MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

En medio de una crisis regional de “personas no localizadas”, menores migrantes y de represión a la lucha social, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El regreso del PRI ha estado acompañado de sangrientas muestras de lo que es capaz este régimen en contra de la protesta social y el pueblo pobre y trabajador. El 1/12/12 la PF disparó una bala de goma que hirió en el rostro al maestro Juan Francisco Kuykendall, quien falleció después de meses en coma. Teodulfo Torres Soriano, el “Tío”, principal testigo de la agresión, se dirigía a una audiencia de este caso con la cámara con la que grabó el atentado, y desde entonces está desaparecido. La Liga de Abogados 1ro de Diciembre ha documentado más de 300 detenciones arbitrarias responsabilidad del GDF, y la activista Nadín Reyes ha documentado los casos de 29 activistas desaparecidos en 17 meses de gobierno de EPN.

Estado impune

Pese a que los tratados internacionales afirman que la responsabilidad del Estado no prescribe en estos crímenes, a casi 50 años ni siquiera se conocen los nombres y el número exacto de víctimas de las matanzas de 1968 ni la de 1971. Gran cantidad del archivo fílmico, fotográfico y militar sigue clasificado, y no hay un sólo alto funcionario que haya pisado la cárcel por las masacres (indígenas, obreras, populares) en las que el Estado mexicano ha tenido responsabilidad.

Durante la Guerra Sucia (60-70´s) el régimen realizó miles de desapariciones, detenciones y asesinatos extrajudiciales en contra de luchadores sociales. Sólo la ex senadora Rosario Ibarra –quien inició en México la exigencia por la presentación de los militantes desaparecidos– y el FNCR llegaron a documentar más de 500 casos de este periodo. El fallecido escritor Carlos Montemayor dedicó gran parte de su vasta obra a documentar esta historia “no oficial”. Él y el también difunto Obispo Samuel Ruiz, encabezaron la comisión que investigó las desapariciones de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, ocurridas en el 2006 e impunes al día de hoy. La mayoría de los responsables de los crímenes cometidos durante la represión a la APPO, comenzando por el ex gobernador Ulises Ruiz, nunca se enfrentaron a la justicia.

La guerra que se vive en nuestro país nos ha costado en 8 años más muertos que durante la década que duró la guerra de Vietnam, por más que el gobierno lo quiera ocultar. Durante agosto, la Segob reconoció a 22 mil “personas no localizadas”, pero tuvo que echarse atrás por las duras críticas sobre las cifras: sólo al finalizar el sexenio de Calderón se reconocían 27 mil desaparecidos. El experto europeo Federico Mastrogiovanni calificó de “cínicas” las cifras. En México Javier Sicilia ha denunciado que el gobierno ni siquiera posee las herramientas institucionales para dar justicia a las víctimas de la militarización del país.

Impulsemos un gran movimiento democrático

Desde el MTS, queremos utilizar estas líneas para hacer un llamado a las centrales sindicales, a las asambleas de base de trabajadores, las organizaciones civiles, sociales, políticas y de derechos humanos, a redoblar esfuerzos por impulsar una campaña nacional e internacional por la libertad incondicional, por la presentación con vida de tod@s las y los detenidos-desaparecidos políticos, y por la desmilitarización inmediata del país.

Sostenemos que solamente con la más amplia unidad democrática, mediante la movilización en las calles y con absoluta independencia de los partidos patronales es que podremos arrancarle a nuestros presos y desaparecidos de las garras del Estado. ¡Redoblemos esfuerzos para exigir la libertad de Mario González, Abraham Cortés, los detenidos de San Bartolo Ameyalco y el resto de los presos y los sentenciados del régimen!

Denunciamos la detención de Nestora Salgado, dirigente de la CRAC-PC, y de Marco Antonio Suástegui del CECOP, opositor a la Presa La Parota en Guerrero, así como los presos de la OCSS. En Puebla nos sumamos a la exigencia por la libertad de todos los presos del FNLS y la REDDH, así como la de Juan Carlos Flores, Enedina Rosas, Abraham Cordero del FPDATMPR, presos por su oposición a los megaproyectos energéticos. En Oaxaca denunciamos el caso de los presos de la CNTE, y la ola de ejecuciones extrajudiciales en contra de dirigentes sociales. En Chiapas a los detenidos del CNPA-MN, y otras organizaciones sociales. En Michoacán denunciamos el asedio militar y paramilitar a las comunidades indígenas, así como el encarcelamiento de Mireles y los autodefensas que le acompañaban.

Exigimos la libertad inmediata de Mario Luna Romero, vocero de los yaquis opositores al acueducto Independencia, en Sonora. Nos sumamos a la exigencia por justicia a todos los casos que acompaña el MPJD, y las víctimas de la militarización. Asimismo, nos sumamos a la exigencia por la libertad de todxs lxs presos políticos de la Otra Campaña, y no bajaremos la voz de denuncia sobre todos los casos de presas por abortar en el país.

Hace un año que la campaña internacional por la libertad del profesor chiapaneco Alberto Patishtán obligó a EPN a liberarlo mediante un indulto. ¡Pongamos en pie un gran movimiento democrático que conquiste la libertad de todas y todos los presos políticos y la presentación con vida de todas y todos nuestros desaparecidos!