MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Los familiares afectados, algunos diputados y la CNDH han denunciado que en muchos casos se altera incluso la identidad de las víctimas para incluirlos en los miles de mexicanos prescindibles, incluidos en las listas de sicarios, que en la lógica de la guerra contra el narcotráfico son utilizados como carne de cañón.
Recientemente, el pasado 29 de octubre, la Policía Federal disparó en contra de los participantes de una Caminata contra la muerte en Ciudad Juárez, baleando a Darío Álvarez de 19 años, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, violando además, la autonomía universitaria. Esto es una clara muestra de que la militarización que se escuda en la “guerra contra el narco” busca reprimir y atacar, con toda la fuerza del estado, a la juventud, los trabajadores y los sectores populares. Pero este hecho tiene numerosos antecedentes en los meses previos.
El 30 de enero 16 jóvenes fueron masacrados en una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. El 4 de abril dos niños de 5 y 9 años murieron por soldados que dispararon a su familia que pasó por un retén en su viaje a Matamoros. El 3 de septiembre de 2009, 18 jóvenes fueron fusilados en el centro de rehabilitación para drogadictos El Aliviane en Ciudad Juárez. Dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron acribillados por militares, el 19 de marzo. El 22 de octubre 14 jóvenes más murieron asesinados y 20 más resultaron heridos, cuando un grupo armado ingresó a dos viviendas de Ciudad Juárez donde había una fiesta y disparó indiscriminadamente contra todos. En el barrio de Tepito, otros seis jóvenes fueron acribillados el 27 de octubre cuando un comando disparó contra un grupo de siete personas, donde sobrevivió uno de ellos. Cinco trabajadoras murieron y 14 resultaron heridas el 28 de octubre, cuando un comando disparó contra tres camiones de una maquiladora Ottawa Eagle, también en Ciudad Juárez.
Todas son víctimas de la militarización y las acciones del ejército, “uso indiscriminado de la fuerza pública”, dice con moderación la CNDH. En realidad estos hechos destapan el alarmante aumento de jóvenes asesinados durante el sexenio actual, llamados ya juvenicidios, donde el gobierno no logra probar alguna vinculación criminal de las víctimas. Por el contrario, la mayoría de los homicidios en los últimos dos años fueron cometidos contra personas desarmadas, sin enfrentamiento de por medio.
Es clara la negligencia que prevalece en el Estado; con sólo 200 averiguaciones previas en cuatro años, para las casi 30 mil muertes pendientes de investigación, lo que hace un 95 por ciento de asesinatos impunes. Es decir, cientos de criminales militares y policías libres, sin juicio y castigo.
Además tres mil 700 menores han quedado huérfanos de uno o ambos padres en el mismo contexto y más de 400 niños, niñas y adolescentes reclutados actualmente por el crimen organizado, tan sólo en Ciudad Juárez. En la mayoría de los casos, como pasa con los asesinatos de mujeres en todo el país, lo que impera es la impunidad, indolencia y desprecio de las autoridades. Igualmente la simulación de justicia y la fabricación de culpables o chivos expiatorios, por eso se comienza a hablar de juvenicidios. En este marco además, en el norte del país se han registrado varios asesinatos de dirigentes y luchadores sociales.

Ser joven, pobre y vivir en México equivale a una sentencia de muerte

Diversas condenas han surgido frente a los asesinatos masivos de jóvenes en Baja California, Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal. Madres y familiares de las víctimas responsabilizan de los asesinatos a Calderón. Diputados y Senadores han llamado a esclarecer algunos de los hechos más escandalosos y llaman al gobierno a revisar su “estrategia de combate al narcotráfico”.
Pero evidentemente no es un problema de “estrategia”, pues el millonario negocio del narco cuenta con innumerables ramificaciones con sectores del propio Estado.
En México cerca del 5% del PIB, el equivalente a unos 49 mil 342 millones de dólares anuales, son las ganancias del narcotráfico, de las cuales el 85% se quedan en los Estados Unidos y sólo el 1% es incautado por autoridades mexicanas.
En tanto, los últimos dos años se incrementó el desempleo entre la juventud un 38%, 270 mil jóvenes se sumaron a las filas de desempleados del país. Mientras los que laboran carecen de derechos laborales, con bajísimos salarios y proclives a sufrir despidos, sin ninguna implicación legal para los patrones. Este año, el desempleo en los jóvenes alcanzó los 950 mil, según el INEGI. Asimismo son miles excluidos cada año de la educación, por los exámenes-filtro que les niegan este derecho. Y con la violencia militar, policial y paramilitar, Calderón ha demostrado, que bajo su gobierno, ser joven y pobre equivale a una sentencia de muerte.
Cualquier iniciativa legislativa para combatir el lavado de dinero o la corrupción, no combate a fondo los profundos vínculos del narco con asociaciones religiosas, partidos políticos, candidatos a puestos de elección popular e instituciones públicas y privadas. Pero sobre todo no tiene la intención de acabar con las millonarias fortunas generadas por este mercado, como expresó Calderón con su oposición a la despenalización de la mariguana en Estados Unidos.
Fuertes han sido las acusaciones hacia los líderes de la iglesia en el norte del país en relación al vínculo con grandes líderes del crimen organizado. El arzobispo de Durango reconoció públicamente conocer al Chapo y son por todos conocidas las cuantiosas sumas de dinero recibidas por la Iglesia para construcciones en el norte del país. Es un solo ejemplo en una institución, de los muchos que existen en todo el país.

La violencia es inherente al estado capitalista y se ha profundizado en medio de la fuerte derechización del gobierno panista y su política antidemocrática y de militarización en todo el país, con miles de soldados actuando en las calles, tan sólo 10 mil en Ciudad Juárez.
Esta situación de ofensiva represiva y militarizada contra la juventud, debe llevarnos a cuestionar la violencia de las políticas laborales y económicas contra los trabajadores y el pueblo oprimido.
La extinción de Luz y Fuerza; la impunidad patronal en Pasta de Conchos, el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán; la negligencia gubernamental en las guarderías del país, que derivo en la tragedia de la ABC; la militarización de todo el país que ha ocasionado violaciones de mujeres, asesinatos y heridos de la población; los miles de jóvenes rechazados de la educación, el fortalecimiento de las fronteras, con múltiples violaciones a derechos de miles de migrantes; los feminicidios en todo el país; las mujeres presas por aborto (niñas criminalizadas de hasta 12 años); la protección a pederastas a manos del gobierno y la Iglesia; etc.
Es fundamental que llamemos a la juventud a la organización y movilización contra la militarización y por su derecho a la vida. Una vida con educación, salud, trabajo, diversión y cultura, sin represión, sin exclusión. En una lucha donde la militarización de las fronteras y los planes económicos nos muestran la necesidad de una lucha antiimperialista.
Los jóvenes a pesar de la represión y el hostigamiento, se han comenzado a levantar en varios estados del país, en protestas contra la militarización y por el juicio y castigo de los responsables por los asesinatos pasados. Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, debemos dar nuestro respaldo a su lucha y proteger su vida.
Toda nuestra solidaridad activa, en las calles, con desplegados y toda medida que garantice un cese a la impunidad de este gobierno represor.

Alto a la militarización del país. Fuera el ejército de las calles. Repudiemos toda clase de criminalización de la juventud y los luchadores sociales. Exijamos juicio y castigo a los asesinos de la juventud, las mujeres y el pueblo trabajador en Ciudad Juárez. Abajo las leyes xenófobas, racistas y anti-migrantes Alto a los juvenicidios. Alto a los feminicidios. Alto la paramilitarización de las fronteras. Por la movilización y la lucha para enfrentar los planes del gobierno y la crisis capitalista Por la resistencia a los planes imperialistas