MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Después de la multitudinaria movilización del 8 de mayo, la caravana y la reunión nacional en Cd. Juárez, son una oportunidad para organizar un gran movimiento nacional contra la militarización, al servicio de lo cual presentamos este articulo y nuestras propuestas.

Uno de los documentos bajo los que se convoca a la caravana y la reunión de Ciudad Juárez, presentado por Javier Sicilia, propone un pacto nacional ciudadano y un diálogo con el gobierno. Partiendo de denunciar correctamente aspectos de la política gubernamental en su llamada “guerra contra el narcotráfico”, les exige a los gobiernos federal y estatales reformas políticas, legislativas, judiciales y económicas, orientadas a “cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos”.

El documento busca una reforma de la política de seguridad y justicia del Estado, y una democratización de las instituciones; considerando que esto puede realizarlo el gobierno federal y los partidos del Congreso, a los cuales hace la “exigencia” de las medidas propuestas. Representa una política reformista, sobre el supuesto de que el gobierno y el régimen antidemocrático pueden asumir una política que considere los intereses de las grandes mayorías.

Reformar la política de seguridad o luchar por derrotarla

Desde la LTS, mientras impulsamos activamente las movilizaciones y somos parte de la COMECOM, creemos que se requiere de una perspectiva distinta a la que se propone en el documento mencionado.
La política del gobierno es parte de una orientación para atacar las conquistas laborales y sociales, las libertades democráticas y profundizar la subordinación a Estados Unidos. Las instituciones, como el poder judicial y el legislativo, son parte de este ofensiva contra las grandes mayorías populares. “Exigirles” que se reformen sólo llevará al movimiento a un callejón sin salida, pues induce a la confianza en que las mismas instituciones responsables de este ataque, se “democraticen” y actúen a favor de los explotados y oprimidos.

Bajo esa orientación, las medidas propuestas no enfrentan contundentemente a las instituciones responsables de la represión, la militarización y el encubrimiento de los feminicidios y juvenicidios. Acciones como el “control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad”, o “la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera”, podrían eventualmente ser adoptadas por el Ejecutivo y/o el Congreso de la Unión, pero ello ni siquiera nos acercaría a la resolución genuina y real de las aspiraciones populares, que demandan poner un alto a la antidemocracia, la represión y la militarización. Los partidos del Congreso podrían incluso asumirlas como transformaciones “cosméticas” del régimen, para entrampar y desviar la movilización tras la ilusión en su auto-reforma.

De igual manera, tampoco se puede pretender que los militares y policías garanticen la seguridad: allí están los ejemplos de Maricela Escobedo, de los migrantes secuestrados y asesinados con la participación de militares y policías, o los abusos contra los pobladores de Cherán. Los y las activistas de Ciudad Juárez saben bien que Calderón se “comprometió” a erradicar la “inseguridad” y desde que el ejército está en las calles crecieron los asesinatos y abusos contra la población. Las fuerzas armadas no cambiarán su carácter: son el pilar de la represión contra los trabajadores, la juventud y el pueblo, esto es, “el brazo armado de los explotadores”. Pensar que pueden actuar con “un enfoque apegado a los derechos humanos” (como plantea la propuesta del “pacto ciudadano”) lleva al movimiento a confiar en las trampas y maniobras del gobierno y los partidos patronales.

El corolario de esta perspectiva es la propuesta de una “democracia participativa”, lo cual crea la ilusión de que el pueblo será tomado en cuenta por los representantes del gran capital, a través de referéndums y consultas populares y ciudadanas. Los proyectos de “democracia participativa” apelan a un modelo que no cuestiona el hecho de que las instituciones están al servicio de los capitalistas y las transnacionales.

LAS TAREAS POR DELANTE

Desde la LTS, consideramos fundamental que la reunión del 10 de junio resuelva un programa y una política que enfrente a Calderón y las instituciones de este régimen. Nada tenemos que esperar de un pacto con el gobierno ni de reformar a esta podrida “democracia para ricos”; ya los zapatistas, los trabajadores electricistas, los ejidatarios de Atenco y los mineros de Cananea son ejemplos de que nada bueno puede venir de Los Pinos y el Congreso de la Unión.

Resolvamos un programa que, partiendo de denunciar la militarización y el recorte de las libertades democráticas (como las reformas a la Ley de Seguridad Nacional) enarbole la bandera de: Fuera el ejército de las calles, y disolución de las fuerzas represivas del Estado.
Que ante la criminalización de la protesta social, luche contra la represión, por la libertad de los presos políticos, y por la solidaridad con los movimientos que – como el SME o las comunidades de Chiapas- sufren los ataques del gobierno.

Que se ponga de pie para enfrentar enérgicamente los feminicidios y los juvenicidios, por el juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de miles de trabajadores, jóvenes y estudiantes durante la llamada “narcoguerra”, lo cual sólo puede ser garantizado a través de la lucha en las calles.

Que frente a la expansión del narcotráfico y la complicidad entre éste y sectores del Estado; pelee por la expropiación de todos los bienes y capitales de los cárteles del narcotráfico, de los empresarios “legales” asociados con los mismos y de los funcionarios que se enriquecieron como socios de los narcos. Con ello, crear un fondo para las familias afectadas por la violencia de los narcos y el gobierno, administrado libremente por las mismas.

Un programa que, ante la militarización y la acción de las bandas de narcotraficantes, sostenga que no hay que depositar ninguna expectativas en que el Estado nos “defienda”; y que por eso hay que impulsar la organización de comités de autodefensa, a partir de las organizaciones sindicales, populares, juveniles y estudiantiles, integrando las formas propias de las comunidades (como en el caso de Cherán).
Y que plantee que hay que acabar con la miseria, la opresión, el desempleo y la explotación, muestras de la brutal degradación capitalista, sobre la cual se extienden las redes sociales del narcotráfico. Frente a lo cual hay que movilizarse contra los responsables de esta situación: el gobierno, los partidos patronales y sus instituciones como el Congreso de la Unión, que aplican los planes mandatados por el imperialismo norteamericano, luchando por una salida favorable a los trabajadores, los campesinos, la juventud y el conjunto del pueblo. En ese camino, es fundamental pelear contra la subordinación a los dictados de EE.UU., los cuales se expresan en la política de seguridad (como en la Iniciativa Mérida) y contra los pactos y acuerdos que nos subordinan y arrojan a la miseria a millones de campesinos, indígenas y trabajadores, como el TLC y el pago de la deuda externa.

Pacto con los empresarios o alianza con los trabajadores y el pueblo

Para construir este movimiento nacional, hay que definir claramente quienes son nuestros aliados. La propuesta de pactar con la “sociedad civil” formulada por Javier Sicilia, permite que ingresen al movimiento, empresarios como Miranda de Wallace, Martí y otros, fervientes partidarios de la política de mayor seguridad, y paleros del gobierno.
Desde la LTS consideramos que nada podemos esperar de estos capitalistas que, aunque ahora se vistan de “democráticos”, sólo buscan garantizar la estabilidad para sus negocios y son promotores de fuerzas represivas “profesionales” y “depuradas”, contra los trabajadores y el pueblo.
Si queremos luchar por libertades democráticas y por poner un alto a la militarización, hay que construir una gran alianza nacional con los trabajadores, junto a los campesinos, los indígenas, los estudiantes y sus organizaciones independientes. Son los trabajadores y sus organizaciones sindicales, las que pueden paralizar el país, mediante una huelga nacional contra la militarización y las reformas reaccionarias –desde la reforma a la Ley de Seguridad Nacional hasta la Reforma Laboral- que atacan las conquistas laborales, sindicales y las libertades más elementales.

Para impulsar esta perspectiva, la de un pacto con las organizaciones obreras, campesinas y populares, es que desde la LTS realizamos la propuesta de que este 10 de junio en Ciudad Juárez, pongamos fecha a un gran Encuentro Nacional contra la militarización, invitando a organizarlo conjuntamente al SME, la CNTE y las demás organizaciones obreras y sociales, como los sectores que luchan contra los feminicidios. De realizarse dicho Encuentro –que propondríamos se organice con delegados revocables y con mandato- podríamos acordar un plan de lucha.

Proponemos construir comités contra la militarización en cada barrio, comunidad, colonia, centro de trabajo y de estudio. Así, en la unidad y el esfuerzo, esta lucha puede potenciarse con la coordinación y los acuerdos que de forma independiente y confiando en la organización para la lucha contra los ataques del gobierno, debemos lograr ahora y en el futuro.
Busquemos la unidad con las organizaciones que nos permitan convocar a un gran paro nacional contra la militarización, contra la reforma laboral y los planes contra nuestros derechos y conquistas.