MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La mañana del 19/10 una lancha en la que viajaban 26 indocumentados centroamericanos, provenientes en su mayoría del El Salvador, naufragó en aguas del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El saldo fue de 15 muertos, 8 desaparecidos y sólo 3 sobrevivientes.

Esta tragedia dejó en evidencia una vez más la miseria que se vive en Centroamérica (provocada por sus gobiernos proimperialistas y por la aplicación de los planes del FMI), que obliga a miles de trabajadores a arriesgarlo todo en su intento por llegar a Estados Unidos, aspirando a una mejor situación económica y social para ellos y sus familias. A razón de ello, es importante echar un vistazo a las deplorables condiciones que padecen los migrantes centroamericanos en su recorrido por México, en contraste con la demagogia del gobierno en materia de derechos humanos.

Cada año, cerca de 400 mil trabajadores centroamericanos, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, intentan llegar a Estados Unidos a través de México.

Desesperados por las precarias condiciones salariales y por la falta de empleo, cada día centenas de jornaleros guatemaltecos cruzan la frontera en espera de ser contratados en alguna finca de Chiapas, donde los caciques gozan de mayor libertad de sobre explotarlos y pagarles un sueldo aun más miserable que a los nativos. Por eso muchos deciden emprender el viaje hacia el norte.

En su mayoría hombres de entre 20 y 25 años, aunque también se ven mujeres y niños, comienzan el trayecto cruzando el río Suchiate, por el área de Tapachula. Algunos intentan caminar por la costa de Chiapas sus primeros 400 kilómetros, a través de pueblos donde por lo general son robados, hasta llegar al tren en la comunidad de Arriaga. Cada tercer día, de 300 a 500 centroamericanos tratan de abordar el tren colgándose con su ropa o cinturones en los vagones, lo cual implica que muchos terminen atrapados en las ruedas de los furgones.

Otros más viajan hacinados en las cajas de trailers, soportando climas extremos durante kilómetros, que provocan severas enfermedades respiratorias y estomacales.

Por si fuera poco, los llamados “polleros” cobran de 6 a 10 mil dólares por “arreglar” su pase, lo cual no exime a los migrantes de las vejaciones y abusos durante el trayecto.

En los retenes deben pagar sobornos que aumentan el “costo” del viaje de 500 a mil dólares extras.

Por más de 3,000 kilómetros los riesgos del viaje se multiplican, mientras que para los migrantes no hay amparo de ninguna autoridad. Por el contrario, los centros de detención migratoria son verdaderas prisiones donde reinan los abusos y el trato denigrante a los migrantes, quienes llegan a permanecer encerrados durante meses en celdas insalubres y sobrepobladas. Investigaciones realizadas en la frontera sur demuestran que un 70 por ciento de las y los migrantes sufren violencia y que un 60 por ciento es víctima de algún tipo de abuso sexual durante el viaje, desde coacción sexual hasta violación.

Según datos de la propia CNDH están en la lista de abusos, en primer lugar, el Instituto Nacional de Migración, le siguen la Policía Federal Preventiva, las policías Judicial y municipal, la Policía Federal de Caminos y el Ejército.

La mujer migrante

Se estima que 20% por ciento de los migrantes indocumentados que transitan a través de México son mujeres. 94% de las mujeres centroamericanas migrantes deben dejar a sus hijos en sus países de origen. Ellas son más vulnerables a su paso por México, ya que la red de corrupción obliga a muchas a realizar trabajo sexual temporal o permanente, para poder continuar su viaje. El INM desconoce el número de víctimas de abuso sexual ya que, debido a la red de abusos que impera contra las migrantes, la denuncia o la comparecencia ante alguna instancia de salud no es opción para ellas.

Diversas investigaciones resaltan que la violencia de género en la región esta ligada con la migración, pues ha crecido en las áreas cercanas a la frontera con Guatemala. Sólo en 2004 fueron asesinadas alrededor de 400 mujeres: 10 veces más que en Ciudad Juárez. Una investigación realizada por el mismo INM reveló que algunas de ellas se inyectaron anticonceptivos para prevenir embarazos, ya que conocían el riesgo de ser violadas.

La política antimigratoria de Calderón

A pesar de que estas condiciones son tan similares a las que viven los trabajadores mexicanos en la frontera con EU, el gobierno de Calderón es aval del endurecimiento de las medidas fronterizas en el Sur de México. Desde diciembre del año pasado Calderon incrementó la presencia de soldados y de elementos de la PFP en la zona, bajo el pretexto de reducir “el crimen” en la región. Además prometió implementar una operación federal que ayude al estado a atrapar inmigrantes indocumentados.

El resultado de esta politica es un incremento en el número de detenciones, lo cual provoca que los migrantes viajen a través de México con mayor clandestinidad, por rutas mucho más peligrosas y con costos más altos.

El endurecimiento fronterizo en el sur del pais no cesa. En el recientemente anunciado Plan Mérida, que incluyen medidas de vigilancia policial y militar (como aviones, helicópteros y escaners) en la frontera sur, con lo cual sin duda empeorarán las condiciones de persecución y hostigamiento a inmigrantes centro y sudamericanos. Con esta medidas el gobierno mexicano criminaliza la migración y compara a los migrantes con terroristas y narcotraficantes, situación que cuenta con el beneplácito de la administración Bush, como afirmó John D. Negroponte, subsecretario de Estado de EEUU.

Esta política obedece al posicionamiento que busca la presidencia de México frente el gobierno de EEUU para ser el principal garante de sus intereses en la región. Solo basta ver los efectos del TLC y los acuerdos de expoliación que EEUU y los empresarios mexicanos tienen en Centroamérica para conocer que los motivos reales de este control fronterizo es que las ganancias de la sobre explotación de los inmigrantes permanezca intacta.

Unidad de los trabajadores

Frente a esta situación, al igual que en EU, es prioritario que los inmigrantes centroamericanos sin importar el tiempo en que permanezcan en México sean legalizados y que tengan acceso a la salud y demás derechos elementales de cualquier trabajador mexicano. En ese sentido, los trabajadores mexicanos son el único aliado con que cuentan los migrantes centroamericanos para la lucha por estos derechos.

Las organizaciones obreras mexicanas deben tomar en sus manos estas demandas de nuestros hermanos centroamericanos migrantes y luchar conjuntamente además por su libre sindicalización y por un salario de acuerdo a la canasta basica, es decir extender la unidad de los trabajadores mexicanos y centroamericanos a la lucha contra los planes imperialistas y sus gobiernos.