MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Mario Caballero

Lejos de terminar con la “delincuencia organizada”, como prometió Peña Nieto (EPN), la proliferación de los narcos se recrudece, enfrentando al estado e imponiendo su control en varias zonas del país. La acción de los cárteles tiene consecuencias sociales que se agravan por la miseria y el desempleo existente, y fue potencializada por la “guerra contra el narco” desatada por el expresidente Calderón, al servicio de la política antidrogas de EE. UU., en tanto que el pueblo trabajador sufre los efectos de la misma. Las cifras actuales de muertos son aún superiores a los primeros 6 meses de Calderón; miles de inocentes asesinados, torturados y desaparecidos a manos del narco o las fuerzas del estado. El gobierno de EPN intenta soslayar este problema que mina la fuerza del estado burgués y muestra un proceso acelerado de descomposición social, donde los militares adquieren mayor fuerza y actúan como la institución preferente en que se basa EPN para gobernar en esas zonas. La militarización del país permea en todos los ámbitos de la sociedad creando inseguridad y estados anímicos de zozobra en la población trabajadora. Incluso en el DF se ve más continuamente al Ejército en “apoyo” en actos oficiales.

La autodefensa, una respuesta popular a los ataques del narco y la complicidad estatal

Esto ya provocó el surgimiento de comunidades que se arman para su autodefensa, como respuesta a las bandas de la droga, fundamentalmente en Guerrero y Michoacán, pero también en otros estados. La proliferación de estos grupos de autodefensa y una mayor intervención de las “policías comunitarias”, añade elementos de inestabilidad a la dominación del estado en esas regiones, donde se enfrentan con grupos de narcos (con muertos de ambos bandos), chocando con la política de estabilización que el gobierno planea imponer con la “fuerza pública”.

En Guerrero, las policías comunitarias, de base social indígena y campesina –que se rigen por usos y costumbres de las comunidades– son instituciones con rasgos semiindependientes, con cierto entrenamiento armado, que últimamente se radicalizan como expresión del entorno social en que viven (algunos se integraron a las movilizaciones del magisterio). Los gobiernos estatales y federal no esperaban que llegarían a tener fuertes roces con la policía o el ejército, como sucede drásticamente en Michoacán. Allí, los grupos de autodefensa creados para defenderse de los grupos afines a los cárteles que roban, vejan y asesinan, han detenido a narcos, pero también a militares que llegan a desarmarlos y apresarlos para “imponer la paz”, intercambiándolos por sus compañeros integrantes detenidos por los soldados. Esto, que constituye un claro desafío a las fuerzas armadas y al monopolio estatal de las armas, deja latente un choque armado entre el ejército y la comunidad.

Las autodefensas, al ser grupos espontáneos y de mestizos, que no obedecen al esquema de seguridad indígena ni a la legalidad observada por las policías comunitarias, son las más criminalizadas para forzarlas a desintegrarse o a incorporarse a un organigrama legal, como es la propuesta hecha a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para “coadyuvar” con la fuerza pública.

Peña Nieto prefiere cooptar a las autodefensas, por encima de un choque que podría generar consecuencias explosivas, en lugares donde la lucha de clases –como la del magisterio– puede acicatear el descontento. La miseria, el desempleo y la antidemocracia forman una pradera que puede incendiarse en ese lugares que el gobierno considera “focos rojos”.

El gobierno, al enviar en mayo a más de 6 mil militares para “imponer la legalidad” en Michoacán, muestra, una vez más, que su preocupación es desarmar a los sectores de la población, y no el famoso “combate crimen organizado”. Para las comunidades y los grupos de autodefensa, la disyuntiva es que, si entregan las armas al gobierno, los grupos de narcotraficantes los asesinan y toman el control de sus comunidades.

Las población trabajadora del campo y la ciudad tiene el derecho a auto-organizarse para su defensa, en contra de la criminalización que el gobierno ejerce. Es fundamental que los sindicatos y la clase obrera se pongan al frente de impulsar la auto-organización, promoviendo la autodefensa obrera y popular contra los carteles de la droga y la militarización, y cuestionando de raíz el monopolio estatal de las armas.