MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Es aberrante la condena a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es una muestra más de que todo el discurso del gobierno mexicano sobre el combate contra el crimen organizado es sólo un pretexto para desplegar sus fuerzas represivas por todo el país, con la intención de justificar la mano dura contra los luchadores sociales. Por ejemplo, estos tres integrantes del FPDT están acusados y sentenciados por el delito de secuestro, purgando Ignacio una condena de 112 años de prisión y 67 años Felipe y Héctor.

Los «delincuentes de cuello blanco», funcionarios, empresarios, políticos y líderes sindicales corruptos gozan de impunidad. En el narcotráfico y otras actividades delictivas están involucrados altos mandos del ejército y la policía, lo que evidencia el doble discurso del gobierno de Felipe Calderón, cuya «guerra contra el narcotráfico» sólo ha servido para agudizar más la violencia en el país, como ocurrió en Michoacán el 15 de septiembre. Esto lo han aprovechado todos los grupos parlamentarios para clamar por condenas violatorias a los derechos humanos, como la cadena perpetua o la pena capital, en un sistema judicial burgués en donde los que pueblan las cárceles son los pobres y los grupos marginados.

La libertad de todos los presos políticos del país depende de que se haga efectivo un gran movimiento democrático a nivel nacional por su liberación, el cual tendría que ser encabezado por los sindicatos que se reclaman opositores al régimen y organizaciones de derechos humanos y democráticas, como el Frente Nacional contra la Represión. El Frente, junto a estas organizaciones, podría convocar a la formación de una coordinadora nacional contra la represión, ya que propuestas que pueden ser reivindicadas en distintos momentos como la amnistía –aunque representan una bandera de lucha justa y que debe ser apoyada, ya que implica además que el estado reconozca que hay presos políticos-, hoy chocan con el obstáculo de que deben pasar por el congreso para ser aprobadas, lo que dilata los procesos penales de los compañeros presos.

Al mismo tiempo, ante la posibilidad de que se recrudezca la ofensiva represiva del gobierno contra las luchas, consideramos como legitima la autodefensa organizada en grupos vecinales y en los centros de trabajo, dirigidos por los trabajadores, contra las bandas armadas del estado y los grupos paramilitares que azotan al país.

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Por una movilizacion nacional para liberar, de forma inmediata e incondicional, a Ignacio del Valle y todos los presos políticos!

¡Por una Coordinadora Nacional Contra la Represión!

¡Por la legítima autodefensa de todos los explotados y oprimidos!