MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La creciente violencia, «inseguridad» y descomposición social que vive el país, es originada por la gran desigualdad que provoca la mayor concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y la pobreza a la que se destina a los trabajadores del campo y la ciudad. Este fenómeno tiene ya una magnitud nacional, por la impunidad que el «crimen organizado» goza por parte de las instituciones , mismas que integran el estado mayor del crimen en una estructura de poder y logística al servicio de los negocios del narco, secuestros y extorsión, que involucran a los altos mandos de poderes federales y estatales.

Esto significa que cada nuevo «programa contra la delincuencia», cada anuncio de creación de nuevas súper-agencias de investigación o la sola mención de promesas para acabar con la inseguridad, representan una mentira de estado y obedecen solamente a las presiones del gobierno de los EE.UU. Presiones que han llevado al gobierno panista a entrar en un estado de guerra contra el narco, al mismo tiempo que continúa promoviendo la inversión –injerencia- extranjera que pudiera entorpecerse con las noticias de atentados en contra de empresarios y enfrentamientos armados al interior del país.

Lamentablemente, en México y en todas partes, son los pobres y oprimidos los principales afectados por la crisis social y los que sufrirán el castigo de la ley (de los ricos), por cualquier acción que viole el orden de la clase dominante.

Más criminalización de la protesta social

Las medidas de Calderón, junto con la ley Giuliani anunciada por Marcelo Ebrard para dar seguridades al capital como parte de sus intenciones presidenciables para el 2012, apuntan hacia un «estado policíaco» que tendrá a la población súper-vigilada. Ya vimos en varios estados lo que sucede cuando la AFI y el ejército sospechan de los ciudadanos.

La campaña de Calderón y del mismo Ebrard, da pie para que sectores de las clases altas y medias, liderados por el panismo y otros grupos de derecha como los que se manifestarán el próximo 30/8, salgan a las calles culpando a los sectores más marginados y pidiendo mayores penas. El endurecimiento de las leyes servirá para vigilar al movimiento de masas y a la juventud en base a más armamento y violaciones a las garantías individuales. Así lo mostraron las redadas contra la juventud, el caso «News Divine», o los allanamientos y toques de queda en el norte del país. Medidas que serán utilizadas contra los trabajadores, para amedrentar y contener el surgimiento de nuevas luchas que cuestionen los gobiernos patronales y sus fuerzas represivas -como sucedió en Oaxaca en el 2006-, y para encerrar a luchadores sociales, como a Ignacio del Valle, preso bajo la acusación de «secuestro».

Sumado a esto, continuará la impunidad de los de arriba, en tanto que desde importantes sectores del gobierno cómplices de la delincuencia, se protege a los capos del narco y del secuestro o a los políticos y dirigentes mafiosos como Ulises Ruíz, Beltrones, la familia Fox-Bibriesca, a los represores de Atenco y la Parota y la corrupción mostrada por el Pemexgate, la dirección charra del SNTE por parte de Gordillo, o los curas pederastas: la impunidad del poder y el dinero.

No esperemos nada bueno de la «reforma» judicial de Calderón, a la cual se ha sumado el gobierno del D.F., ni de las leyes judiciales que invitan a la población a ser informantes de la policía bajo la ilusión de una colaboración popular en un Frente común contra la delincuencia. En ese contexto, no es alternativa real la «democracia participativa», que sectores de centro izquierda reclaman pidiendo la supervisión de los programas oficiales contra la delincuencia por parte de la población, lo cual es una forma de cooptación social del Estado a sus planes represivos.

El crimen está en la falta de perspectivas para la juventud; en la falta de empleos; en el rechazo a miles al acceso a la educación media y superior, y en los recortes a la educación para pagar la deuda externa, así como en la ausencia de oportunidades de recreación y cultura gratuitas para la población pobre.

Los trabajadores y la juventud debemos movilizarnos de manera independiente contra las medidas represivas.