MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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México sigue a Centroamérica en las cifras de feminicidios con el alarmante incremento de los mismos en los últimos años. Este grave problema no sólo se cimienta sobre las bases estructurales de la violencia hacia la mujer, sino también sobre los rasgos más reaccionarios de la sociedad capitalista, donde la crisis económica internacional mantiene a nuestro país como uno de los más golpeados de América Latina, con planes de ajuste que se descargan duramente contra los trabajadores y una “democracia” al servicio de la clase dominante, que impone a su paso la militarización y una absoluta impunidad. Además las últimas décadas se ha extendido en todo el país el millonario negocio del narcotráfico y con esta actividad se ha impuesto y profundizado la descomposición social y del régimen político.

La permanencia y el desarrollo del feminicidio han ido de la mano de la decadencia capitalista, sus causas se han vuelto más complejas y el fenómeno se ha diversificado.

La frontera sur de México y su relación con Centroamérica

Guatemala y Honduras son los países del continente americano donde las cifras de asesinatos de mujeres y de niñas son mayores. La violencia de género en esta subregión está estrechamente ligada a una historia de guerras civiles y golpes de estado que impusieron durante décadas múltiples abusos a los derechos humanos, en tanto los procesos de “pacificación” respaldados por Estados Unidos trajeron consigo ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y miles de mujeres principalmente indígenas y campesinas fueron víctimas de la contrainsurgencia con brutales violaciones y feminicidio, como una política de escarmiento por parte del ejército y los grupos paramilitares.
La permanente intervención imperialista llevó a estos países a una profunda dependencia económica y miseria, convirtiéndolos en zonas maquiladoras sin derechos laborales y donde más que nadie, carecen de ellos las mujeres. Esta situación arroja cada mes a 65 mil indocumentados a la frontera sur mexicana en travesía hacia los Estados Unidos (tan sólo de Guatemala, Honduras y El Salvador).

La violencia contra la mujer está relacionada también con la pobreza, la opresión social y la explotación laboral sufrida por la mayoría de las mujeres centroamericanas, más de la mitad de las que migran son violadas, principalmente por las pandillas de la mara, por militares o policías, polleros y delincuentes mexicanos; muchas otras serán secuestradas por las redes de trata y prostitución y es incierto el número de feminicidios.

A partir de los años 90s el feminicidio se ha intensificado a causa del ascenso de distintos cárteles del narcotráfico que proliferan, con la tolerancia estatal de los distintos gobiernos centroamericanos. Así los asesinatos de mujeres se han visibilizado en ésta región también por la violencia que provoca el tráfico de drogas, el secuestro, el tráfico de armas, la trata de personas y la actuación de los jóvenes callejeros llamados maras, con códigos muy específicos de violencia contra las mujeres, incluso sobre las que forman parte de sus bandas.

La frontera sur mexicana e incluso franjas del territorio nacional tienen grandes similitudes con esta dinámica que sufren nuestras hermanas centroamericanas. El año 2010 en el estado de Chiapas se registraron más de 300 feminicidios, la mayoría mujeres de entre 15 y 30 años, según los propios datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La impunidad prevalece

El 19 de abril de 2010 Tatiana Trujillo Rodríguez fue asesinada en Ocosingo, Chiapas, por su marido Elmar Díaz Solórzano, ex diputado federal, quien al momento del crimen competía como candidato a diputado por el PRI en la entidad. Disparos a muros y ventanas eran parte de la violencia que sufría Tatiana y sus tres hijos. Aprendió a descargar la pistola para evitar una tragedia en una de las múltiples amenazas que sufrió, hasta que una de ellas se cumplió. En medio de amenazas a la familia, mientras él se encontraba prófugo, las autoridades no hallaban como disimular este asesinato y cambiaron el expediente varias veces a favor de Elmar (robo con violencia, intento de secuestro, suicidio) hasta que finalmente aceptaron el homicidio y a la fecha él está recluido con pocas pruebas según la Procuraduría de que sea el culpable.

El 29 de agosto de 2008 Rubí Marisol Frayre Escobedo de 16 años fue asesinada por su pareja en Ciudad Juárez y una hija pequeña. Sergio Rafael Barraza, tras asesinarla, trasladó su cuerpo a un criadero de cerdos, donde le prendió fuego y huyó. Su madre Marisela Escobedo, se convirtió en una activista incansable en búsqueda de justicia y en una luchadora social contra los feminicidios en el estado de Chihuahua. Sergio Barraza fue condenado en ausencia a 50 años de prisión. Fue detenido y permaneció preso por el delito de homicidio agravado y recluido hasta abril de 2010, cuando fue absuelto en Chihuahua por la juez Catalina Ochoa Contreras. La liberación se anunció en medio de los gritos de dolor de Marisela, en uno de los juicios orales implementados por el estado: a pesar de ser un asesino confeso, el Tribunal consideró que la investigación carecía de evidencia.

En un acto más de impunidad, el 16 de diciembre, Marisela Escobedo fue asesinada frente a Palacio de Gobierno con un disparo en la cabeza, por un hombre que hoy está prófugo. Tan sólo en Chihuahua, la cantidad de mujeres asesinadas durante una década (413, de 1993 a 2002) es el mismo número de mujeres y niñas asesinadas en el mismo estado sólo el 2010 (446), siendo además la entidad más militarizada del país. En Ciudad Juárez, considerada la ciudad mas violenta del mundo, la militarización ha significado un aumento exponencial de los asesinatos de mujeres, jóvenes y trabajadores. Este dramático ejemplo deja en descubierto que a este gobierno la vida de las mujeres le importa nada.
En 23 estados del país, de 1997 a la fecha, se ha aprobado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así las leyes mexicanas reconocen la figura de “violencia feminicida” que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. En teoría, el reconocimiento estatal a la violencia hacia las mujeres podría ser visto como un avance, pero el caso de Tatiana, de Rubí y de Marisol (entre tantos más) demuestran todo lo contrario.

El común denominador que tienen las demandas y testimonios de los familiares de las mujeres asesinadas en todo el país, en las franjas maquiladoras y fronterizas, es una violencia descarnada contra el cuerpo de la mujer joven y trabajadora, y la ridiculización y menosprecio hacia el dolor de su madre.

El estado de México

Una larga lista de mujeres asesinadas permanecen ocultas tras la nota roja en el Estado de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli son los municipios con mayor incidencia de asesinatos de mujeres, la mayoría de ellos de forma violenta.

Estadísticas proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destacan que en 9 de cada 10 asesinatos no se ha consignado a los culpables pues las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes. En ese contexto, la Procuraduría estatal han pretendido reducir los asesinatos de mujeres al ámbito familiar, un nuevo intento por minimizar el fenómeno. De igual manera, muchos de los casos son menospreciados bajo el falaz argumento de que “eran mujeres ligadas al narco”. Lo cierto es que el número de feminicidios va en aumento mientras los candidatos actuales a la gubernatura del estado comienzan apenas a mencionar el problema y Enrique Peña Nieto catapulta su campaña presidencial sobre esta vergonzosa realidad de cientos de asesinatos.

Luchemos contra los feminicidios

El gobierno de Calderón, en su “guerra contra el narco”, ha militarizado el país y consolidado la impunidad, como muestran la actuación de grupos paramilitares en estados como Oaxaca y Chiapas, la persecución y desaparición de luchadores sociales. En ese marco han asesinado nuestras compañeras referentes de la lucha contra el feminicidio, Marisela Ortiz, Susana Chávez, los hermanos Reyes Salazar, activistas como Alí Cuevas, luchadoras sociales como Elvia Zúñiga. Además que se han dado incendios a las casas de las compañeras de lucha, como el caso de Sara Salazar y Malú García Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luchadora incansable contra el feminicidio.

En Pan y Rosas, sabemos que será sólo con nuestra organización independiente de donde saldrán las fuerzas para frenar esta embestida de asesinatos e impunidad y conquistar nuestros derechos. Llamamos a formar comités contra los feminicidios, donde discutamos y resolvamos medidas en defensa de las mujeres, contra la impunidad en estos crímenes y por un plan de lucha y organización que enfrente este problema. Por eso es que somos parte - junto a compañeras independientes y de diferentes organizaciones- del Movimiento Contra el Feminicidio.
Ante las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos meses, que evidencian la importante emergencia del descontento con la política autoritaria del gobierno y las instituciones, y frente a la Caravana y la reunión convocada en Ciudad Juárez para este 10 de junio (de las cuales participarán compañeras de Pan y Rosas), creemos fundamental el impulso de un gran Movimiento Nacional contra la Militarización, que retome como una de sus banderas la lucha contra los feminicidios, que es expresión de la degradación capitalista y de la ofensiva contra los sectores mas vulnerables como las mujeres.

Desde Pan y Rosas llamamos a luchar en defensa de nuestros derechos y en solidaridad con las luchas de la mujer trabajadora y por ello decimos:

¡Abajo las leyes antiaborto en todo el país! ¡Derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país! ¡Libertad a todas las mujeres presas por abortar!

¡Basta de violencia contra las mujeres! ¡Alto a los feminicidios!

¡Juicio y castigo a los asesinos de mujeres en todo el país!

¡Justicia para Rubí y Marisela Ortiz, para Susana Chávez, los hermanos Reyes, Elvia Zúñiga y Alí Cuevas!

¡Por una comisión independiente integrada con mujeres destacadas en la lucha contra los feminicidios y los derechos humanos y con familiares de las víctimas!

¡Apertura y reapertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres!

¡Alto a la militarización! ¡Alto a la represión de activistas en el país!

Por un gran movimiento contra la militarización y los feminicidios!