MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

“Es el peor desastre ambiental de la industria minera del país” declaró Guerra Abud, titular de SEMARNAT el 26/08. Y no es para menos: de la mina más grande del país (propiedad de Grupo México) se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Bacanuchi y Sonora afectando a 24 mil personas en seis municipios el pasado 6 de agosto.

¿Quién está detrás de la catástrofe?

Grupo México está comandado por Germán Larrea, segundo mayor millonario mexicano, poseedor de la “principal productora de cobre del continente americano” [1], apoyada por el gobierno de Fox debido a sus vínculos con la Fundación Vamos México. Larrea vendió en 1994 las minas Nacozari y Cananea sin pagar ni un solo peso de indemnización a sus trabajadores, hasta las dos huelgas sostenidas por los mismos.

Esta indulgencia por parte del gobierno muestra su complicidad con el Grupo México; para ellos el problema de la contaminación ambiental se resuelve con poner multas a los empresarios multimillonarios aun cuando las afectaciones causadas al ecosistema pueden ser irreparables.

Las acciones del Estado

A pesar de los daños detectados como la muerte de miles de peces y de vacas, de la cantidad de tóxico derramado y de los posibles riesgos y consecuencias económicas, ambientales y sociales previstas por especialistas, el gobierno no está dispuesto a retirar la concesión a la mina.
La Secretaría de Economía, que debería ser la encargada de proceder legalmente, se basa en una ley insuficiente y laxa que le ha permitido a Grupo México su consolidación como empresa oligopólica. Ante “accidentes” como éste, la legislación no prevé que Grupo México pierda la concesión, pero sí le asegura que todas las ganancias queden en sus manos.
Ni la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente, ni Cofepris o Protección Civil de Sonora, ni SEMARNAT o la Secretaría de Economía se declararon con la facultad de retirar la concesión.

Ante este panorama, la SEMARNAT sólo ha anunciado una multa de 40 millones de pesos cuando, tan sólo en el primer semestre del presente año, este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares y sus ganancias subieron 4.6% [2]. Aún con este incremento en la multa, la empresa sólo se desprendería aproximadamente de 0.25% de sus ganancias de medio año.

¿Acaso ese dinero es suficiente para indemnizar a los más de 40.000 personas afectadas, revertir la contaminación de los ríos, renovar la tierra que se usaba para agricultura, mejorar la salud del ganado que consume esas aguas contaminadas y sacar el hambre y la sed de los habitantes que se han quedado sin fuentes de trabajo?

Por una salida independiente

Es claro que ningún organismo institucional penalizará a los responsables ni solucionará la catástrofe. Sólo los trabajadores mineros, los habitantes afectados y la sociedad organizada pueden expulsar a estas empresas parásitas por medio de paros y huelgas.

En ese sentido nos pronunciamos en contra de la devastación ambiental, contra la impunidad y la protección brindada por el gobierno a estos actos ecocidas. Los socialistas consideramos que esta mina y toda empresa que trasgreda leyes ambientales debe ser estatizada y puesta a producir bajo control de sus trabajadores, quienes apropiándose del conocimiento de los científicos y técnicos, impongan férreas medidas de protección ambiental y laboral para el funcionamiento de minas, pozos petroleros, etc. Sólo los trabajadores organizados pueden abrir los libros de contabilidad minera y garantizar que nuestros recursos sean explotados en interés de las mayorías y no a favor de un propietario particular multimillonario.

Sólo así puede garantizarse una explotación responsable y racional que no dañe al medio ambiente.

[1] Periódico La Jornada, Viernes 15 de agosto de 2014, p. 3
[2] http://www.jornada.unam.mx/2014/08/11/economia/022n1eco