MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Las próximas elecciones ocupan los principales medios de comunicación. Los partidos del Congreso pretenden que el pueblo cifre sus expectativas de cambio en ir a las urnas. El PRI, el PAN, el PRD y otros partidos como el “maoísta” PT -que hace alianzas con partidos patronales- y el reaccionario Partido Verde, así como el MORENA de López Obrador, presentan sus programas “salvadores”. Mientras el PRI quiere beneficiarse de la crisis del PRD y del PAN, mantener gubernaturas y su mayoría en el Congreso, el MORENA pretende atraer el voto de quienes cuestionan la democracia asesina del PRI, PAN y PRD.
Estas elecciones son una nueva trampa para desviar el descontento y proporcionarle una mayor estabilidad al gobierno y al Congreso para aplicar los planes mandatados por Estados Unidos. Las mismas se celebrarán mientras los 43 normalistas continúan desaparecidos y cuando Peña Nieto quiere retomar la ofensiva contra los trabajadores y la juventud.
Nuevos ataques del gobierno de Peña Nieto
En medio del descontento nacional, el gobierno lanza nuevos ataques, después de haber resistido el enorme cuestionamiento expresado en las multitudinarias manifestaciones por Ayotzinapa; incluso la remoción de Murillo Karam fue, ante el desgaste de la PGR, una maniobra para mantener en el gobierno a quien fuera repudiado por millones de personas.
Peña Nieto no sólo no atendió el caso de los normalistas, sino que los familiares de los mismos están siendo hostigados y el actual gobernador de Guerrero impone una política represiva para controlar el descontento, como lo muestra el asesinato del profesor Claudio Castillo, miembro de la CETEG. Esto mientras nombra a Eduardo Medina Mora, un personaje con largo historial represivo, como ministro de la Corte Suprema, hoy más subordinada al presidente. Una nueva muestra de este autoritarismo es el despido de la periodista independiente Carmen Aristegui, por denunciar la corrupción del gobierno.
Al mismo tiempo, la administración federal quiere despedir a miles de trabajadores de PEMEX; ignora las demandas de los trabajadores y estudiantes de la Salud e impone recortes presupuestales al gasto público que afectan la seguridad social. Igualmente, pretende votar en el Senado cambios al apartado “A” del artículo 123 constitucional, que dejarían en el apartado “B” a miles de trabajadores bajo un régimen laboral semiesclavista. Y busca aprobar en el Congreso una privatizadora e inhumana Ley de Aguas (ver artículo).
Es en este contexto, contrario a los intereses de los trabajadores, que se realizarán las próximas elecciones. Ya el Instituto Nacional Electoral muestra su carácter antidemocrático -con su favoritismo por el Partido Verde y la repartición de privilegios políticos entre el PAN y el PRI, con los que pacta el PRD-. El alto presupuesto a los partidos con registro quiere apuntalar un régimen político cuestionado por las movilizaciones.
Enfrentar la trampa electoral
El gobierno y los partidos del Congreso evitaron que el movimiento por Ayotzinapa se extendiera y radicalizara. Para eso fue central el accionar de las direcciones sindicales y populares, que se negaron a impulsar una huelga general política para tirar a Peña Nieto y esta democracia asesina del PRI, PAN y PRD. Incluso en la Asamblea Nacional Popular (ANP) -que planteó la Huelga General Política y la caída de Peña Nieto- la mayoría de sus organizaciones no propusieron una política ofensiva para unificar a los distintos sectores y derrotar al gobierno. Sin esto, demandar la caída de Peña Nieto resultaba meramente un deseo. Y ahora, la propuesta de boicotear las elecciones únicamente en Guerrero, como proponen algunas organizaciones, posibilita que en el resto del país se legitime al régimen político llamando a votar por alguno de sus partidos.
El gobierno está consciente de estas limitaciones. La clase obrera, por responsabilidad de sus dirigentes, no salió masivamente ni avanzó en la alianza con los campesinos y el resto del pueblo. Ante el asesinato de activistas como Gustavo Salgado en Morelos, no se despertó una movilización que cuestionara directamente al gobierno y a sus aliados, como el PRD.
Por eso, antes de que desvíen el descontento a través del engaño electoral, es necesario reagrupar fuerzas, enfrentar la ofensiva del gobierno y sostener una perspectiva común ante las elecciones.
Hay que levantar una política independiente que no ate la movilización a los intereses de los partidos del régimen. Un programa que llame a movilizar contra la carestía de la vida y los miles de despidos existentes; que frene las violaciones a los derechos laborales que hacen que millones de trabajadores se sumen al régimen de “outsourcing”. Que frene el ataque a los Contratos Colectivos de Trabajo y las modificaciones al apartado A, y que busque la alianza de las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Este programa no lo va a levantar ningún partido “opositor”, ni siquiera el MORENA, que pretende “democratizar” este sistema de opresión y miseria; ni aquellas direcciones sindicales enemigas de una lucha frontal contra el gobierno.
La Convención Nacional Popular fue un paso adelante. La misma puede ser la vía para reagrupar a los sectores resistentes en salud, petroleros, trabajadores del GDF, universitarios, entre otros. Para ampliar fuerzas y extender la lucha, la próxima Convención, a realizarse en abril, debería integrar a delegados rotativos y revocables votados en asambleas democráticas, y discutir un programa como el que planteamos antes, para unificar el descontento y los procesos de lucha de los trabajadores.
Desde el MTS propondremos allí impulsar un gran movimiento nacional -y que la CNP se ponga a la cabeza de ello- para que en las próximas elecciones seamos millones los que repudiemos la trampa electoral anulando el voto con la consigna “Nos faltan 43” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.