MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El “Gran escape” y la crisis política de Peña Nieto
Pablo Oprinari
La fuga de Altiplano ha cimbrado al gobierno. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, ha dicho “no renuncio”, en lo que es el reconocimiento de la gravedad de la crisis, y ofreció una recompensa multimillonaria: 60 millones de pesos.
Sospechas. Las mismas crecen en la población, alimentando la falta de confianza en el gobierno, y en los medios de comunicación. Y de nueva cuenta sale a la luz la enorme colusión entre el narco y el Estado mexicano.
Hay quienes dejan entrever que se trata de una complicidad al más altísimo nivel, para que Joaquín Guzmán Loera ponga orden en el creciente y complejo panorama del narcotráfico, con el surgimiento de carteles como el Jalisco Nueva Generación, organización que está ocupando plazas de los de Sinaloa.
Las reservas que puedan tenerse con esta hipótesis no devienen de que Peña Nieto y sus secuaces sean ajenos a los pactos con el “crimen organizado”. Provendrían más bien de que el “gran escape” representó un duro golpe para el gobierno actual: parece demasiado costo político para una fuga pactada.
Otras hipótesis señalan que tras el escándalo está la ruptura del acuerdo entre el Chapo Guzmán y Los Pinos, por el cual aquél se habría entregado a inicios del 2014. En esta lectura, el capo se habría cansado de que los cárteles rivales avancen sobre sus posiciones y que el gobierno no los contenga. Y habría huido, con el aval y apoyo de numerosas complicidades estatales y policiales.
Pero esta opción no deja mejor parado al presidente. Sería una prueba más, con la máxima contundencia mediática y política, de que el narco está “infiltrado” en el Estado. Y de que, por más de que EPN llamase -como dijo en una pasada entrevista- todos los días a Osorio Chong para asegurarse de que el Chapo estaba bien custodiado, finalmente, como dice el ingenio popular, se les peló bajo sus narices. Una verdadera crisis que pone en cuestión la fortaleza de la cual presume Peña Nieto y su capacidad de control incluso al interior de las distintas esferas de su gobierno.
Peña Nieto, entre sombras y dudas
Todo esto debilita el esfuerzo peñanietista por mostrarse, a los ojos de Washington, como garante de la estabilidad en la relación con los cárteles y de resolver limpiamente los conflictos. Aunque Peña Nieto se está esforzando en aparecer, ante los Estados Unidos, con la prioridad de encontrar al Chapo, la realidad es que los efectos de esta huida, en las relaciones entre los cárteles, son aún imprevisibles.
Salvo que uno piense que las complicidades se limitan a lo que sucede tras los muros del penal de Almoloya de Juárez, los hechos del 11 de julio provocan evidentes preguntas. La primera de ellas es hasta dónde sectores del propio PRI están actuando por cuenta propia, y pactando incluso con uno de los referentes más importantes del narco. Si así fuera, la negativa a extraditar al Chapo a Estados Unidos durante todo el 2014 fue el antecedente de esta situación, y otra expresión de la verdadera colusión entre el Cartel de Sinaloa y distintos niveles de la actual administración priista.
Como se ve, cualquier solución que se brinde al dilema de cómo se escapó el Chapo Guzmán, por segunda vez en 15 años, de un penal de máxima seguridad, arroja un saldo complejo para el gobierno de Peña Nieto, mina su credibilidad y su imagen de un gobierno “fuerte”.
Una más que se suma
Peña Nieto inició yendo por todo con las reformas estructurales, contando a su favor con la fortaleza que le daba el Pacto por México con el PRD y el PAN. La desaparición de los 43 normalistas y las movilizaciones masivas marcaron un antes y un después. La crisis política y de las instituciones se hizo evidente; el desprestigio y la desconfianza se hizo escuchar en el reclamo de Fue el Estado y Vivos los queremos. Aunque la movilización de masas por Ayotzinapa fue contenida, la pérdida de legitimidad del gobierno y de los principales partidos se mantuvo durante los meses siguientes. Y eso se mostró el 7 de junio, con la caída de votos del PRI y del PAN, y la catástrofe del PRD. Esto fue confrontado por el gobierno buscando ganar fuerza y atacando al sector magisterial, que cuestiona la reforma educativa.
En este contexto, la huida del Chapo actualizó para millones lo que emergió con Ayotzinapa: que el narco y el Estado están coludidos y que el gobierno, los partidos y la clase política arrastran gran descrédito.
La huida del Chapo Guzmán está afectando además el principal “activo” con el que cuenta Los Pinos: la confianza de la gran patronal y la estrecha relación -y subordinación- con la Casa Blanca.
Las reacciones de las organizaciones empresariales y de Washington muestran la impaciencia ante las dificultades que atraviesa Peña Nieto para controlar a los cárteles, y el ofrecimiento de ayuda estadounidense es una confesión de la impotencia del gobierno mexicano.
Evidentemente les preocupa el posible derrotero de esta situación. Y, en particular, que se despliegue un nuevo momento de la guerra entre los cárteles. La militarización puede intensificarse y quienes pagarán por ello será el pueblo pobre, como en los años previos.
Para los trabajadores, la juventud y el pueblo, ante la reaccionaria narcoguerra y la militarización, la única salida progresiva pasa por enfrentar la militarización y proponer la disolución de las fuerzas represivas. Esto, como parte de una perspectiva que plantee la necesidad de la autodefensa obrera y popular y la lucha contra esta democracia asesina.