MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Las recientes reformas aprobadas en materia de justicia por la Cámara de Diputados a los artículos 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, están al servicio de imponer los planes del gobierno y contener el descontento contra la degradada democracia para ricos. Esto sobre la base de mayor control policíaco y represión pasando sobre la libertad de las personas y los derechos humanos, bajo el pretexto de la reforma al sistema judicial penal, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

A simple vista, varios de los criterios para la reforma judicial se pensarían benéficos, por ejemplo la «igualdad procesal» entre la victima y el indicado. Sin embargo esto resulta ser una mera ilusión cuando vemos que cualquier sujeto, bajo las nuevas facultades concedidas al Ministerio Publico y a las diferentes policías, puede ser vinculado a un proceso penal ante un juez bajo la mera sospecha o la supuesta flagrancia.

La reforma permitirá al Ministerio Publico y a las policías hacer de la sospecha un elemento legítimo para actuar arbitrariamente contra las personas, por la sola presunción de que éstas supuestamente tienen relación con un delito sin que en el momento mismo éste se demuestre, pero en tanto, serán vinculadas a un proceso penal. También genera permanente amenaza de acción de tipo persecutoria y punitiva contra las personas, sus organizaciones y sus cosas, sin restricción alguna para las autoridades. Esta reforma se asemejara a la llamada Acta Patriótica que el Congreso de EE.UU. aprobó para imponer un estado de excepción permanente en Estados Unidos durante y después de la guerra contra Irak.

La Constitución (la misma que está al servicio de defender la propiedad privada) es explícita al imponerle, en relación a la persecución y punidad sobre los delitos al Ministerio Público, los Jueces Penales y las policías un no hacer por parte de estos, a menos que satisfagan todos los requisitos previstos por la Constitución, lo que para los ciudadanos implican derechos.

Pero, con la reforma, el Ministerio Publico podrá activar una orden de aprehensión, allanar domicilios, decretar el arraigo, por considerarlas necesarias para actuar sobre «la delincuencia», pero exactamente resulta lo contrario pues cualquier persona puede ser detenida o vinculársele a un supuesto acto delictivo sin restricción alguna para los cuerpos represivos y judiciales, tal cual la constitución hoy lo impide. Ello es contrario a los derechos mínimos democráticos que la propia Constitución burguesa establece y los pactos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, tales como el respeto a la persona, su integridad, su libre organización, etc.

Con esto se demuestra lo antidemocrático y antipopular del gobierno de Calderón y los partidos PAN y PRI (avalados por parte de la bancada del PRD en el Congreso), que legalizan las practicas represivas y restrictivas contra las libertades y derechos humanos de las personas que han venido implementando en los últimos años sus fuerzas represivas como la policía, el ejercito y sus jueces, de tal manera que exista mayor control sobre las personas y sus derechos, es decir, que preparan sus instituciones para poder responder de forma represiva y sin restricciones legales.

Pero al legalizar las prácticas que llevan adelante (por ejemplo en Oaxaca o en Chiapas), el estado burgués y sus instituciones se preparan para nuevos escenarios en la lucha de clases, elevando a nivel constitucional su accionar represivo y antidemocrático contra el pueblo trabajador, los oprimidos y explotados de este país, y contra aquellos que se atreven alzar la voz.

Por esto debemos de comenzar a poner en pie organismos democráticos para denunciar y enfrentar la represión, luchar por la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos. En este sentido el Frente Nacional Contra la Represión es un paso muy importante que hay que fortalecer.

Fuentes:
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-VIII, martes 11 de diciembre de 2007
Periódico La jornada 13 y 14 de diciembre de 2007.