Ley General de Aguas: Privatización del agua al servicio de los empresarios

30 Mar 2015   |   comentários

Ley General de Aguas
Privatización del agua al servicio de los empresarios
Mariana Lira
Con sólo un día de discusión, el 03/03 se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados la modificación a más de 200 artículos de la Ley General de Aguas. La iniciativa fue impulsada principalmente por el PRI, el PAN y el Partido “Verde Ecologista”.
De entre todos los cambios, los puntos más criticados por opositores incluyen el hecho de que se estipula que el acceso mínimo diario al agua será de 50 litros por persona, es decir, tan solo la mitad de lo mínimo recomendado por la OMS, lo cual atenta contra la salud de millones de personas.
Además, ciertamente la reforma es privatizadora, pues aunque el agua debería estar garantizada para cualquier persona, las modificaciones ponen en primer plano el acceso al agua a las empresas e industrias, y en segundo plano a la población trabajadora.
En las modificaciones se legaliza y promueve la celebración de convenios con entidades o instituciones extranjeras, siendo los municipios legalmente capaces de otorgar concesiones a privados. Los impuestos de los ciudadanos podrán ser destinados a financiar la construcción de infraestructura, que después el Estado “rentará” a empresas privadas. El gobierno de Peña Nieto pondrá la infraestructura y se la regalará a empresas privadas.
Ley de Aguas + Reforma Energética
El agua es central en la industria minera y petrolera, sobre todo para la técnica de fracking que necesita de 9 a 29 millones de litros/pozo de agua para extraer del subsuelo gas y petróleo. En ese sentido es que la Ley de Aguas es el complemento y continuación de la reforma energética, pues muchas veces las petroleras instaladas en zonas sin fuentes de agua requieren transportarla de otra zona. Esto es justo lo que permitirá la Ley, pues con el argumento de tratarse de “interés social y orden público”, entidades públicas y privadas podrán construir la infraestructura (p.ej. sobre áreas naturales y en tierras de comunidades indígenas) para trasladar el agua de una cuenca natural a otra zona. A esto se le conoce como trasvase.
De implementarse, aumentará el despojo de tierras a comunidades rurales y urbanas, quienes estarán en peores condiciones para defender sus derechos y recursos. Las masas afectadas no serán tomadas en cuenta en las decisiones de las políticas implementadas: la ley estipulará que “el consejo técnico cuando considere conveniente puede invitar a sus sesiones a (…) representantes de usuarios de la sociedad organizada que podrán intervenir con voz pero sin voto”. Además, de haber resistencia, en el artículo 258 se estipula que “para hacer cumplir se podrá solicitar auxilio a la fuerza pública”.
Descontento ante la privatización del agua
A pesar de que el nivel de las movilizaciones iniciadas por Ayotzinapa ha disminuido, el régimen político continúa en crisis de legitimidad y el descontento general sigue exponiéndose y buscando articularse.
Ante la aprobación de la Ley de Aguas, diversos grupos activistas, campesinos, científicos y población en general han manifestado su rechazo. De hecho, en protesta y repudio a la Ley, han habido mítines fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro (10/03), fuera de CONAGUA (22/03) y también cerca de 20 mil campesinos del Frente Auténtico del Campo marcharon a Los Pinos, donde instalaron un plantón en contra de la privatización del agua y la reforma agraria (18/03). Se hace urgente la coordinación de todas las luchas frente a la ofensiva reaccionaria del gobierno.
Cumpliendo con la agenda imperialista, la embestida del gobierno sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre es resentida día a día, y si bien las protestas y el hecho de que al régimen no le conviene “agitar las aguas” en época pre-electoral han hecho que el debate de la Ley de Aguas y su aprobación se hayan pospuesto en el Congreso, se hace urgente organizar un gran movimiento encabezado por la clase trabajadora junto a estudiantes, campesinos pobres y la población para echar atrás la Ley General de Aguas y el resto de las reformas estructurales.









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