MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Los alcances de la epidemia que azota al país fueron potenciados, en gran parte, por la tardanza del gobierno en enfrentar los primeros brotes que surgieron en el estado de Veracruz; por la descoordinación entre las autoridades sanitarias del país (ver el reclamo de la OMS a México) y, fundamentalmente, por la falta de un sistema de salud basado en programas de investigación epidemiológica, en una política estatal de laboratorios productores de vacunas, y programas de atención especial para los sectores afectados por la una epidemia. A ello se suma el manejo parcial y tendencioso de la información gubernamental que, hasta la fecha, confunde a todos con los “ajuste técnicos” proporcionados por la Secretaria de Salud, que redujeron notablemente las cifras iniciales sobre defunciones por el contagio; posiblemente ocultaron datos en torno a los reales alcances de la epidemia sobre el pueblo.
Es una epidemia que muestra las miserias del estado semicolonial subordinado a las grandes transnacionales, como la Smithfielf-Granjas Carrol (la creadora de puercos que tiene contaminado el medio ambiente en la región Perote-Puebla), empresa y que incluso ha sido sancionada en los EE.UU. por este motivo. Una transnacional que tiene compradas a las autoridades estales de esa región y las federales-, a cambio de apoyo económico para las campañas electorales de la “clase política”. La misma que se encarga de reprimir a los activistas ambientalistas que se oponen a la contaminación de las aguas y las tierras por los desechos porcinos.

Son siempre las capas más pobres de la población las que resienten estos flagelos, ya sean desastres sanitarios o naturales, contaminación de medio ambiente, etc. Así ha pasado con males como el dengue y la tuberculosis (de esta última, la OMS calculó que en el mundo murieron 1,6 millones de personas en 2005 por este mal). Y es que, el estado capitalista mexicano muestra su vulnerabilidad resultante de su dependencia y subordinación, no sólo por la política intervencionista del imperialismo norteamericano que integra cada vez a México a los planes de Washington, sino por la situación de su endeble sistema de salud caracterizado por su desmantelamiento gradual y, de los servicios de la seguridad social como el IMSSS y el ISSSSTE, en una avanzada privatización a favor de los consorcios de hospitales y clínicas particulares. Es una política subordinada a los intereses de los monopolios químico farmacéuticos transnacionales que repercute fuertemente en la salud de los que menos tienen, o no tienen nada. El estado dependiente se niega la posibilidad de contar laboratorios propios para investigar las cepas o muestras epidémicas, y para fabricar los reactivos y tipos de vacuna necesarios ante estas contingencias. Mientras potencias imperialistas como Francia cuentan con reservas antivirales para distribuirlas inmediatamente al 52 por ciento de su población; Inglaterra al 50 %; Japón al 45; y los EE.UU al 25 por ciento, México solamente puede hacerlo al 1 por ciento.
Lejos de ello, el gobierno de Calderón redujo el presupuesto público en materia de investigación tecnológica, pese a que estudios oficiales en el 2005 habían mostrado no solamente la inminencia de brotes de influenza y la posibilidad de mutación del virus, así como la necesidad de trabajar sobre la vacuna antiviral, detuvo este proyecto. Se limitó a contar con la asesoría de los laboratorios transnacionales, renunciando a contar con una infraestructura que lo hiciera autosuficiente en materia epidemiológica. Se plegó así, a los criterios globalizadores del Banco Mundial que, recomendó hacer “cambios” en el modelo de salud mexicano en función de la visión globalizadora de ese organismo financiero imperialista. Por lo que priorizó programas como el ineficaz y excluyente Seguro Popular que, además de ofrecer un catálogo de servicios básicos (un virtual dispensario grandote), no contempla atención a las epidemias, el cáncer, el sida y la leucemia. Y, al que se le asignó un 58.46 % del presupuesto público, mientras al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de enfermedad, se destinó solamente un 1.35% y, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el 0.77 % Esto, en un país donde la desnutrición actúa como caldo de cultivo de las epidemias, donde el 10% de los niños recién nacidos presentan este padecimiento, y cerca del 30% de la población de niños y adolescentes presenta alguna forma de la desnutrición. Problema que se expresa más crudamente en las comunidades indígenas y rurales del país. Ahora anuncia Salubridad que, para el año 2011 (cuando el destino nos alcance), fabricarán la vacuna contra el virus.

Esta política gubernamental muestra que la salud de la población no es prioritaria para la clase dominante y que solamente es un gran negocio en el capitalismo. Es decir, los desastres naturales y las epidemias, desnudan el carácter de clase del estado capitalista, y la barbarie a la que puede llegar la sociedad (la humanidad), si no intervienen los trabajadores y toman en sus manos la solución.

Unidad del régimen ante la estrategia del gobierno

El manejo distorsionado de la información que realizó el gobierno, impide tener una idea clara del desarrollo de la epidemia, y apunta a evitar conclusiones contundentes por parte de la población que la lleven a cuestionar directamente la forma en que el gobierno encara la crisis de salud.
El gobierno crea una sensación de inseguridad en la población para dejar todo en manos de la tutoría estatal y, después, mostrar que fue precisamente el control del estado sobre la situación (con todo y sus medidas impopulares), lo que actuó como “salvador” en esta emergencia. El llamado a la población a permanecer en sus casas, y a “aprovechar el tiempo para convivir con la familia”), es parte de esa política de control de masas. Todo ello, para no perder popularidad y terreno ante la proximidad de las elecciones del 5 de julio, y no quedar debajo del PRI en los sondeos. Pues, más allá de las hipótesis superficiales sobre una “conspiración gubernamental contra el pueblo” o, un “criminal distractor social”, que esgrimen principalmente algunos grupos de la “otra campaña”, sí hay escepticismo hacia el gobierno por la forma en que manejó la crisis epidémica. Tendencia que es alimentada por la deslegitimidad que arrastra Calderón desde el 2006, dado cómo llegó a la presidencia, pero no llega a ser un cuestionamiento popular. Tan sólo, la anunciada “estabilización” de la epidemia, es desmentida por más fallecimientos y la propagación de la epidemia a más estados del país (del los 16 registrados hasta el 2 de mayo, hoy son 28 los estados afectados).

Sin embargo, hasta ahora el gobierno tiene el control de la situación (sacó lecciones de la inacción del priísta Miguel de la Madrid en los sismos del´85) y está usando la complicidad de los monopolios de la información, para evitar que la desconfianza existente se profundice y devenga en crisis política. Y, aunque tarde, salió a ponerse al frente de la campaña mediática, y hasta cuestionó “enérgicamente” a los gobiernos que interrumpieron sus vuelos a México.
Para ello, apuesta al apoyo del gobierno de Obama que, pese a las presiones de su Congreso (dada el alza de contagios en ese país), se resiste a cerrar la frontera de los EE.UU con su vecino del sur y que, a diferencia de varios gobiernos latinoamericanos -Cuba entre ellos-, no canceló los vuelos hacia México. No pasará mucho tiempo en veamos el cobro de facturas del vecino IMPERIALISTA.
En lo interno, el gobierno cuenta con el respaldo de los partidos del Congreso de la Unión que, dada la situación y sus intereses parlamentarios, no quieren aparecer ante la opinión pública regateándole apoyo al presidente. Calderón aprovechó su investidura institucional para presionar políticamente a la dócil oposición parlamentaria, la cual se subordinó pensando tanto en preservar la estabilidad política, como en los costos electorales.
Y, aunque no se puede predecir cómo se desarrollará esta situación, es claro que hay unidad en el régimen sobre la respuesta oficial ante la crisis epidémica, la cual incluye inéditas medidas de excepción. El apoyo de los gobernadores a Calderón mediante la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de la CONAGO, es un aval político nacional que cierra flancos de conflictos. Igual rol cumple el viejo aparato charro, clave en esta coyuntura: el cual no sólo se disciplina a los planes anti-obreros, sino que avala la política oficial ante la epidemia, y le facilita las cosas al gobierno suspendiendo la marcha del 1 de mayo con el pretexto de la contingencia sanitaria.

La democracia burguesa muestra su degradación

Es este cierre de filas institucional, lo que le ha permitido a Calderón imponer la “dictadura sanitaria” que dirige la Secretaría de Salud, la cual concentra un poder gran poder político al que se subordinan los cuerpos de seguridad, las secretarias de estado y el Congreso. Son medidas bonapartistas de un régimen (del que el gobierno es una parte) que evidentemente tienden a inhibir la lucha social y a controlar la situación con decretos; y confirman -¡una vez más!- que con la “alternancia” no avanzó la democracia.
Estamos viendo una tendencia autoritaria por parte del gobierno que sirve, en perspectiva, para preparase para nuevos escenarios de la lucha de clases que los procesos electorales y los mecanismos de “participación democrática”, no puedan contener. Las medidas de excepción que impone el poder ejecutivo, sirven de ensayo a la burguesía como forma reaccionaria de enfrentar una emergencia social y política. Por ello probaron con los allanamientos en casas habitación; quieren naturalizar estas medidas. Las leyes votadas recientemente en el Senado – en medio de la crisis epidémica-, que facultan a la “nueva” Policía Federal para intervenir sitios, correos electrónicos, teléfonos particulares; a meter infiltrados en los grupos que el régimen considere de riesgo; a obtener los datos confidenciales de cualquier ciudadano, indican una fuerte tendencia al autoritarismo.
Esto es congruente con la política del panismo de profundizar la militarización y los mecanismos de coerción sobre los trabajadores y sus organizaciones. Ya antes, Calderón mostró esta política durante las inundaciones en Tabasco, amenazando –con el ejército al lado- a los que cuestionaron la negligencia del gobierno. Los decretos presidenciales y el darle un rol más preponderante a los militares, son la salida del gobierno para usar el poder del estado contra las masas trabajadoras, violando las garantías individuales más elementales que la misma Constitución burguesa consagra.
En esta etapa de decadencia capitalista, cada vez más, la lucha por los derechos laborales, sindicales, de la mujer, y contra los desastres naturales y las epidemias, pone al orden del día de la clase trabajadora la lucha contra el autoritarismo y la antidemocracia del régimen.

Una situación de crisis impredecible

La del gobierno, es una política –empírica- basada en la desinformación y en el factor tiempo, pues apuesta a que los brotes supuestamente controlados no se propaguen. Se juega a aislar totalmente los casos ya detectados y, en que virus de la influenza H1N1 no mute; esto último es algo impredecible dado que es sabido que puede modificar su estructura, y ocasionar que los virus ataquen de nuevo con un mayor efecto nocivo para la salud. Pero, la incertidumbre y un descontrol del brote epidemiológico pueden catapultarse sí, la anunciada estabilización de la epidemia del virus A-H1-N1 no se comprueba, pues es falso que se hayan controlado los brotes de “influenza humana”. El gobierno no tiene idea de las fases que vienen o de la probabilidad de un “rebote” de la epidemia, por lo que no estamos exentos, dicho sea sin alarmismos, de una crisis mayor (que ya es pandemia).
Una situación así, combinada con el descontento por los efectos de la crisis económica, puede debilitar el frente reaccionario en el régimen, y crear roces con la burguesía afectada en sus negocios por las medidas sanitarias (cierres indefinidos de establecimientos, gastos por adecuación de los mismos, etc.), en el Congreso y en el mismo gobierno, transformando la situación en una crisis social y política. De por sí, hay descontento de algunos sectores empresarial porque el gobierno no les cumplió con los apoyos financieros y fiscales para enfrentar la crisis como esperaban. Tan sólo, como muestra de los problemas del gobierno para impone control, el 48 % de las empresas de “actividades no prioritarias” en el país, desobedecieron la medida impuesta por el gobierno federal de cerrar sus negocios por la contingencia de salud. Ahora amenaza con hacer más despidos para “reponerse”.

Muy probablemente, la recesión que el gobierno vio como un “catarrito” económico, puede achicar mucho el margen de maniobra de Calderón, si se mantienen por más tiempo los efectos de la epidemia en la economía. Pues se sumaría a la recesión que mostró en marzo una caída del PIB de 7 %, y una inflación en abril -anualizada- del 4.7%. Y por más que el gobierno logre controlar momentáneamente el brote epidemiológico, sus secuelas económicas, políticas y sociales, lo golpearán y el proceso electoral –que hasta dos meses se podían afirmar categóricamente que actuarían como un gran desvío del descontento social-, no tiene hoy la fuerza y perspectivas que mostraba hace pocos.
Aquí el problema son las direcciones políticas y sindicales que, lejos de buscar una salida independiente a esta gran económica y de salud, no levantan una política combativa para enfrentar a la clase dominante y sus instituciones, y se hacen parte de la estrategia de desviar las demandas de la clase trabajadora hacia los pasillos del Congreso de la Unión, combinándola con… combativos desplegados en la prensa.

La epidemia y la lucha de clases

La epidemia enfrió el ánimo de las organizaciones sindicales y políticas que, no marcharon el 1° de mayo dada la contingencia sanitaria que azota al país (y que en DF presenta el mayor número de bajas). Esta fue una situación favorable al gobierno, dado que la movilización tendría como telón de fondo la gran crisis económica, con miles de despedidos en la calle, otros miles en paro técnico y la violación a los contratos colectivos. O, también, la resistencia del sindicato minero que tiene estalladas las huelgas en Cananea, y la de El Cubo en Guanajuato (ésta última en rechazo a la jornada laboral de diez horas por el mismo salario), y que recientemente le impuso a la minera Peñoles en Torreón, Coahuila –con una huelga de 66 días - un incremento salarial del 6% de aumento al salario, 1% en prestaciones y un bono del 1% por una sola vez, así como el pago del total de los salarios caídos. O la huelga de los mineros en Moncloa que le impusieron al Grupo Acerero del Norte, un 6 por ciento de aumento directo al salarios, 2 % en prestaciones, el reconocimiento a la dirección sindical del SNTMMSRP (al Napo que el gobierno quiere destituir), así como la no cancelación de plazas con pretexto de la crisis económica. Pues, aunque es una dirección burocrática que estuvo muy ligada a el viejo aparato charro del Congreso del Trabajo, se ve obligada a enfrentarse al gobierno que quiere intervenir en la autonomía de las organizaciones obreras, y liquidar el contrato colectivo del SNTMMSRM.

Pero el gobierno no estaba tan preocupado por las direcciones de los sindicatos llamados independientes que, no vienen haciendo mucho contra los despidos y los bajos salarios, pues estas direcciones están más preocupadas en ganar una diputación en las elecciones de este año, Y si bien, las direcciones sindicales opositores habían anunciado que marcharían amenazando con la huelga nacional –sin ninguna intención de llevarla a cabo-, el descontento de los trabajadores que representan, podía expresarse combativamente contra el gobierno, tomándole la palabra a los dirigente y exigirles hacer efectiva esa amenaza “dominguera”.
Pero su decisión de suspensión la marcha del 1 de mayo, les evitó hacer promesa “combativas”, y se limitaron a declarar ante la prensa generalidades sobre la crisis y la respuesta de los sindicatos.
En un sentido, fue un primero de mayo “expropiado” a los trabajadores por la situación de emergencia sanitaria que, convino al gobierno y los patrones. Lamentablemente, no se expresó –por los sindicatos llamados democráticos - una política independiente que llamara a la más amplia unidad los trabajadores a unir fuerzas para enfrentar los planes de miseria y la política incapaz del gobierno y el manejo tendencioso de la información. No vimos a estos sindicatos poniendo sus aparatos de prensa y propaganda al servicio de la confundida e inerme población trabajadora. Ni tampoco denunciar la burla de Mercelo Ebrard a los trabajadores de restaurantes, por los 50 pesos prometidos (que ni cumplió) ante los cierres temporales de esos negocios.

Pero también se vio la visión superficial de sectores de la izquierda (como la “otra campaña) que, incluso, decían que la crisis era un invento del gobierno, cuando ya eran conocidas las denuncias de sectores de la salud como los del INER y de Especialidades del Centro Médico “La Raza”, que salieron a manifestarse contra la negligencia e ineptitud del gobierno que, causó muertes de personal y derechohabientes. Posición que hizo más impotente por la política sectaria de marchar separados de los sindicatos llamados independientes, donde marcharían los miles de trabajadores descontentos con la crisis. Poniendo así, en un mismo saco a la burocracia sindical y las bases trabajadoras, las cuales muestran procesos de descontento con estos dirigentes. Por lo que, lejos de mostrar una posición combativa, estos sectores no levantaron un programa contra la indefensión ante la epidemia, de los trabajadores que no puede parar la producción capitalista, y sobre quienes descansa la gran tasa de ganancia (el grado de explotación del trabajo por el capital). Incluso, la idea de que “ninguna epidemia tiene porqué detener el avance de la rebeldía y la consolidación de las posiciones territoriales de los trabajadores del campo, la ciudad y del mar”, fue impotente para congrega a los trabajadores o activistas que esperaba convocar el autonomismo con esta política aislacionista. Pues, como se vio, la epidemia -en un marco de mucho temor de los trabajadores y la población en general-, sí detuvo la movilización del 1° de mayo y está golpeando la capacidad de organización de los movimientos.

Por una política combativa en medio de la crisis

Ante la desmovilización que está provocando la epidemia, los trabajadores no debemos bajar la guardia. El que haya una contingencia como ésta, no implica que nos callemos la boca y nos atemos las manos ante el ataque patronal y del gobierno. Mientras el gobierno maniobra y manipula en medio de la “epidemia humana, usando el chantaje a través de los medio para desmovilizar a las organizaciones obreras, sindicales y populares, los trabajadores tenemos buscar formas de organización en medio de esta difícil situación, y preparar la convocatoria a discutir un programa que llame a movilizar para revertir esta situación.

¡Atención digna y gratuita a toda la población que solicite atención médica y medicamentos en los laboratorios, hospitales y clínicas del estado y los particulares.

¡Alto a negligencia e incapacidad del gobierno para enfrentar la epidemia!
Por todas las garantías a los trabajadores de la salud para evitar contagios.

¡Alto a la desinformación y la manipulación de la verdad! Exijamos una información seria y veraz sobre la dinámica de la crisis y sus reales repercusiones en la población trabajadora, que sea centralizada y supervisada por las organizaciones de los trabajadores y de derechos humanos.

¡Abajo el control monopólico de los medios! Por el derecho a dar nuestro libre punto de vista en esos medios sobre las medidas del gobierno, para hacer nuestras propuestas. Mismas que deben ser elaboradas por un comisión de investigadores y profesionales en epidermiología, integrado democráticamente. Que los partidos políticos donen sus tiempos de campaña electoral en radio, diarios y televisión, para ese fin.

Por la centralización de todos los servicios de salud bajo control de los trabajadores de ese sector, apoyados en una Asamblea Nacional de representantes de organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad.
Por la nacionalización con expropiación sin pago, de la industrias trasnacionales químico farmacéuticas, controladas por sus trabajadores.

¡Abajo las medidas de excepción decretadas por el gobierno! Fuera ejército de las comunidades. No a los toques de queda y los retenes. Respeto al derecho de reunión y de libre tránsito por el país. Cárcel a los torturadores.

¡Salario íntegro! a todos los trabajadores afectados por los cierres, o que se contagian y hospitalizan, o permanecen en su casas.

Fondo de Emergencia administrado por los sindicatos, con aportes del gobierno, los banqueros e impuestos progresivos a las grandes fortunas, para los trabajadores afectados laboralmente por la emergencia sanitara.
Desconocimiento de la deuda externa para aumentar el presupuesto a la salud.

Rechazo de las jornadas de trabajo “voluntarias” para reacondicionar los centros de trabajo.

¡Aumento general emergencia! acorde a la canasta básica familiar para enfrenar la inflación y el encarecimiento causado por la epidemia. A cada aumento de precios, igual aumento de salarios.

¡Abajo el chantaje patronal para despedir trabajadores con el pretexto de la contingencia sanitaria! Trabajo para todos. Alto a los despidos. Reparto de todas las horas laborables entre trabajadores ocupados y desempleados. Basificación a todos los trabajadores.

¡Respeto a la titularidad de los contratos colectivos! Abajo el arbitraje forzoso de las Juntas de “Conciliación” y “Arbitraje”. Desaparición de la antidemocrática “toma de nota”. Respeto al derecho de huelga. Rechazo a la reforma a ley laboral.

¡Respeto a la autonomía sindical! Fuera las manos del gobierno de los sindicatos. Ninguna lucha aislada más

Que los sindicatos que amenazan con el paro nacional, le pongan fecha para discutir libremente su organización entre las organizaciones sindicales, políticas y sociales

Mario Caballero
9 de mayo del 2009