MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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El ataque del gobierno sobre los trabajadores y los sectores populares ha recrudecido, como se mostró el 16 de marzo cuando descargó medidas represivas contra la heroica resistencia de los trabajadores electricistas, mientras ataca el elemental derecho a huelga de los mineros de Cananea. Y ahora pretende imponer una antiobrera y reaccionaria reforma laboral que intenta retroceder a la clase obrera a las condiciones de principios de siglo, con medidas tales como una jornada laboral indeterminada, la legalización de los contratos por outsourcing, el pago por horas, o la limitación a la creación de nuevos sindicatos. Esto se suma a los duros efectos que la crisis está teniendo sobre las condiciones laborales y de vida de millones de trabajadores que sufren la inflación de los precios de la canasta básica, el transporte y los servicios básicos.

Es necesario cambiar el curso de la lucha obrera y popular

Si el gobierno se encuentra tan envalentonado para avanzar sobre nuestras conquistas más elementales –y que son el resultado de las luchas que generaciones de trabajadores dieron durante el siglo xx– no es porque haya faltado voluntad de defenderlas. Los miles de trabajadores electricistas del SME que durante meses han mantenido en alto la resistencia contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza, así como los mineros que en Cananea se mantienen en huelga con el apoyo y la solidaridad de sus hermanos de clase de otras secciones, lo demuestran.

Como en años pasados y en luchas previas, los trabajadores están dispuestos a enfrentar a la patronal y al gobierno. Sin embargo, es la actitud conciliadora de las direcciones sindicales (pactando con los patrones recortes salariales, el aumento de la jornada, los paros técnicos, etc.), y su negativa a convocar a una huelga nacional que efectivamente paralice al país lo que permitió que el gobierno retome la ofensiva y ahora venga “por todo”.
No nos referimos sólo a los charros oficialistas del CT, la CTM y otras centrales abiertamente cómplices de los patrones. Gran responsabilidad tienen las direcciones sindicales que se denominan opositoras, como es el caso de la UNT. Ni siquiera se jugaron a convocar a un paro nacional cuando la lucha del SME iba en ascenso y los trabajadores electricistas contaban con la solidaridad de amplios sectores de la población trabajadora (sólo el STUNAM paró 12 horas el 11 de noviembre del año pasado). Con el argumento tantas veces repetido de “preparar mejores condiciones”, hicieron lo que hacen siempre: se negaron a que las organizaciones sindicales de la clase trabajadora pasen a la ofensiva y pongan contra las cuerdas al gobierno, rehusaron una vez más convocar a un paro nacional, la medida de lucha por excelencia de los trabajadores. Temen que si el movimiento obrero lucha y se hace consciente de sus fuerzas, su control burocrático sea amenazado o que, si por la presión de la base se ven obligados a romper la “interlocución” con el gobierno, puedan quedar como “muy radicales” ante los políticos del régimen y los patrones. Estos dirigentes –verdaderos “mariscales de la derrota” – que no han sabido enfrentar la pérdida de conquistas de los trabajadores, dieron una nueva muestra de que es necesario recuperar nuestras organizaciones para la lucha.

Por su parte, la dirección electricista, a pesar de que el sindicato está sufriendo un ataque directo y que existe la amenaza de detenciones, no aprovechó el enorme prestigio moral que tiene el SME para exigirle a esas direcciones sindicales la realización de un paro efectivo. Se perdió un tiempo precioso durante los últimos meses del 2009; en tanto que la “huelga política” del día 16 –aunque mostró la combatividad de la base que aún se mantiene en pie de lucha– no paralizó ningún sector de la producción ni de los servicios. Mientras tanto, como hemos planteado desde el inicio de la lucha electricista, se privilegiaba una estrategia de “resistencia legal y pacífica” que resultó impotente para torcerle el brazo al gobierno.

No acordamos con que a las organizaciones y los activistas que vienen apoyado la lucha del SME y tienen un posicionamiento crítico frente a la política de la dirección sindical se les señale como divisionistas o enemigos del movimiento. Ni que se justifique esa política diciendo que los llamados a la huelga general sólo apuntan a la “inmolación” del movimiento, como dice la corriente política “En Lucha” (Los brigadistas, marzo 2010).

En estos momentos sólo la discusión franca y democrática puede fortalecer la lucha contra el gobierno y los esquiroles que se pasaron al bando oficial. Lamentablemente, algunos avalan los errores para no verse “mal” ante la dirección sindical.

Desde la LTS estuvimos –y estamos– en la primera línea de la solidaridad con la lucha electricista. Y creemos que frente al hecho de que el gobierno logró su primer objetivo (imponer en los hechos el decreto de extinción de LyFC) y ahora lanza un ataque sobre todo el movimiento obrero, se pone sobre la mesa una necesidad urgente: una política y un programa que permita coordinar a los sectores que resisten y preparar las condiciones para una movilización obrera y popular.

Enfrentemos la ofensiva del gobierno

Por todo eso, este nuevo primero de mayo plantea la necesidad de discutir qué programa necesitamos los trabajadores.

La primera tarea que tenemos por delante es enfrentar la brutal ofensiva del gobierno sobre nuestros compañeros electricistas y mineros.
La amedrentación y represión de Calderón busca darles una lección a todos los trabajadores, y evitar que surjan nuevas luchas contra la reforma laboral y el conjunto de sus medidas antiobreras. Por eso, es indispensable que todas las organizaciones sindicales junto al conjunto de las organizaciones democráticas, políticas y populares, nos movilicemos y realicemos acciones contundentes de lucha contra la ofensiva del gobierno. Es necesario mostrar la solidaridad de clase y responder como uno solo ante cualquier nuevo intento represivo contra los compañeros electricistas y mineros. Para eso hay que preparar una huelga nacional en solidaridad con los trabajadores en lucha y contra el gobierno.

Junto a esto, es necesario dar una contundente respuesta a la contrarreforma panista a la LFT.
La misma no puede pasar, ni puede negociarse –como pretende hacer Hernández Juárez de la UNT–, sólo la unidad de los trabajadores (los sindicalizados y no sindicalizados) en las calles, puede poner un alto al pro-patronal gobierno. Las conquistas de los trabajadores –que ya están bastante menguadas por los avances patronales– no se negocian: se defienden en la perspectiva de ir por más y lograr nuevos derechos para nuestra clase. Al mismo tiempo, la lucha por “No a la reforma laboral” es parte de un programa que debe plantear, como medidas elementales frente a la actual crisis, el reparto de las horas de trabajo entre empleados y desempleados con igual salario, la escala móvil de salarios de acuerdo con la inflación (partiendo de un aumento general de emergencia según la canasta básica), junto a la lucha –donde los sindicatos deben ponerse a la cabeza– por derechos sindicales, laborales y sociales para el conjunto de los trabajadores, la mayoría de los cuales hoy padecen en los hechos lo que la reforma laboral pretende sancionar. Frente a la ofensiva patronal, hay que luchar para que la crisis la paguen quienes la provocaron: los capitalistas.

Son las grandes mayorías las que sufren la opresión, la represión y los ataques del gobierno contra sus derechos.
La militarización se abate sobre amplios sectores de la población, como muestra el caso de Ciudad Juárez. El aumento de tarifas –como las del transporte en el Estado de México– golpea diariamente a millones, que ya sufrieron hace apenas un mes los efectos de las inundaciones, potenciados por la criminal política del gobierno estatal y federal. Millones de campesinos e indígenas pobres resienten los efectos de la militarización en el campo y de la crisis que golpea duramente sus economías. Asimismo, la juventud y amplios sectores populares sufren todos los dias la represión y el avasallamiento de sus derechos, en tanto que bajo este gobierno se profundiza la política oscurantista, clerical y reaccionaria contra las mujeres, como lo muestra, por ejemplo, el feminicidio y las condenas que la “justicia” se reserva para quienes aborten y quieran hacer uso del elemental derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por eso, es necesario que los trabajadores retomemos y hagamos propias las demandas del conjunto de los sectores en lucha y de quienes sufren la opresión y la miseria de esta “democracia para ricos”.

Organicemos la lucha y la movilización
Para eso, es fundamental que todos los sectores que están movilizados –como los trabajadores electricistas o los mineros de Cananea– llamen públicamente al conjunto de las organizaciones obreras y populares para que se avance en una coordinación de los sectores en lucha. Para ello, podría convocarse a una Coordinadora Nacional, donde participen delegados de los trabajadores mineros, de los electricistas, del magisterio, así como del movimiento estudiantil y de quienes se están organizando contra la represión y la militarización, como en Ciudad Juárez. La Asamblea Nacional de Resistencia Popular podría ser un primer paso para ello, a condición de que su funcionamiento esté basado en la elección de delegados de base de los sectores en lucha, rotativos, revocables y con mandato, y de que haya una verdadera discusión en su seno. Debe ser distinto a cómo funciona actualmente, donde las decisiones no emanan desde abajo: son las bases trabajadoras las que tienen que decidir y ese mandato debe ser respetado por sus representantes. Allí se podría discutir y votar un plan de lucha unificado, cuyas primeras demandas sean: rodear de apoyo y enfrentar cualquier amenaza represiva sobre el SME y los mineros de Cananea; la solidaridad con el pueblo de Ciudad Juárez, y llamar a las organizaciones sindicales que se reclaman opositoras a que le pongan fecha y preparen las condiciones para un paro nacional en solidaridad con el SME, Cananea y el conjunto de los sectores movilizados.