MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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La serie de asesinatos “colaterales” de decenas de jóvenes y niños en operativos antinarco, los ataques directos de militares sobre civiles desarmados y las aberrantes declaraciones de los encargados de las Procuradurías de Justicia –que en más de una ocasión calificaron a los masacrados como “delincuentes miembros y de pandillas de narcos” –, desató un fuerte cuestionamiento popular contra la permanencia del ejército en las calles de Cd. Juárez y otras ciudades al norte del país, principalmente, y que exige al gobierno federal el fin de la militarización de la región.

Mientras tanto, en la población crece la desconfianza en que la justicia de los ricos pueda fallar contra los militares asesinos y sus mandos en el gobierno. Por el contrario, prevalece un sentimiento contra la impunidad que comienza a confluir a nivel nacional con los cientos de casos de violaciones, asesinatos y toda clase de abusos perpetrados por militares en estados como Guerrero, Chiapas o Michoacán y que permanecen sin castigo.

En ese contexto, la Sedena se vio obligada a anunciar el 31/03 que el ejército se retiraría “paulatinamente” de Cd. Juárez, hecho que –más allá de que se concrete o no– es sintomático del fracaso de la política “de seguridad” que propagandiza la presidencia desde los inicios del sexenio.

Destaca además la abierta injerencia del imperialismo yanqui en el control operativo de la “guerra”, lo cual se expresó con la visita de Hillary Clinton al D.F. y el posterior incremento de la presión de gobernadores fronterizos estadounidenses sobre Barack Obama para militarizar la zona limítrofe. Tal nivel de cuestionamiento contra la política de seguridad calderonista y contra la intervención directa de fuerzas de EE. UU. en este ámbito recae directamente sobre la figura presidencial. Esta situación se tradujo en un altísimo nivel de descrédito para Felipe Calderón, el mayor en los últimos meses.

No obstante, estamos frente a un gobierno autoritario que, pese a todo, mantiene medidas semi bonapartistas como los retenes y toques de queda, y que pretende más, mediante una “legislación emergente” que dé más facultades a las fuerzas armadas, como propone el titular de Sedena, Guillermo Galván (La Jornada 08/04).

El Congreso no escapa al descrédito

Las disputas entre PAN y PRI debilitaron al Ejecutivo en el Congreso. Ahora el PRI amaga con usar su mayoría para frenar o condicionar las propuestas legislativas presidenciales y panistas, como se vio –de momento– con la negativa priísta a la reforma laboral propuesta por legisladores del blanquiazul, lo cual es sólo un nuevo posicionamiento para negociar otros términos de una reforma igualmente antiobrera y reaccionaria.

Pese al pacto para evitar más escándalos en la Cámara de Diputados, que dañen la imagen de esa institución, la confrontación del Ejecutivo con el Congreso de la Unión está arrojando sobre este último el mayor desprestigio en lo que va del sexenio. Más allá del acuerdo estratégico que existe entre los partidos contra las masas trabajadoras y el pueblo pobre (expresado en las aprobaciones casi unánimes de los tarifazos, el gasto miserable para salud, o el presupuesto millonario para seguridad), las diferencias existentes en la legislatura no desaparecerán de la noche a la mañana, dada la lucha por el control del botín nacional, de cara a los posicionamientos electorales.
Vemos como comienzan a brotar en el régimen las disputas entre los grupos de poder en torno a los grandes negocios como PEMEX, las telecomunicaciones o la fibra óptica donde, justamente los roces entre gobierno y Congreso –entre el PRI y el PAN– apuntan a polarizar la escena nacional entre la clase política.

Frente al descrédito del Congreso y el descontento de las masas trabajadoras, la clase dominante busca perfeccionar sus mecanismos de control, con el fin de mantener sus espacios de poder y de preservar sus instituciones, como son: la reforma política del Estado y la afinación de los mecanismos electorales. Esta situación, sin duda, lejos de mejorar las marginales condiciones de vida a las que se está orillando a la mayoría de la población, constituye una fuerte amenaza de liquidar todo derecho en pro de los mezquinos intereses empresariales.

Las direcciones burocráticas y reformistas, freno de la movilización

Si bien en 2006, luego del fraude electoral, Felipe Calderón se encontraba muy cuestionado, hoy la diferencia radica en que, a pesar de las importantes movilizaciones originadas por el conflicto electricista, por la situación minera y por los reclamos democráticos, no hay un movimiento unificado en las calles que apunte a profundizar con su acción el cuestionamiento a la presidencia y los roces en las alturas; por el contrario, frente a la crisis de gobierno, las direcciones han concedido treguas a los verdugos de la clase obrera y el pueblo pobre.

En ello tienen gran responsabilidad las direcciones sindicales que se reivindican independientes, pues han llevado la movilización tras la confianza en las instituciones de este régimen, que una y otra vez han demostrado a favor de quién están. Es bien sabido que éstas no van a tomar un camino distinto al de la defensa de los intereses empresariales; ni la SCJN, que legitimó la condena de 150 años a Ignacio del Valle y las de decenas de presos políticos; ni los tribunales, que avalan el despido de miles de trabajadores “por la crisis”; ni las Procuradurías de Justicia, que han ignorado los feminicidios durante 16 años; ni los diputados “progresistas” (como Noroña), que están en contra de que los trabajadores violenten el sagrado derecho burgués que les golpea (como en el SME). Pero los trabajadores y el conjunto del pueblo pobre saben que son esas instituciones las responsables de los sueldos de miseria, el aumento de precios; la falta de salud, vivienda y educación, etcétera.

La expresión mayor de estas treguas, en perjuicio de los movimientos, es la alianza política –y electoral– del PRD con el gobierno y el PAN, que suman fuerzas en el Congreso contra la población trabajadora y se alían en las elecciones de este año para enfrentar al PRI, lo que muestra su carácter patronal, pese a los sectores “críticos” que hay al interior.

Por su parte, tanto AMLO como algunos legisladores del PRD y el PT, pese a contar con un amplio respaldo popular, están dedicados a procurar elecciones claras y orientar el voto contra el PRI y el PAN, sin cuestionar los mecanismos ni a la democracia burguesa en sí. Incluso López Obrador aparece hoy como un político opositor más responsable ante la clase dominante, pues más allá de sus radicales discursos, evita que éstos se conviertan en acciones radicales,
Esta política permea a las direcciones sindicales opositoras al gobierno, como la del SME, evitando que los trabajadores adopten una política de independencia de clase y confíen en sus propias fuerzas, por encima de la confianza en políticos burgueses.

Una ruptura política e ideológica de la clase trabajadora con el conjunto de la clase dominante y sus variables “opositoras”, sobre todo en el marco de la nueva embestida de la reforma laboral, sin duda plantea un escenario donde sean los intereses del pueblo y no los de los capitalistas, los que prevalezcan. La lucha unificada y en las calles contra esta democracia para ricos, responsable de la militarización, la carestía, la violencia hacia las mujeres, las leyes clericales y la ofensiva sobre las conquistas laborales y sindicales, se revela como una necesidad impostergable para el conjunto de las clases explotadas y oprimidas del país, donde la clase obrera debe ponerse al frente de la misma con sus propios métodos de lucha.

Una política en ese sentido, puede hacer del próximo primero de mayo una jornada combativa e independiente, y convertirse en un primer paso en el camino ofensivo contra los planes de “los de arriba”.