individuales (que alcanza al 77% de las tierras cultivadas) y a otorgar ciertos incentivos, como subir el precio que paga el Estado por los productos del agro. De esta manera, alentando el enriquecimiento individual, el gobierno espera aumentar la producción de bienes alimentarios básicos, que Cuba hoy está obligada a importar.

La medida más antigua fue la transformación de granjas estatales en unidades cooperativas y en los últimos años estas medidas se extendieron al usufructo privado, que según algunos estudios llega casi a un millón de hectáreas a 100.000 beneficiarios. Pero esta contrarreforma agraria aún es limitada: las concesiones no pueden superar las 40 hectáreas por usufructuario, el usufructo tiene un plazo de 10 años (aunque prorrogable) y el estado mantiene el control de semillas, fertilizantes y de la comercialización final por medio de la empresa nacional de acopio, a la que los productores deben entregar el 70% de la producción a precios fijados por el gobierno, quedando sólo el 30% para la comercialización privada (Ver Armando Novoa, citado en “Los cambios estructurales e institucionales”, Boletín Cuatrimestral del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Abril 2010).

Desde el paso de los huracanes en 2008, que arrasaron con gran parte de las cosechas y de la red de infraestructura en la isla, la burocracia estableció una serie de restricciones a la distribución de alimentos y productos agropecuarios, privilegiando las ramas de exportación, lo que redujo las cuotas de consumo de la población, aplicando una política de racionamiento. En contrapartida, el gobierno fue obligado a intervenir en los mercados de libre formación de precios, para evitar que el desequilibrio entre la oferta y la demanda llevara a una inflación en los precios. La oferta cayó y los precios quedaron por debajo de los costos de producción, acopio y distribución. El resultado fue que los mercados en los últimos años están sufriendo un gran desabastecimiento de artículos de primera necesidad para la población. Ante esta situación, es cada vez mayor la presión a avanzar en medidas procapitalistas, como la introducción de la propiedad privada de la tierra y una mayor liberalización de los mercados agropecuarios, que les permita a los productores buscar mejores precios en los mercados externos.

El sistema de la burocracia para el agro es blanco para la propaganda de la “ineficiencia estatal”, para demostrar que el estado no puede pretender gestionar el conjunto de la economía y que hay que dar un margen mayor a la actividad privada.

La crisis económica internacional que estalló con la caída de Lehman Brothers está afectando seriamente la economía de la isla. Según las estadísticas oficiales, la economía creció sólo el 1,4% en 2009 (comparado con el 4,1% en 2008), mientras que la CEPAL estima que el crecimiento fue del 1%. Una combinación de factores explican estos índices, entre ellos, la caída del 40% del precio internacional del níquel (la principal exportación de Cuba); la disminución del 23% de las exportaciones (según la ONE el volumen del comercio exterior se contrajo un 37% en 2009); una caída del 11,7% en el ingreso de divisas por la actividad turística, debido a la recesión mundial; la caída del 2% en la producción industrial; el pobre desempeño en la zafra azucarera (la peor cosecha de las últimas décadas, cayó de 8 millones de toneladas en 1990 a sólo un millón actualmente), lo que impidió beneficiarse del alza del precio del azúcar (datos de la ONE y la CEPAL, citados por Carmelo Mesa-Lago en “La crisis global, sus efectos en Cuba en 2009 y perspectivas para 2010”, enero de 2010).

A su vez, Cuba sigue obligada a importar alrededor del 80% de los alimentos básicos, principalmente a empresas norteamericanas, ya que por la magnitud del negocio es la única área donde el bloqueo no es tan estricto. Sin embargo, este acceso a bienes norteamericanos es muy perjudicial para Cuba que está obligada a pagar al contado sus importaciones.

Si bien el crecimiento reportado durante 2009 ubica a Cuba por encima de los índices negativos que registraron la mayoría de los países de la región en ese año, la contracción brusca de la economía ha tenido (y sigue teniendo) importantes consecuencias. A esto se suma que la asistencia que recibe el régimen cubano de Venezuela, no sólo depende de los vaivenes del precio del petróleo, sino de que Hugo Chávez se mantenga en el poder, ya que de darse un cambio político en Venezuela, esa ayuda vital, como antes habían sido los subsidios de la Unión Soviética, desaparecería, lo que podría precipitar el caos económico y una situación incluso más crítica que la que llevó a la implementación del período especial.

La primera medida drástica que adoptó el gobierno es la reducción de 500.000 empleos estatales durante el primer trimestre de 2011 y la legalización de formas de empleo privada y actividades por cuenta propia.

En cuanto a la eliminación de la dualidad monetaria, que figura entre las medidas a tomar por el gobierno de Raúl, parece aún difícil de implementar. No sólo existen dos monedas sino que también hay diversas tasas de cambio entre el peso cubano y el CUC.

Mientras que para la población esta es de 24 pesos cubanos por 1 CUC, para las empresas que operan en pesos no convertibles, el valor del peso cubano es 1 a 1 con el CUC, y sobre esa base sobrevaluada se calculan sus balances.

Como reconocen varios economistas cubanos, la unificación monetaria exigiría ciertas “reformas de mercado”, en primer lugar una devaluación del tipo de cambio oficial, con lo que “se deflactarían las cuentas corrientes en pesos cubanos de las empresas, es decir, se reduciría su poder adquisitivo en términos de divisas” lo que inevitablemente llevará a pérdidas y quiebras dado que el tipo de cambio que expresa la relación con las divisas es de 1=24. (Pavel Vidal Alejandro: “La Dualidad Monetaria y la Política Cambiaria de Cuba”, Estudios Económicos Cubanos, 2009. Ver también Antonio M. Ruiz Cruz: “La dualidad monetaria en Cuba: principales problemas asociados y perspectivas”, Observatorio de la Economía Latinoamericana, N° 117, 2009; Pavel Vidal Alejandro: “Redimensionando la dualidad monetaria”; P. Grogg: “Dualidad monetaria sigue en discusión”).

Las FAR como avanzada de la restauración capitalista

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la institución más sólida y mejor organizada del estado que goza de gran prestigio entre la población, vienen jugando un papel clave en la economía desde la década de 1980. La relevancia de las FAR en la dirección empresarial dio un salto durante el período especial y se reforzó con la llegada de Raúl Castro al gobierno. Estos militares directores de empresa, tanto retirados como en actividad, reciben su formación en empresas y unidades académicas de los grandes centros imperialistas, donde adquirieron criterios capitalistas de rendimiento y productividad. Manteniendo su lealtad al liderazgo de los hermanos Castro, las FAR se han transformado en el principal agente de la restauración capitalista.

Desde hace al menos dos décadas, los altos miembros del ejército vienen ocupando puestos de dirección en una gran cantidad de empresas ligadas al mercado mundial.

Según los datos oficiales, dirigirían más de 850 empresas de sectores estratégicos de la economía, que abarcan desde el azúcar y la agricultura hasta el turismo y las industrias básicas, lo que les confiere el control de alrededor del 65% de las divisas que ingresan al país. Esta administración está organizada en torno al grupo GAESA (Grupo de Administración Empresarial) y entre sus negocios están el complejo empresarial turístico Gaviota, la distribución del gas, la minería, la aviación y el sector agropecuario. Esto les permitió establecer relaciones estrechas con sus socios capitalistas extranjeros y acumular fortunas con los nuevos negocios derivados de la apertura económica, además de acceder a privilegios como artículos de consumo y alimentos importados en tiendas especiales o atención médica diferenciada, mejores casas, uso de vehículos del estado, cuentas en el exterior, entre otros.

Por este papel en la economía y en el comercio exterior, los altos mandos de las FAR y sus miembros vinculados a estas actividades están en una posición inmejorable para alzarse con la mayor tajada y pasar de ser administradores a propietarios de los medios de producción, asociados con el capital extranjero.

Divisiones y corrupción en las filas de la burocracia

Esta situación además de generar malestar viene dando lugar desde hace años al florecimiento de un mercado y una economía en negro, que funciona con la moneda convertible. La política de “apertura económica” que viene impulsando el gobierno de Raúl amplió la brecha social y está generando un sordo descontento que se manifiesta en la apatía obrera frente al trabajo y la crítica cada vez mayor de distintos personajes ligados al régimen, al mismo tiempo que prosperan sectores privilegiados entre las capas medias de la sociedad y la burocracia gobernante, que preferirían liberarse del control estatal.

Esto se expresa en un nivel de corrupción sin precedentes entre funcionarios del régimen, denunciada por algunos intelectuales cubanos, que describen la situación en las filas del régimen como un “sálvese quien pueda”. Como afirmó Esteban Morales, director emérito del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, algunos sectores de la burocracia se estarían “apalancando financieramente, para cuando la Revolución se caiga”, mientras que otros “pueden tener casi todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como tuvo lugar en la antigua URSS”, Morales que fue expulsado recientemente del PCC por esta denuncia de corrupción y robo de la propiedad estatal en las altas esferas de la burocracia, plantea la hipótesis de que estos sectores, que ocupan el mismo puesto desde hace años, “pueden estar recibiendo comisiones y abriéndose cuentas bancarias en otros países.” (E. Morales Domínguez: “La corrupción ¿la verdadera contrarrevolución?”, UNEAC, 9 de abril de 2010). Esta hipótesis se basa en uno de los casos más recientes de corrupción en el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, que terminó con la destitución de su director, el general Rogelio Acevedo, que pertenece a la vieja guardia de la Sierra Maestra. Posterior a este caso, estalló otro gran escándalo en la empresa mixta Alimentos Río Zaza en el que están implicado el empresario chileno Max Marambio, un ex militante del MIR y guardia de Salvador Allende, y varios funcionarios y directivos, acusados de sobornos, malversación y desvío de fondos al exterior.

La agudización de los problemas económicos, el surgimiento de capas privilegiadas con intereses propios, la emergencia de una oposición que plantea ir a un régimen de democracia burguesa, entre otros factores, abrieron una crisis en el régimen que, aunque contenida, se expresa al interior del PCC. Raúl Castro sigue postergando la realización del Congreso del PCC, que debía hacerse en 2002 (el último fue el V Congreso realizado en 1997) en el que se debía discutir el rumbo a seguir, por temor a que estalle públicamente la lucha sorda de camarillas que ya nadie puede negar. Estas pujas internas salieron a luz con la purga realizada a comienzos de 2009, que culminó con la destitución de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, dos figuras clave de la llamada “nueva generación” ligadas a Fidel Castro, acusados de haber tenido una “actitud indigna” durante su desempeño en puestos estatales (acusados después de lazos con los servicios secretos españoles, un cargo no demostrado).

Esta situación ha establecido una “doble moral” en la que el gobierno ataca en su discurso a los trabajadores “que viven del estado” y busca mejorar con medidas productivistas la “disciplina laboral y social”; mientras que garantiza los privilegios materiales de la burocracia estatal y tolera la corrupción y el enriquecimiento de los funcionarios del régimen y de los miembros de las FAR y las maniobras de supervivencia de capas medias, que buscan la manera de aumentar sus ingresos en el mercado negro y la economía informal. Esta doble moral, que se inicia en el seno mismo de la burocracia y se extiende a la sociedad, corroe las reservas subjetivas para enfrentar los planes restauracionistas.

La capitulación “por izquierda” a la restauración capitalista en Cuba

El destino de la revolución cubana divide aguas en la izquierda latinoamericana y mundial. Por un lado, los sectores populistas y los débiles partidos comunistas del continente, confundiendo la defensa de las conquistas de la revolución con la defensa incondicional de la burocracia gobernante, mantienen una posición de apoyo acrítico al régimen cubano y justifican todas las medidas que toma el gobierno, sin siquiera asumir que la propia burocracia, en particular las FAR, constituye la principal fuerza interna de la restauración capitalista. En ese sentido, estos “amigos de Cuba” juegan un rol similar a los que Trotsky llamaba los “amigos de la URSS”.

Esta izquierda populista apela al viejo argumento de que cualquier crítica al gobierno de Raúl “le hace el juego a la derecha y al imperialismo” para obturar toda discusión seria sobre el futuro de la revolución cubana, tanto al interior de la isla, donde son partidarios del régimen de partido único, como en el resto del continente.

Aunque estemos dispuestos a la unidad de acción contra el imperialismo y en defensa de las conquistas de la revolución con todo aquél que diga defenderlas, estas corrientes están repitiendo la misma política nefasta que las llevaron a sostener durante décadas a la burocracia estalinista de la URSS, la ex RDA y Europa del Este como los “representantes del socialismo”, los mismos que no dudaron en transformarse en capitalistas y “nuevos ricos” por medio del robo y el saqueo de la propiedad pública.

En el extremo opuesto, se ubican las corrientes socialdemócratas y los intelectuales liberales que consideran que el principal problema que enfrenta el pueblo cubano no es el imperialismo y el peligro de la restauración capitalista, sino la necesidad de un cambio de régimen basado en libertades democráticas formales, y en consecuencia se hacen eco de la campaña demagógica por los “derechos humanos” y la “democracia” lanzada por el imperialismo.

A la rastra de esta posición se ubican algunas organizaciones que se reclaman trotskistas como la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) y su principal organización el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) de Brasil, que plantea que en Cuba el eje es la “lucha frontal contra la dictadura” y reclama abiertamente libertades democráticas para todas las corrientes, incluidas las burguesas. El Partido Obrero de Argentina, ante la crisis abierta por la muerte de Tamayo, ha cedido a esta línea “democratizante”, exigiendo al gobierno cubano la apertura de los centros de detención a la “inspección humanitaria internacional”, nada menos que una de las excusas que usa el imperialismo para encubrir su injerencia (Prensa Obrera 1120, 18-310), aunque después haya abandonado este reclamo sin dar ninguna explicación.

La LIT sostiene no sólo que en Cuba se ha restaurado el capitalismo con las reformas constitucionales introducidas a comienzos de la década de 1990, y que no quedan conquistas que defender, sino que incluso esto se ha llevado a cabo sin que se entere la burguesía cubana en el exilio en Miami y sin que surja una nueva clase explotadora nacional, ya que Cuba se habría transformado en una semicolonia del capital español y canadiense. Coherente con esta teoría disparatada, la LIT define al régimen cubano como una “dictadura capitalista” o “burguesa” del PCC (sic), para la que habría que tener la misma política que si se tratara, por ejemplo, de la dictadura de Videla y otras dictaduras del Cono Sur de la década de 1970 (ver “Frente a la muerte de Orlando Zapata Tamayo y las libertades en Cuba”, 18-03-2010, disponible en www.litci.org), y llama a derrocarla mediante los métodos de la “revolución democrática”, es decir con un programa mínimo de libertades democráticas generales.

Esta política ubica a la LIT en un frente único con el gobierno de Obama, los gusanos de Miami, la iglesia y los “disidentes” internos, y significa una capitulación escandalosa a una de las vías probables de la restauración capitalista: la contrarrevolución democrática.

Pero para la LIT esto ya forma parte de su tradición política. Durante los procesos antiburocráticos de 1989 que culminaron con la caída de los regímenes estalinistas, la LIT sostenía que había triunfado una primera etapa democrática, a la que llamaba “febrero”, caracterizada por un frente único de todos los que estaban contra la burocracia, independientemente de si su programa era procapitalista, a la que supuestamente le iba a seguir el “octubre”, una segunda etapa de revolución obrera. Esta teoría etapista se demostró completamente falsa. Sin un programa de revolución política, los levantamientos de 1989 terminaron en una gran derrota histórica y llevaron a la restauración del capitalismo. Pero la LIT no se rinde ante la evidencia y reformuló su teoría para mantener lo esencial: ahora afirma que la restauración capitalista ya se había consumado en la ex URSS en 1985 y que las revoluciones de 1989 fueron “anticapitalistas” y triunfaron porque frenaron los planes de terapia de shock de la restauración (¡sic!). De esta manera, sigue sin admitir la profunda crisis que significó la restauración capitalista. Ahora repite esto para Cuba y justifica su política claudicante y liquidacionista de las conquistas que aún se conservan de la revolución con el argumento de que el capitalismo ya está restaurado y que de lo que se trata es de derribar la “dictadura capitalista” del PCC, incluso junto con los gusanos y la “disidencia” financiada por Washington.

Contra estas dos posiciones que llevan por distintas vías a apoyar a los diferentes agentes de la restauración capitalista, los marxistas revolucionarios luchamos por una revolución política que cree las bases de un estado obrero revolucionario y llamamos a los trabajadores y las masas populares de la región a luchar contra el bloqueo imperialista y a defender con este programa las conquistas de la revolución cubana.

Un programa para defender y extender las conquistas de la revolución

Si a principios de la década de 1990 la restauración del capitalismo en la ex URSS, Europa del Este y China reforzó la ofensiva neoliberal profundizando el retroceso de la capacidad de organización y lucha de la clase obrera y la crisis de la perspectiva de la revolución social, el triunfo de la restauración capitalista en Cuba significaría sin ninguna duda una derrota de gran magnitud para los trabajadores, los campesinos y los sectores explotados de la región y abrirá las puertas a una política más agresiva del imperialismo en toda América Latina.

La única forma de evitar la esta perspectiva es luchar por una revolución política encabezada por los trabajadores, en alianza con los campesinos y sectores populares, que partiendo de la defensa de las conquistas de la revolución, derrote el bloqueo imperialista y ponga fin a la burocracia y sus privilegios. Esta revolución está íntimamente relacionada con las perspectivas de la revolución social en todo el continente.

Los revolucionarios no podemos dejar que el imperialismo, los gusanos y la disidencia pro capitalista, como la de las Damas de Blanco, usurpen demagógicamente las banderas de los derechos humanos y de la situación de los llamados “presos políticos” para sus fines reaccionarios. Contra los abusos y acusaciones arbitrarias del régimen castrista, nos pronunciamos por la conformación de comisiones obreras y campesinas independientes y por la libertad de aquellos presos políticos que no estén vinculados con actos de terrorismo o apadrinados por la CIA, sin ningún tipo de solidaridad con sus posiciones políticas. A la vez nos pronunciamos por la libertad inmediata de los cinco cubanos presos en Estados Unidos, que el imperialismo usa como rehenes y parte de su chantaje.

El régimen de partido único implica que no puede existir otra organización política legal más que el Partido Comunista ni organizaciones sindicales o sociales que no sean las afines al aparato partidario. De esta forma se prohíbe cualquier tipo de organización independiente de los trabajadores, mientras da vía libre para que se organice la Iglesia católica que no es más que la avanzada de la restauración capitalista, un papel que ya cumplió con creces en la Polonia de los años ’80, donde después de contribuir durante décadas con el régimen burocrático a mantener las condiciones de opresión de los trabajadores, fue uno de los pilares de la restauración.

La dirección oficial de la central sindical, la CTC, es la encargada de que los trabajadores acepten las condiciones impuestas por la burocracia. Incluso llegó al colmo de ser la encargada de anunciar el plan de reducción de la plantilla estatal en un comunicado público. en el que reproduce los conceptos del régimen hostiles a los trabajadores y a la tradición igualitaria que acompañó a la revolución cubana.

Los revolucionarios luchamos por el pleno derecho de reunión, expresión y organización sindical de los trabajadores cubanos, imprescindible para enfrentar este ataque a las condiciones de vida y empleo. La experiencia de Solidaridad en Polonia en 1980-81, mostró que los sindicatos pueden jugar un rol central en la organización de la lucha de la clase obrera para enfrentar las medidas de la burocracia gobernante, pero que también pueden tener una dirección partidaria de la restauración capitalista, aunque su programa se presente bajo la forma de autogestión obrera como alternativa a la planificación burocrática.

Incluso al interior del PCC han surgido sectores críticos de la burocracia que ven como salida la autogestión empresarial y la introducción de ciertas medidas de mercado como corrección a los problemas económicos, recreado en cierto sentido un programa similar al de la perestroika rusa.

Sin embargo, este programa autogestionario en lugar de democratizar las relaciones de producción, socava los mecanismos de planificación y alienta el desarrollo de la competencia y las tendencias capitalistas de la acumulación por parte de los directores y gerentes de las empresas en detrimento de la organización de la economía de conjunto, lo que finalmente lejos de facilitar el control de los trabajadores sobre la producción, termina favoreciendo a los sectores restauracionistas de la burocracia.

Por eso es necesario pelear en los sindicatos y en los organismos de autodeterminación obrera y popular que eventualmente surjan en el curso de la lucha, por un programa que parta de la defensa de la nacionalización y centralización de los principales de los medios de producción como condición para enfrentar la restauración del capitalismo y planificar democráticamente la economía.

Contra el régimen burocrático de partido único y contra el programa de establecer una democracia burguesa parlamentaria, luchamos por tirar abajo el régimen burocrático y establecer un estado obrero revolucionario basado en consejos de trabajadores, campesinos y soldados, y por la plena legalidad para los partidos que defiendan las conquistas de la revolución y los que se reivindiquen anticapitalistas.

La primera tarea de estos consejos de obreros, campesinos y soldados, apoyados en milicias populares, es revertir las medidas de ajuste, como los despidos y los recortes de beneficios como los comedores obreros, revisar de manera exhaustiva y radical las medidas adoptadas durante el “período especial” y el gobierno de Raúl, incluyendo las concesiones al capital extranjero, y reencauzar la economía en beneficio de los intereses de la revolución y de los trabajadores, los campesinos y las masas populares cubanas, estableciendo una planificación democrática de la economía.

Para esto es indispensable el control obrero de la producción y de las empresas, hoy en manos de la burocracia y los altos mandos de las FAR; terminar con los privilegios de funcionarios estatales y toda la burocracia, permitiendo así un aumento general del salario obrero que, junto a la eliminación de la dualidad monetaria, disminuya las desigualdades sociales; y recuperar plenamente el monopolio del comercio exterior, seriamente socavado durante las últimas décadas, para contrarrestar las fuertes presiones del mercado mundial capitalista.

Para llevar a cabo este programa es necesaria la construcción de un partido obrero revolucionario internacionalista, es decir trotskista, que enfrente todas las falsas opciones que se le presentan al proletariado cubano tanto desde el imperialismo como de la propia burocracia gobernante.

El Partido Comunista Cubano confía en la negociación y los buenos oficios de los “gobiernos amigos”, como el gobierno capitalista de Lula o el de Chávez y apuesta a que el gobierno de Obama termine abriendo un canal de diálogo para negociar el levantamiento del bloqueo a cambio de la introducción gradual de “reformas” procapitalistas. Nos pronunciamos contra todo diálogo o negociación con los gusanos y el imperialismo. Frente a esta política que llevará a la derrota decimos que los aliados del pueblo cubano en su lucha contra el imperialismo y el bloqueo son los trabajadores y campesinos de América Latina y no las burguesías cipayas de la región, socias menores del imperialismo. Llamamos a las masas explotadas y oprimidas latinoamericanas y de todo el mundo a expresar su solidaridad activa con el pueblo cubano contra el imperialismo y los intentos de restauración capitalista, para que Cuba vuelva a ser una inspiración de lucha en todo el continente y se transforme en un motor del combate por la revolución socialista internacional.

Anexo

Una vez más sobre el carácter de la revolución cubana

La revolución de 1959 despertó el entusiasmo y la simpatía de los trabajadores, los campesinos, los jóvenes y los oprimidos en América latina y el mundo. Significó la conquista del primer estado obrero del continente a escasos kilómetros del imperialismo norteamericano.

Tras la derrota de la rebelión obrera de la década de 1930 y la política colaboracionista con la dictadura del partido estalinista, la dirección política de la lucha contra la dictadura de Batista, iniciada con la toma fallida del cuartel Moncada, fue hegemonizada por el M26 y la guerrilla, cuyo programa era el de una “revolución democrática” y la conciliación con la burguesía y no el establecimiento de un estado obrero basado en el autogobierno de las masas a través de órganos de tipo soviético.

Eso explica que sólo después de la fallida invasión de Bahía de los Cochinos, armada por la CIA en 1961, Fidel Castro haya declarado a Cuba un “estado socialista” y que el estado obrero cubano haya nacido burocráticamente deformado, con un régimen basado no en órganos de democracia obrera sino en el aparato del Ejército Rebelde y el M26, y luego en el Partido Comunista Cubano.

A comienzos de la década de 1960, luego de un prolongado proceso de luchas internas y purgas de dirigentes provenientes del viejo PSP y del Movimiento 26 de Julio, Fidel Castro consolidó su hegemonía dentro del partido que en 1965 adoptará el nombre de Partido Comunista. Desde entonces, el PCC monopolizó el dominio del estado, estableciendo una dictadura bonapartista, un régimen de partido único que prohibió toda organización que escapara de su control, ya sea sindical, social o política, y desarrolló una estricta vigilancia ideológica y política sobre la población, por medio de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), devenidos órganos tutelares al servicio del régimen y de aparatos de seguridad estatales.

La burocracia gobernante se fue consolidando como una capa con privilegios materiales, surgidos del control del aparato del estado.

Luego de algunas diferencias iniciales, sobre todo tras la crisis de los misiles, Fidel Castro se alineó completamente con la política exterior de la Unión Soviética. Cuba estableció una relación de dependencia económica con la ex URSS que si bien le permitía sostenerse y resistir el bloqueo y la política norteamericana que buscaba aislarla de América Latina, reforzó una estructura productiva basada en el monocultivo de la caña de azúcar.

El régimen cubano terminó copiando el modelo de partido único de la burocracia estalinista soviética y adoptando su estrategia de “socialismo en un solo país”.

La subordinación del régimen cubano a Moscú se fortaleció con la muerte del Che Guevara e incluyó el apoyo de Fidel a la entrada de los tanques rusos que reprimieron a sangre y fuego la “primavera de Praga” en 1968 o el golpe contra Solidaridad en Polonia en 1981.

En América Latina, el seguidismo a la política de la URSS que impulsaba la política de “coexistencia pacífica” y la conciliación de clases con la burguesía, significó por ejemplo, adherir a la llamada “vía pacífica al socialismo”, que llevó a la derrota al proceso revolucionario en Chile; o apoyar el proceso contrarrevolucionario de “pacificación” yanqui en Centroamérica en los años ’80 a través del cual se liquidó el proceso revolucionario en esa región. De esta manera, aunque la revolución cubana despertaba y despierta una enorme simpatía entre las masas explotadas y oprimidas del continente y es un ejemplo para toda la región, el PCC nunca tuvo la política de transformar a Cuba en el motor de la revolución socialista en América Latina.

El debate económico y la política de Guevara

En los primeros años de la revolución, la subordinación con respecto a la burocracia estalinista de la Unión Soviética fue cuestionada parcialmente por el Che Guevara aún siendo parte de la dirección del M26 (y luego del PCC) y Ministro de Industria del gobierno cubano. Estas diferencias se expresaron en el llamado “gran debate económico” de 1963-64 (del que incluso participó Ernest Mandel) en el que se opuso a la orientación conocida como “cálculo económico” basada en los fundamentos de la reforma Liberman en la Unión Soviética que buscaba reintroducir métodos de producción capitalistas, como el autofinanciamiento de las empresas estatales, la competencia entre unidades productivas y la quiebra, para aumentar la productividad de la economía. Contra esta orientación, impulsada por el ala más abiertamente pro rusa, el Che defendió la centralización y la planificación de la economía.

Además, sostuvo la necesidad de avanzar paulatinamente en la industrialización del país, reasignando los recursos provenientes de las exportaciones del azúcar, para de esa manera superar la histórica condición dependiente de la economía cubana basada en el monocultivo de azúcar, en tanto que el ala estalinista que en el debate teórico tuvo su mayor exponente en el economista francés Charles Bettelheim, impulsaba la ubicación de Cuba exclusivamente como proveedor de azúcar al “bloque socialista” conformado por la URSS y los estados del Este europeo en el marco de una supuesta “división socialista internacional del trabajo”.

En el plano político, Guevara se opuso a sostener la línea de la “coexistencia pacífica” con el imperialismo impulsada tanto por la burocracia de la Unión Soviética como por Mao Tse Tung, y a la estrategia de conciliación de clases, sostenida por los partidos comunistas a nivel internacional, que llevaba a la subordinación de la clase obrera a las decadentes burguesías nacionales.

También denunció los privilegios que habían empezado a acumular los funcionarios del régimen, a quienes acusó de contrarrevolucionarios, y la formación de una burocracia partidaria y estatal.

Finalmente, en 1965 Guevara renunció a todos sus cargos y partió de Cuba para llevar adelante su política de extensión internacional de la revolución basada en la acción de guerrillas y ejércitos populares, primero al Congo y luego a Bolivia donde fue ejecutado por las tropas del ejército local y los Rangers estadounidenses.

Contra la teoría de la revolución por etapas y la colaboración con la burguesía nacional, Guevara planteó correctamente que la alternativa era “revolución socialista o caricatura de revolución”, lo que lo acercaba a una estrategia consecuente de revolución socialista internacional. Pero a pesar de sus críticas, no fue alternativa al régimen de partido único del PCC porque su programa no era desarrollar la democracia obrera basada en consejos de obreros, campesinos y soldados.

El Che tenía una concepción estratégica guerrillera y foquista de la revolución, cuyo correlato era la construcción de partidos-ejército con base en el campesinado y no en la clase obrera. Su “antiimperialismo consecuente”, expresado en su llamado a crear “dos, tres muchos Vietnam” no consideraba como aspecto estratégico la alianza con los grandes batallones del proletariado de los países avanzados. El intento fallido en Bolivia mostró los límites de su estrategia. Poco después de su muerte, el ascenso obrero que abarcó los centros imperialistas, los estados obreros burocratizados y los países semicoloniales, mostró que su estrategia de guerrillera y el supuesto de que la revolución iba “del campo a la ciudad” era equivocada.

La crisis del colectivismo burocrático, el capitalismo de estado y la teoría del estado “ni obrero ni burgués”

Ante la degeneración estalinista de la Unión Soviética, surgieron principalmente dos corrientes – el colectivismo burocrático y el capitalismo de Estado- que propusieron definiciones alternativas a la definición de Trotsky de la URSS como un estado obrero degenerado, en la que nos basamos los marxistas revolucionarios para considerar a Cuba un estado obrero deformado.

El colectivismo burocrático afirmaba que la burocracia estalinista se había transformado en una nueva clase explotadora, incluso más eficaz que la propia burguesía, aunque no poseía los medios de producción sino sólo los administraba por su posición en el control estatal.

El capitalismo de Estado, cuyo principal referente es el SWP británico, sostenía que el capitalismo ya se había restaurado en la Unión Soviética en 1928 y que la burocracia era garante de la acumulación capitalista. Esa definición del carácter de clase del Estado soviético llevó a estas corrientes a adoptar una postura antidefensista de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, mientras que programáticamente habían abandonado la defensa de la propiedad nacionalizada como base de un programa de revolución política para derrocar a la burocracia.

El colapso de los regímenes estalinistas de 1989-1991 dejó al desnudo que ambas teorías eran absolutamente falsas. La transformación de sectores de la burocracia en capitalistas, a partir del robo y el saqueo de la propiedad pública, demostró contra la concepción colectivista burocrática, que la burocracia no era una nueva clase social, sino una capa diferenciada cuyos privilegios surgían de la administración del estado y que su programa era transformarse en propietarios de los medios de producción.

Por su parte, los partidarios del capitalismo de Estado se vieron en la difícil situación de tener que justificar teórica y políticamente que la restauración del capitalismo en la ex URSS, Europa del Este y China no produjo ningún cambio histórico ni fue una derrota de magnitud, porque esos estados ya eran capitalistas y sólo sufrieron un cambio de “modelo” de un capitalismo estatal a un capitalismo privado.

Esta corriente se demostró completamente estéril y fue incapaz de plantear que había una alternativa para enfrentar a la burocracia restauracionista, al negarse desde la década de 1930 a levantar un programa de revolución política.

A pesar de que estas teorías alternativas se demostraron equivocadas y llevaron a claudicar desde el punto de vista programático a los planes de restauración capitalista, hoy el Nuevo MAS argentino, revisando tardíamente la concepción “objetivista” de Nahuel Moreno, ha adoptado una teoría subjetivista que lo ha llevado a postular nuevamente la existencia de Estados “burocráticos”, sin ningún contenido de clase definido, surgidos de revoluciones “antiimperialistas” y “anticapitalistas” que al no haber sido dirigidas por partidos obreros revolucionarios ni haber llevado al desarrollo de órganos de democracia obrera, aunque expropiaron a la burguesía, no configuraron estados obreros deformados. Para el Nuevo MAS, ya no las direcciones pequeño burguesas y/o estalinistas nacionales, sino las mismas revoluciones de posguerra y los estados surgidos de ellas basados en la expropiación y la liquidación de los capitalistas, de ninguna manera abrían la posibilidad de la transición al socialismo, aunque extrañamente los considera formaciones sociales “progresivas”.

En el caso de Cuba, el Nuevo MAS, tomando algunos conceptos de S. Farber, inventa una curiosa teoría en la que la dirección del Movimiento 26 de Julio y de la guerrilla no tenía ningún carácter de clase y que en última instancia, la expropiación de la burguesía fue producto de las características de “caudillo populista” de Fidel Castro.

El Nuevo MAS se olvida que el Movimiento 26 de Julio, como ala izquierda del nacionalismo pequeño burgués radical de la Juventud Ortodoxa, expresaba la extendida radicalización de las capas medias de la sociedad, que al ver obturado todo espacio legal de participación electoral, se volcaron a la lucha armada contra la dictadura de Batista. Esto se expresaba en la existencia de distintas organizaciones armadas surgidas esencialmente del movimiento estudiantil y las clases medias urbanas, a las que luego se incorporan sectores campesinos. Mientras que la clase obrera, que había sufrido una importante derrota a comienzos de la década de 1930, seguía dirigida mayoritariamente por el estalinista Partido Socialista Popular que colaboraba con la dictadura.

Aunque ya en 1955 los trabajadores concentrados en el sector azucarero protagonizaron una importante huelga que tomó un carácter político y a fines de 1958, los cinco días de huelga permiten terminar de dislocar al estado burgués y el ingreso triunfal de las columnas guerrilleras el 1 de enero de 1959, la clase obrera cubana nunca jugó un rol hegemónico en la revolución dirigida por un partido-ejército pequeño burgués, con un programa limitado de reforma agraria y recuperación de la democracia.

Mientras que para el Nuevo MAS, basado en consideraciones sociológicas abstractas, la revolución cubana vendría a confirmar una teoría de “revolución cualquiera” que termina generando un estado “burocrático” sin ningún contenido social preciso, para los marxistas no hizo más que confirmar la mecánica de la revolución permanente: efectivamente, el programa pequeño burgués nacionalista radical del Movimiento 26 de Julio se demostró completamente utópico y al poco tiempo, con la presión imperialista y de un movimiento de masas alentado por el triunfo obtenido, se vio obligado a expropiar al capital norteamericano, a los terratenientes y a la burguesía local, y a establecer el monopolio del comercio exterior, es decir, a establecer una economía de transición aunque burocráticamente planificada.

En su concepción subjetivista, el Nuevo MAS es incapaz de reconocer que la liquidación de las clases explotadoras y la nacionalización de los medios de producción, aunque en sí mismos no signifiquen el socialismo, son su condición necesaria. Por eso es partidario de una “nueva revolución” en lugar de levantar un programa consecuente de revolución política para la isla.