MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El 12 de febrero de 2010, en Ciudad Juárez, un grupo armado asesinó en una fiesta a 16 jóvenes (estudiantes de varias escuelas) entre los 13 y 19 años, e hirió a 10 más, así como a tres adultos. Las autoridades declararon que los jóvenes de la colonia Salvárcar fueron asesinados por pertenecer a una pandilla denominada “AA” (“Artistas Asesinos”) al servicio de El Chapo Guzmán, una declaración que evidencia que las autoridades no van a hacer justicia pues criminalizan a la juventud, mientras que protegen asesinos. La titular de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, Patricia González, aseguró que el líder del comando que ejecutó la masacre falleció un día después en un enfrentamiento con militares. Estas declaraciones agravan la desconfianza de la población y muestran que las autoridades buscan manipular y engañar al pueblo para dar carpetazo al caso y eludir así su responsabilidad de llevar a cabo una investigación seria, debido a que ello mostraría la complicidad y los nexos de las instituciones con el narcotráfico.

La agitación de violencia e impunidad que se vive en Ciudad Juárez desde hace más de quince años es una constante de todos los días, y ha sido responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales por lo menos de las tres últimas presidencias, las de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Este último ha declarado que “el problema de la inseguridad en Ciudad Juárez se debe a su carácter fronterizo y a la importancia del tráfico y consumo de drogas, que ha desatado una lucha por territorios de organizaciones del crimen organizado”, y bajo esta visión se ha basado para avanzar en la militarización de Ciudad Juárez en su guerra contra el narcotráfico, al desplegar más de 45 mil soldados enviados a pelear contra los cárteles. Son ya seis mil soldados que, desde 2009, ocuparon esta ciudad fronteriza, y donde la presencia del ejército ha elevado la violencia en ese estado, pues desde la llegada de las fuerzas militares a Ciudad Juárez, el promedio de asesinatos diarios aumentó de 2 a 5 diarios durante el año 2008, mientras que el año pasado se elevó a más de 7.

Desde la llegada de los militares al estado han ocurrido una serie de asesinatos a luchadores sociales entre los que destacan los de Armando Villarreal Martha, líder campesino, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional; Benjamín Franklin Le Barón Ray, cabeza de un movimiento social contra el secuestro, líder de la comunidad mormona; Manuel Arroyo, investigador del movimiento obrero, militante cristiano y de la universidad pública; Géminis Ochoa, líder de los comerciantes ambulantes; y Josefina Reyes, defensora de los Derechos Humanos, luchadora social de la zona agrícola del Valle de Juárez que encabezó movimientos contra de la represión y la violencia. Esto demuestra cómo el gobierno esta aprovechando el clima de violencia para reprimir a las organizaciones sociales y democráticas. Mientras tanto, los feminicidios continúan: son ya más de 420 las mujeres asesinadas en los últimos diez años en Ciudad Juárez, violadas, mutiladas y muertas por asfixia.

La mayoría muestran una característica en común: jóvenes, delgadas, morenas, cabello largo; trabajadoras de la maquila, amas de casa o estudiantes. Además, se desató una verdadera ola de extorsiones al pequeño comercio, y varios comerciantes del ramo de venta de carros y de centros de diversión señalaron directamente a la PF y sus agentes como responsables de tales extorsiones.

La apreciación general de la población es que los soldados no están para detener a los criminales, pues hay suficientes testimonios que aseguran que no intervienen cuando están a escasos metros de donde se realizan las ejecuciones. Por ese motivo, cuando llegaron los militares al lugar de la masacre en Villas de Salvárcar fueron repudiados ampliamente por los vecinos. El ejército y la PF se dedicaron a hacer lo que siempre hacen en estos casos, acordonar la zona, hostigar a los transeúntes y evitar que los heridos recibieran pronta atención médica. En tanto, crece el desempleo y la miseria en la entidad. Es el gobierno el que ha alentado la descomposición social, la inseguridad y la violación a los derechos humanos.

Pero el discurso oficial ya no funciona como antes. Los reclamos de los familiares, vecinos y amigos se hacen cada vez más constantes. Recibieron al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, con fuertes reclamos exigiendo justicia. En carteles, reclamaron por la muerte de los 16 habitantes masacrados. Entre las personas que organizaron una marcha ciudadana estaba Luz María Dávila, quien enfrentó a Felipe Calderón abiertamente exigiendo justicia por la muerte de sus dos hijos en Salvárcar; otros grupos llegan a proponer iniciativas como organizar un éxodo por la paz, acudir de manera masiva a los cruces internacionales y pedir asilo humanitario, o solicitar que las fronteras se abran para todas las personas que tienen miedo de vivir en Ciudad Juárez; cientos de universitarios, luchadores sociales, intelectuales, artistas, gente de colonias populares se unen a este reclamo. Es evidente que los gobiernos estatal y municipal (sospechosos de estar comprados por el narcotráfico y los feminicidas) no tienen interés en resolver la ola de violencia que aterroriza a Ciudad Juárez (y al país), y que solamente se mueven cuando el gobierno de los EE. UU. los apremia.

Este clima de violencia y de descomposición social sólo puede ser frenado por la organización independiente de los trabajadores y sectores populares, que se movilicen y luchen contra la militarización del estado y la represión, que la población salga a las calles contra los asesinatos en Ciudad Juárez y el resto del país. Es fundamental que las organizaciones obreras y populares comiencen a discutir cómo organizar la defensa frente a los asesinatos y la violencia que, como planteamos arriba, tiene como uno de sus objetivos a los activistas y organizaciones democráticas, políticas, sindicales y de derechos humanos. Es momento de que las organizaciones sociales y populares tomen su futuro en sus manos. Somos nosotros, la población con las organizaciones obreras, estudiantiles y populares e independientes, quienes podemos detener este clima de violencia que azota al país.

¡Por una coordinadora nacional independiente de organizaciones sociales obreras y populares que se movilice contra la violencia del gobierno y del narco!
¡Por el cese del hostigamiento a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos!
¡Basta de criminalizar al pueblo pobre!
¡Alto a los feminicidios; ni una muerta más!
¡Juicio y castigo a los responsables de los homicidios!
¡Fuera el ejército de Ciudad Juárez!