MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Mario Caballero

La situación crítica que atraviesa Michoacán expresa una realidad que existe en varias partes del país. Es un estado acosado por la impunidad contra el narco y la barbarie desatada, con bajísimo crecimiento económico de 1% en 2013 y gran pérdida de empleos; con una deuda de más de 25 mil millones de pesos y un campo que en las últimas décadas pasó de aportar 23% al producto interno bruto estatal a sólo 10.9% en 2012; y, junto a esto, con una abierta complicidad de los gobiernos estatal y municipales con los cárteles de la droga, y con una importante pérdida territorial a manos de éstos. En Michoacán el ejército y la policía son vistos por la población como cómplices del narco, ante lo cual se fortalecieron las autodefensas que han tomado en sus manos el combate a los grupos narcos. Michoacán muestra una crisis de gobernabilidad y un descontento popular que inquietan al gobierno federal.

Es debido a la preocupación mostrada por el gobierno de Estados Unidos sobre la inseguridad en México y, ante la visita al país del presidente estadounidense y el canadiense para echar a andar el Acuerdo Transpacífico, que Peña Nieto trata de maquillar la explosiva imagen de Michoacán. Esta preocupación por la seguridad de las inversiones extranjeras ha llevado a una mayor militarización del estado, y a un acuerdo con las autodefensas –con presencia en 72 comunidades de 32 municipios–, que busca su institucionalización y conversión en guardias rurales integradas al esquema de seguridad pública.

El autoritarismo príista le impuso al debilitado gobernador Fausto Vallejo un “Comisionado para la paz” que, en los hechos, lo desplazó de su cargo. Sin embargo, esta medida no garantiza estabilidad. Tan sólo desde la llegada del comisionado “pacificador” el 15 de enero ha habido 114 ejecuciones en Tierra Caliente.

Ante esto, es fundamental, en primer lugar, la solidaridad con el pueblo de Michoacán, que sufre los embates del narco y del ejército, luchando en todo el país por: ¡Alto a la militarización de Michoacán! ¡Fuera el ejército del estado!

Las autodefensas: potencialidades y límites

La emergencia de las autodefensas expresa el hartazgo de sectores de la población con la actividad de los grupos narcos y el descontento con la actuación del gobierno. Ante esto, el gobierno buscó integrar a las direcciones de estos grupos. Hoy, la persistente actividad criminal de los narcos y el surgimiento de más grupos comunitarios armados por fuera del control de las autodefensas, que acompañadas por el ejército y la policía federal ocupan territorios desalojando a Los Templarios, hacen de esa región uno de los estados con más armamento en manos de civiles. Ante esto es necesario definir el carácter y la potencialidad de estos grupos armados que cuestionan el monopolio estatal de las armas y las funciones de seguridad y gobierno de las autoridades.

En ese sentido, como planteamos arriba, mostró el descontento existente, cuestión evidenciada en su base social –trabajadores agrícolas de las huertas, miembros de las comunidades aterrorizadas por los narcos que decidieron armarse–. Sin embargo, no puede sólo considerarse estos elementos.

Algunos analistas de izquierda ven una rebelión popular y hasta la comparan con la Revolución de 1910 que tuvo una mayoritaria composición campesina. Sin embargo, la comparación no resiste la crítica. Los alzados no reclaman tierras ni libertad, ni se proponen tirar al gobierno (local o federal). Sus demandas más conocidas tienen que ver con la seguridad para la libre comercialización del limón, aguacate, minerales ferrosos y con un alto a los asesinatos y las extorsiones. En este contexto pudo avanzar el plan gubernamental para contenerlas. No puede dejar de considerarse también el rol político y el carácter social de muchos de sus jefes –los principales interlocutores del gobierno– y sus intereses como empresarios o medianos propietarios del campo.

Ahora, con la institucionalización de las autodefensas en coordinación con el ejército bajo el acuerdo de actuar con los parámetros de seguridad del Estado –al entrar a Apatzingán el 9 de febrero, las autodefensas lo hicieron protegidos por fuerzas federales–, el surgimiento de nuevos grupos comunales armados, más plebeyos, enfrentará a la legalidad institucional que firmaron las autodefensas, hoy guardias rurales.

En ese sentido si las autodefensas surgieron con un importante aspecto progresivo por el hecho de que actuaban independientemente del gobierno y expresaban elementos de auto-organización armada, hoy podrían –si prima la institucionalización– ir en contra de las tendencias expresadas por los nuevos grupos que surgen en las comunidades, como en Ostula, e incluso asumir un rol muy distinto al que originalmente se plantearon. Por ejemplo, el peligro es que, bajo la presión del gobierno, sectores de las mismas podrían convertirse en grupos paramilitares (como en Chiapas) o guardias blancas al servicio de los productores de aguacate, limón o de las empresas mineras: el comandante Simón, el que nombran El Americano y el comandante Patancha jefe de las autodefensas de El Aguaje, declararon a la prensa que las compañías mineras trasnacionales en Tepalcatepec y Buena Vista financian a las autodefensas porque éstas las ayudaron a liberar las minas que Los Templarios extorsionaban (La Jornada, 2-II-14).
En distintos estados se reprime a quienes no se disciplinan a las leyes del Estado, como es el caso de los policías comunitarios encarcelados. Lo primero es defender el derecho a la autodefensa de las comunidades y sus formas autónomas de organización, planteando la total independencia política y material de los gobiernos estatal y federal, elemental para evitar que sean utilizadas como guardias blancas o como auxiliares del ejército. Sobre esta base es necesario plantear la alianza con los campesinos pobres, el proletariado agrícola y los trabajadores de la ciudad –la única forma de desarrollar las tendencias progresivas que expresan–, impulsando un programa contra la violencia de los grupos narcos y la militarización, ligado al rechazo a los planes que empobrecen a la población trabajadora y atentan contra las más elementales libertades democráticas.