MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Los vínculos entre el narcotráfico, los operadores de las redes de trata y prostitución y otras expresiones del llamado crimen organizado con distintos niveles de gobierno no son un secreto. En todos los estados del país es fácil encontrar registros de la manera en la que los grandes capos tienen relación con gobernadores, jefes de policía, líderes y representantes de partidos políticos patronales o presidentes municipales.

Estos vínculos son los que le han permitido fugarse en dos ocasiones al líder del Cartel de Sinaloa de penales de “máxima seguridad”. En el imaginario popular alrededor del país hay un descrédito de la captura que se expresa en las redes por medio de memes y chistes de todo tipo, mientras los comunicadores alineados al régimen no dejan de hablar de un “enorme golpe” al narcotráfico en el este país, que incluso el gobierno de Estados Unidos celebra. En un sexenio donde fue liberado el hermano de Carlos Salinas de Gortari (Raúl), quien fuera encarcelado por tener vínculos con el narco, el fortalecimiento de la credibilidad de EPN es relativo y no alcanza esta acción para “tapar” otros múltiples problemas que enfrenta su gobierno.

Un gobierno cuestionado desde el principio y a cada paso

El “represor de Atenco” como fue llamado desde que comenzó su mandato EPN por el movimiento juvenil #YoSoy132 que despertó para cuestionar el regreso del PRI a la presidencia, llegó al poder en medio de la controversia por la compra de votos y en buena medida gracias al voto corporativo de amplios sectores del movimiento obrero y popular.

Gracias al “Pacto por México”, en donde el PAN y el PRD se alinearon a EPN para impulsar las Reformas Estructurales, es que logró impulsar medidas que han comenzado a ser presentadas en los medios como grandes avances para la economía del país. Sin duda este alineamiento de los partidos con la aprobación del paquete de reformas, así como su complicidad con la política represiva de EPN, fue parte de lo que provocó una disminución importante de votos hacia éstos en las elecciones intermedias (el PRD en particular sufrió el mayor descalabro), pero permitió a un gobierno impopular avanzar en sus planes, los cuales no son sino mandatos del empresariado nacional y extranjero, sobre todo estadounidense.

No obstante, ha habido escandalosos episodios que han cimbrado el escenario político nacional y han alimentado el descontento en amplios sectores obreros y populares así como de sectores medios con el gobierno. El escándalo de la Casa Blanca de EPN (el cual fue respondido por el gobierno con la censura de Carmen Aristegui y su equipo) es uno de ellos. Éste desnudó la enorme corrupción que opera en el país.

La enorme lucha que ha dado el magisterio mexicano en contra de la aprobación e implementación de la reforma educativa, buscando defender la educación pública y sus derechos laborales, ha generado simpatías entre los estudiantes y otros sectores como las policías comunitarias en Guerrero y ha dificultado la implementación de esta reforma, a pesar de la gigantesca campaña de linchamiento en contra de los maestros que luchan.

Sin embargo, la crisis más grande a la que se enfrentó el gobierno de EPN, de la cual no ha logrado salir, es la que se desató con la masacre de Iguala, en donde desaparecieron a 43 normalistas. Esta coyuntura puso a la defensiva al gobierno y, de haberse articulado el magisterio con otros sectores de la clase trabajadora que están sufriendo duros ataques como los petroleros, pudo haberse desarrollado aún más, catalizando el descontento con el gobierno y el régimen de conjunto.

La fuga “espectacular” del Chapo y ahora su recaptura, aparecen en los medios como un montaje cinematográfico (más aún con la entrevista de Sean Penn y Kate del Castillo) en medio de un país donde le supuesta “guerra contra el narco” sigue generando muertos, decapitados, despedazados y gente colgada de los puentes cotidianamente.

Si bien el gobierno busca capitalizar esta captura para presentarse nacional e internacionalmente como un régimen seguro, que combate al narcotráfico con instituciones sólidas, la degradada democracia mexicana y el cuestionamiento a la complicidad gobierno con los cárteles no se tapa con un dedo.

La eventual extradición y la injerencia imperialista

“La captura del señor Guzmán ha sido de alta prioridad tanto para México como para Estados Unidos”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, recién fue capturado el Chapo Guzmán.

Si la farsa de la guerra contra el narcotráfico y la militarización han sido producto de la subordinación a la política estadounidense de combate a las drogas, la inteligencia estadounidense que opera en el país, así como la aprobación de leyes para que los agentes de este país puedan portar armas al interior de México, no dejan lugar a dudas de la manera en la que el gobierno de EPN se ha alineado con cada una de las demandas del imperialismo estadounidense tanto en el terreno económico, como político y militar.

Expresión de esta realidad son los requerimientos que han “reunido los requisitos del tratado de extradición bilateral” según lo informa la propia PGR y que de llevarse a la práctica implicarían que el Chapo sería trasladado a Estados Unidos donde enfrentaría cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa para poseer, importar y distribuir cocaína, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros.

El gobierno trata de evitar que se sepa verdaderamente los niveles de complicidad oficial de la fuga del famoso narcotraficante; pues es no es posible que los responsables de la seguridad e inteligencia nacional sean ajenos a este hecho.

Este claro encubrimiento del Estado mexicano es algo que puede ser usado como moneda de cambio por el gobierno de Obama para profundizar la subordinación sobre el gobierno de Peña Nieto. Así, la posible extradición es una muestra más de la manera en la que el gobierno mexicano se somete a los designios del imperialismo, que es quien realmente impone las órdenes en este país.

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