MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La crisis del régimen
Las perspectivas del momento político

Frente al relativo retroceso coyuntural del movimiento democrático por Ayotzinapa, el régimen ha comenzado a pasar a la ofensiva, como lo mostró el autoritarismo del gobierno ante el Comité de la ONU sobre el tratamiento a la desaparición de los 43 normalistas y las desapariciones forzadas.

Algunos flancos débiles, sin embargo, limitan la política del gobierno, como el descontrol oficial sobre la impunidad del narco en Tamaulipas y varios estados más; el escándalo provocado por la simulación de Peña Nieto al nombrar a un funcionario empleado suyo como fiscal para que supervise lo relacionado con el conflicto de intereses ante los negocios del Presidente con contratistas beneficiados por su gobierno; y el reducido margen político por la constante caída de los precios del petróleo (con anuncios de reducción del gasto público).

A lo anterior se suman las marchas realizadas el 5 de febrero pasado en varios estados del país para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y la derogación de la reforma educativa (encabezadas por el magisterio disidente), así como el plan de lucha votado en la Convención Nacional Popular (CNP) que mantiene la lucha contra el PRI, que muestran la persistencia de la crisis de legitimidad del gobierno y del régimen que encabeza. Donde, si bien la movilización popular no presenta la masividad inicial, el descontento a nivel nacional actúa como freno ante una solución abiertamente reaccionaria de esta crisis por la clase dominante.

Un balance necesario

No obstante, la política ofensiva del gobierno de Peña Nieto (y varios gobernadores que comparten sus planes) como la campaña (des) informativa para culpabilizar a los normalistas (ligas con el narco), el aumento de la militarización en Guerrero para evitar los bloqueos en la Autopista del Sol o la represión contra los maestros oaxaqueños en el DF y contra el movimiento del sector salud en lucha, es el resultado de la falta de una respuesta contundente del movimiento obrero y popular que, a casi cinco meses de la masacre de Iguala, no ha avanzado en impulsar un paro nacional de los trabajadores del campo y la ciudad, junto a los estudiantes y los demás sectores afectados por este gobierno autoritario y hambreador.

Mientras, a través de sus cámaras empresariales la patronal ha cerrado filas en defensa del Ejército, declarando envalentonada que no permitirá la apertura de los cuarteles para la búsqueda de los normalistas desparecidos. Y los partidos del Congreso han firmado un nuevo pacto reaccionario para garantizar la realización de las elecciones en todo el país.

Aunque varias organizaciones lo han planteado en sus discursos, las direcciones de los sindicatos que se reclaman opositores han desperdiciado la potencialidad del momento y se negaron, en los hechos, a llevar adelante una política para derrotar al gobierno y las instituciones. En este contexto, ocurre el condenable asesinato del militante del FPR en Morelos, que suena a advertencia indirecta a los que se movilizan, y el asesinato de Norma Angélica Bruno Román, integrante de la Comisión de Búsqueda de Familiares Desaparecidos en Iguala.

Esta contradicción entre un gobierno relativamente débil (deslegitimado), y la falta de una política centrada en aglutinar al actual movimiento democrático y la clase trabajadora (con base en un programa de carácter anticapitalista y contra la entrega al imperialismo), es lo que evita que el gobierno de Peña Nieto caiga y pueda planear una contraofensiva para hacer retroceder el descontento y reposicionarse para profundizar el ataque contra las masas trabajadoras.

Una contraofensiva apoyada en los partidos del Congreso

Uno de los riesgos que enfrenta la crisis del régimen es la coyuntura electoral que primará de aquí a julio, donde las expectativas de sectores de la izquierda y los movimientos en una reforma del régimen político mediante el voto, o la política de una franja de la izquierda que hace “alianzas tácticas” con los partidos del Congreso buscando candidaturas -a costa de dividir y debilitas las luchas como se denunció en la Asamblea Nacional Popular del 31/1 en Ayotzinapa, Gro.-, puede lograr un desvío importante de la movilización que impida el desarrollo de la organización independiente (y ayude a estos partidos en crisis a recomponerse). Esto ya pasó en la APPO en el 2006 con el otorgamiento del PRD de diputaciones a organizaciones de ese movimiento.

Para ello, el régimen inició una gran campaña millonaria de recursos a los partidos con registro y miles de spots televisivos y por radio, así como con las llamadas candidaturas independientes, para hacer creer que la democracia pasa por confiar en un Congreso como el actual (el que impuso las reformas reaccionarias contra las masas); una película que ya vimos en el año 2000. Es decir, el movimiento popular y democrático está ante la disyuntiva de aceptar a quienes le proponen una política de doble discurso que lleve a legitimar al régimen asesino, o buscar formas de organización y de movilización independientes para rechazar los planes de los ricos y el imperialismo. Esto último fortalece la lucha contra los explotadores y opresores, lo primero la debilita y la hace retroceder.

Otro riesgo es que los llamados a la huelga general política, sean solamente para los discursos y no se impulse realmente; para lo cual hay que pugnar por una verdadera alianza con el movimiento obrero que es quien puede encabezar una verdadera huelga general política basado en un programa que se proponga una salida anticapitalista a la crisis. Y es que parece que el gobierno le está tomando el pulso a esta falta de iniciativa de las direcciones sindicales, populares y la izquierda y a sus políticas conciliatorias.

Reimpulsar el movimiento obrero y popular

Pese a que el descontento sigue actuando como motor de la movilización por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y contra los planes patronales, la movilización necesita masificarse, adoptar un plan unificado de lucha y radicalizarse política y programáticamente; no bastan las acciones radicales (que pueden terminar siendo impotentes).

En necesaria la participación combativa del movimiento obrero, donde los sindicatos que se reclaman independientes deben ganar a las bases de otros sindicatos (como los del Congreso del Trabajo) y a los sectores que luchan (como el de Salud) a una política que apunte a preparar paros escalonados, en el camino de preparar la huelga general política que tire al gobierno del PRI apoyado en el PAN y el PRD. Esto puede impulsarse desde la convocatoria a un Encuentro Nacional de organizaciones sindicales y de los trabajadores precarizados, junto a las organizaciones populares y políticas en lucha, que además coordine las luchas actuales para fortalecerlas.