MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Las relaciones laborales entre el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores se determi-Lnan por las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo y se regulan mediante un reglamento de condiciones generales de trabajo, que implican una serie de derechos económicos, sociales y profesionales que garantizan el desarrollo de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

En el contexto en el que se establecen las condiciones laborales y salariales del GDF prevalece la implementa-ción de una política de austeridad, así como el alto con-tratismo de compañías particulares y la continuidad del proceso de privatización de los servicios públicos. Lo anterior ha significado para los trabajadores el desplazamiento o sustitución de la mano de obra y se convierte en un flagrante atentado a la materia de trabajo que tiene como consecuencia el despido o el reajuste de personal.

El caso de la Secretaría de Finanzas es emblemático, con el cobro de servicios e impuestos en supermercados. La entrada de un gobierno «austero» (perredista) se ha basado en la reducción presupuestal y en una serie de medidas como la supresión o reducción de programas de verdadero desarrollo estructural para favorecer otros de carácter asistencial con fines electorales. En el plano laboral, esta política ha tenido como consecuencia dos recortes de personal de base, con la aplicación de dos programas de retiro voluntario, ambos en el 2004, la reducción de los fondos revolventes, la disminución de los insumos de trabajo, la disminución de las horas extras y la falta de un programa para descongelar las plazas desde 1994. Además de todo esto, está pendiente un programa de basificación de los 35 mil eventuales y más de 100 mil trabajadores de honorarios con funciones de base.

El GDF, en cuanto a política laboral, muestra estar en contra de los trabajadores al no cumplir los laudos ganados (sólo en la Secretaría de Transportes y Vialidad hay 76 laudos pendientes), no permitir la libre sindicaliza-ción (Instituto de Mujeres del DF) ni la firma de Contratos Colectivos (Apoyo Vial, Policía Bancaria e Industrial), no cumplir con su propia promesa de BASIFICAR a los trabajadores (Bando 11), contratar de manera irregular a empresas extranjeras para la concesión de los servicios y el empeoramiento de los riesgos laborales (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), la simulación de contratación a miles de trabajadores de honorarios y honorarios asimilados a salarios para no darles prestaciones sociales mínimas como el servicio medico (Centros de Transferencia Modal, Instituto de Vivienda del DF, Delegaciones y Secretarías de Gobierno), permitir la sobre explotación de los trabajadores en las empresas privadas que prestan los servicios de limpieza (y otros) en las diferentes dependencias de Gobierno e impulsar la privatización del agua potable, drenaje y alcantarillado.

Otra forma de represión es la de los trabajadores académicos, agrupados en el Sindicato por la Unidad de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, a quienes les impedían la realización del recuento para el reconocimiento de la titularidad del Contrato Colectivo hasta que, con la resistencia, lo lograron el 3 de febrero; igual pasa a las Educadoras en Salud Familiar, se les obliga a la afiliación al Sindicato Único del GDF, con todo lo que implica. La tardanza en la reinstalación de los trabajadores despedidos por batallar en defensa de sus derechos, como el caso de los compañeros de la Dirección General de Regularización Territorial, después de 6 años de vericuetos legales, es muestra del terrorismo laboral que prevalece.

Hay que afrontarlo, resistir y vencer.