MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

En las últimas semanas se ha evidenciado, una vez más, que bajo la presidencia de Felipe Calderón avanzó la subordinación económica, política, diplomática y militar de nuestro país a los Estados Unidos. La operación Rápido y Furioso, de la Agencia para el Control de Armas (ATF, por sus siglas en inglés) gringa, permitió el ingreso de miles de armas a México, supuestamente con el objetivo de descubrir las redes de tráfico ilegal binacionales, lo cual se convirtió en un verdadero escándalo que echó luz respecto a la injerencia estadounidense en el país.

Al mismo tiempo, la difusión pública de vuelos de reconocimiento de aviones espías (los llamados “drones”) y de la acción de agentes de inteligencia yanquis en el territorio nacional, todo lo cual ha sido autorizado por Calderón, muestran que México se ha abierto, cada vez más, a la acción de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses. Estos son sólo algunos casos –los que han trascendido– que evidencian la subordinación de la administración panista a los dictados de la política de seguridad norteamericana. Este sometimiento es complemento de la semicolonizacion económica a favor de las transnacionales y del alineamiento del gobierno federal respecto a la política exterior estadounidense, como mostró secundando en la ONU la intervención imperialista en Libia.

Para la Casa Blanca, profundizar la “asociación” con el gobierno mexicano en “la lucha contra el crimen organizado” es el discurso bajo el que se disfraza esta injerencia, que apunta a dictar los términos de la política de seguridad mexicana y a evitar que llegue a su propio territorio la inestabilidad causada por la “guerra contra el narco” que ellos mismos alientan. Más estratégicamente, esta injerencia descarada busca afianzar la dependencia y la semicolonizacion del país en todos los terrenos (desde el económico hasta el militar) y soldar férreamente el alineamiento de lo que consideran su “patio trasero”, en un contexto donde el imperialismo estadounidense intenta recomponer su hegemonía sobre el conjunto del continente, como muestra la reciente gira de Obama por América Latina.

La renuncia de Carlos Pascual

El rol de la embajada yanqui en México tradicionalmente ha sido el de monitorear la política de Los Pinos y ser el transmisor de los dictados (disfrazados de “consejos” y “sugerencias”) de la Casa Blanca. Esto se ha mantenido con la llegada de Barak Obama, mostrando que, bajo gobiernos republicanos o demócratas, la orientación del imperialismo estadounidense hacia nuestro país ha sido la misma.

Después de que trascendieron los cables divulgados por Wikileaks, las protestas de Calderón contra el embajador Carlos Pascual y la renuncia de éste, aceptada por la administración de Obama, lejos de significar actos de “soberanía nacional”, buscan preservar al gobierno mexicano ante el escándalo que representa semejante intromisión y quitar algo de la imagen, ampliamente justificada, de que es un títere de la Casa Blanca. Ello no modifica en lo más mínimo el rol injerencista que continuará asumiendo la embajada estadounidense ni la subordinación de Calderón, ratificada en su reciente viaje a Washington.

La reaccionaria “colaboración” con EE.UU.

Bajo la llamada “colaboración” en materia de seguridad, el gobierno mexicano se apoya cada vez más en la inteligencia estadounidense para afinar su estrategia de militarización en el país, cuyo objetivo último –junto a la contención de las confrontaciones con y entre los carteles del narcotráfico–, es recortar aún más las libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo.

Una de las mayores muestras de esto la vemos en la ocupación policiaco militar de ciudades del norte del país, como es el caso de Ciudad Juárez. En ese sentido, las “opiniones” de la embajada estadounidense –filtradas por Wikileaks– en torno a las medidas a adoptar en Cd. Juárez, muestran la preocupación estadounidense por influir en esta política de militarización.

La injerencia imperialista en el terreno de la seguridad y la política entreguista de Calderón, se orientan directamente contra las grandes mayorías populares, buscan instituir de hecho un estado de sitio (particularmente en los estados del norte del país), y respaldan el saqueo que las transnacionales realizan sobre los recursos naturales y energéticos de México.

Alto a la injerencia imperialista

Ante escándalos como el operativo Rápido y Furioso, el PRI, el PRD e instituciones como el Congreso de la Unión, condenaron la “violación de la soberanía”. La hipocresía de los partidos patronales no tiene límites. Priistas como la ex canciller Rosario Green y otros, pretenden aparecer como “defensores de la soberanía nacional” cuando, en los sexenios previos, fueron quienes prepararon el terreno de la actual subordinación, por ejemplo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de los acuerdos en seguridad y cooperación militar. El PRD, por su parte, nunca ha ido más allá de denunciar los aspectos más escandalosos de la injerencia de EE.UU., pero sin cuestionar las bases estructurales de la subordinación económica, financiera y política al imperialismo yanqui, como el pago de la deuda externa, la “apertura comercial”, etc. Por su parte, aunque López Obrador ha planteado que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto de la soberanía y la “cooperación para el desarrollo”, su propuesta se limita a “revisar” el TLC y construir nuevas refinerías, sin afectar en lo fundamental los intereses del imperialismo y las transnacionales.

Ante ello, es necesario que las organizaciones obreras y populares levanten un programa político que ataque radicalmente la dependencia y subordinación al imperialismo. Que plantee la ruptura de todos los pactos y acuerdos militares y de seguridad (incluyendo la Iniciativa Mérida y la participación en los ejercicios conjuntos con Estados Unidos), la expulsión inmediata de todas las agencias de inteligencia yanquis y el control de la frontera contra la injerencia militar estadounidense, como las primeras y elementales medidas.

Pero esto debe ir más allá. Se debe cuestionar la dependencia y sujeción económica, financiera y política al imperialismo, para lo cual hay que luchar, en primer lugar, por la ruptura del Tratado de Libre Comercio, por dejar de pagar la deuda externa y nacionalizar –sin indemnización y bajo control de sus trabajadores— las áreas de la economía (desde la producción primaria hasta el transporte y las comunicaciones), en manos de las transnacionales imperialistas. A estas medidas son contrarios no sólo el PAN, sino también los “opositores” del PRI, el PRD y AMLO, e instituciones como el Congreso de la Unión. El camino para imponer estas medidas es la movilización en las calles de los trabajadores y sus aliados, los oprimidos y explotados del campo y la ciudad. Para los socialistas de la LTS, esta lucha sólo puede ser llevada hasta el final y garantizada por un gobierno obrero, campesino y popular, que rompa con el imperialismo y avance en la expropiación de los expropiadores.