MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Guatemala
La “justicia” quiere que el genocida Ríos Montt quede impune
Aldo Santos

El pasado 5 de enero fue postergado el juicio pendiente contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala como presidente de facto de marzo de 1982 a agosto de 1983, al frente de una de las dictaduras militares más sanguinarias de América Latina.

Éste ya había sido condenado en mayo del 2013 a 80 años de prisión, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por haber ordenado la masacre de 1,771 indígenas. Pero diez días después, sin tener competencia para ello, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia con el pretexto de que hubo errores en el proceso y dispuso que debía realizarse un nuevo juicio a principios de este año.

Sin embargo, el juicio (que debía iniciar el 5 de este mes) fue pospuesto por un tribunal debido a que la defensa acusó a la juez, Jeannette Valdez, de no ser imparcial por haber hecho su tesis doctoral sobre el genocidio. Valdez tuvo que dejar el caso y decenas de otros jueces no han querido involucrarse por temor o complicidad con los crímenes de la dictadura.

Recientemente, la justicia ordenó al ex dictador someterse a exámenes médicos, dado su delicado estado de salud. Diversos organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales han denunciado los recursos interpuestos por la defensa como tácticas dilatorias para que el genocida quede impune.

Mientras tanto, la juez Yassmín Barrios, quien condenó a Ríos Montt en el 2013, fue suspendida un año como abogada y obligada por un tribunal a pagar una multa de 5 mil 40 quetzales (unos 650 dólares), acusada de haberle “faltado el respeto” a un abogado de la defensa.

La condena a Ríos Montt en el 2013 fue un logro de la histórica lucha por justicia de los sobrevivientes de la dictadura, las organizaciones de la “sociedad civil” y los organismos de Derechos Humanos.

La anulación de esta condena y las maniobras legales, avaladas por los tribunales, para evitar que el genocida sea enjuiciado nuevamente, muestran que la “transición a la democracia” en el empobrecido país centroamericano -impuesta tras los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996-, lejos de justicia y democracia para el pueblo sólo les ha garantizado impunidad a los militares de la dictadura, responsables del asesinato y la desaparición de más de 200 mil personas.

El objetivo de la dictadura era preservar el orden y la subordinación del país a las trasnacionales, como la United Fruit, para lo cual requería contener la influencia de la guerrilla mediante el terror contra la población civil, mayoritariamente indígena.

Lo que la “justicia” pretende evitar es que una reedición del juicio a Ríos Montt ponga en cuestión nuevamente a las Fuerzas Armadas, que siguen cumpliendo en “democracia” su papel como pilares del régimen burgués y lacayos del imperialismo. Sólo la movilización obrera y popular en las calles puede imponer el juicio y castigo a todos los militares asesinos.