MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Ulises Ruíz concluye su mandato en la impunidad, Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dos casos de desaparecidos políticos sin resolver, se suman a la lista de múltiples violaciones a los derechos humanos: tortura, encarcelamiento a luchadores sociales, desapariciones políticas y con nuevos grupos paramilitares en el estado.

Por Sandra Romero (Agrupación de mujeres Pan y Rosas)

Desde el 25 de mayo de 2007, el gobierno de Ulises Ruiz desapareció a Edmundo Reyes Amaya (Andrés) y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (Raymundo Rivera Bravo), ambos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La Comisión de Mediación (COMED) entre el EPR y el gobierno federal, confirmó el 11 de noviembre lo que sabíamos hace 42 meses: que los eperristas sí sufrieron desaparición forzada y que esto forma parte de una responsabilidad más del gobierno asesino de Ruiz. Dice Pablo Romo Cedano, miembro de la COMED que “estamos delante de una responsabilidad por acción u omisión del Estado para hacer una investigación acerca de su paradero”.

La CNDH abrió un expediente con las diligencias de la investigación realizada, donde resaltan, fechas, hechos, instituciones de gobierno implicados, además de las contradicciones entre las autoridades, respecto a la detención y desaparición de Edmundo y Alberto.

Diversas dependencias participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007, donde fueron detenidos los dos activistas por un grupo de al menos 70 elementos policiacos de las fuerzas de reacción y miembros del Ejército; posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la PGJ del estado el 25 de mayo. Este fue el último momento en que se les vio con vida (como denunció el EPR, desde un principio). Hechos que las autoridades no lograron desmentir. Al contrario, la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, la PGJ del estado y la Dirección del Servicio de Emergencia 066 de Oaxaca, a la fecha no han efectuado acciones concretas para ubicarlos. Mientras el gobierno de Oaxaca, se niega a aceptar la misma recomendación de la CNDH pidiendo acciones para encontrarlos.

En un comunicado, la COMED explica que el seguimiento realizado por la CNDH , demuestra que tras la desaparición de los luchadores en los separos, elementos de la PGJ de Oaxaca realizaron 19 llamadas telefónicas cinco meses posteriores a su desaparición, provenientes del celular de Reyes Amaya. El informe de la CNDH 07/2009 describe: “…Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (de la PGR ), hizo constar que en relación al teléfono que llevaba el señor Edmundo Reyes Amaya ó Andrés Reyes Amaya, el 12 de noviembre de 2007, esa representación recibió el informe de una compañía de servicio de telefonía celular, en el que se describe que del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2007 estuvo activo dicho teléfono; esto es, hasta cinco meses después de su desaparición y (del mismo) se realizaron 19 llamadas a cuatro números telefónicos diferentes, uno de ellos fijo, en el DF, cuyos datos de ubicación se precisan en la lista de claves y que corresponde al de una persona de nombre (TPGR-4) de origen israelí y a tres celulares con números de Oaxaca, cuyas llamadas dan la ubicación de una radio base de la Ciudad de México”.

Ante esta única evidencia, se podría de inmediato dar con los responsables, sin embargo la justicia estatal se negó a hacer comparecer a la persona “TPGR- 4” para aclarar éstas llamadas y la identidad de quienes las realizaron e incluso estos hechos no derivaron en una investigación concreta al respecto.

En Oaxaca, si no primara la absoluta impunidad al servicio de los poderosos y sus fuerzas represivas, distintos servidores públicos y mandos policíacos serían sospechosos inmediatos por su participación en aquel operativo, así como todos los responsables por omisiones o mentiras en las investigaciones.
Sin embargo, tras 18 meses de investigación de la COMED y las evidencias de la CNDH , la PGJ y el gobierno de Ulises Ruíz han obstaculizado toda investigación que lleven a un responsable con nombre y apellido. La COMED concluye con la confirmación de desaparición forzada y hace un llamado al gobierno a reparar el daño a los familiares y realizar una verdadera búsqueda de los activistas.

Guerra sucia, robo al erario e impunidad, la constante de Ulises Ruiz

El gobierno de Ulises Ruiz concluye su administración con uno de los cinco presupuestos más altos del país, con una deuda pública que al comenzar su mandato era de 800 millones de pesos en 2004 y ahora llegó a 6 mil millones de pesos. Oaxaca concentra 48 de los 100 municipios más pobres del país, en condiciones de alta marginación y pobreza. Acumuló por lo menos una veintena de asesinatos a líderes sociales, todos impunes. Sus fuerzas policíacas y el Ejército abusaron y acosaron constantemente a las mujeres. En la lucha de la APPO , el gobierno encarceló a un millar de activistas, muchos condenados sin pruebas, más los desaparecidos y asesinatos políticos, sin contar con el número de dirigentes y maestros que han tenido que huir del estado. Sin olvidar que el Instituto Federal Electoral encontró culpable al aún gobernador, por procesos electorales irregulares en el 2009 y el 2010.

En este contexto Ruiz termina su sangriento mandato y con ello culminan 80 años de gobiernos priistas en Oaxaca.
Su cínica despedida se da con spots televisivos donde señala el éxito de su gobierno “a pesar que algunos grupos nos quisieron desestabilizar”, en alusión a la lucha de la APPO del 2006, que recuerda la época de la guerra sucia, la de oídos sordos y manos asesinas. Y finaliza con la advertencia “nos veremos pronto”. Ahora mismo Ruíz respalda la propuesta de Humberto Moreira, actual gobernador de Coahuila, para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Un mandato plagado de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, no podría existir sin la complacencia del gobierno panista de Felipe Calderón, cómplice y copartícipe de los planes de miseria y la represión en el estado y de la militarización y persecución a las luchas en todo el país. El de Ulises Ruíz es el gobierno que reprimió violentamente la heroica Comuna de Oaxaca, con el apoyo irrestricto del gobierno federal, y quien los meses previos, ha promovido la actuación paramilitar sobre San Juan Copala.

Es fundamental que la APPO , las organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas, indígenas y de derechos humanos nos organicemos para luchar contra la represión en Oaxaca y todo el país. Junto a los familiares de desaparecidos es importante impulsar una comisión de la verdad independiente que investigue los casos de desaparición forzada, asesinato y tortura.

No podemos esperar que las Procuradurías estatal y federal, ejecutoras de la represión contra la protesta social, hagan justicia. Es necesario retomar el camino de la movilización, sumando los esfuerzos que a nivel nacional ya se organizan contra la represión.

Las organizaciones en lucha en Oaxaca, la reciente creada Coordinadora Estudiantil en solidaridad con Ciudad Juárez y contra la militarización y todas las organizaciones que enfrentan la represión, debemos convocar a un Encuentro Nacional contra la Represión , cuyo primer paso sea formar una Coordinadora Nacional contra la represión, basada en las organizaciones de derechos humanos, democráticas, sociales, obreras, populares y estudiantiles.

Además es fundamental impulsar una jornada nacional de lucha por la presentación de los desaparecidos, la desmilitarización de todo el país, la disolución de los grupos paramilitares, la disolución de los grupos paramilitares en San Juan Copala y todas las comunidades en lucha y la libertad de todos los presos políticos.

Presentación de todos los desaparecidos políticos del gobierno de Ulises Ruiz. Así como de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Realidad del gobierno de Ulises Ruiz:
4 Periodistas asesinados: Brad Will, Raúl Marcial Pérez, Teresa Bautista, Felicitas Martínez
7 desapariciones forzadas
9 solicitudes de juicio político
14 recomendaciones de la CNDH ignoradas
40 controversias ante SCJN
380 casos de tortura
600 detenciones sin orden judicial
200 activistas muertos

* Algunos de estos datos son cercanos u oficiales