MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Arturo Rodríguez

Desde la llegada del PRD –con Cárdenas– al gobierno del Distrito Federal (GDF) en 1997, algunos medios de comunicación y organizaciones han identificado al GDF como un gobierno de izquierda, definición que oculta su verdadero carácter como un gobierno al servicio no del pueblo pobre y trabajador, sino de los empresarios.

Ejemplo de lo anterior son las grandes obras de infraestructura realizadas a partir de la administración de López Obrador (segundos pisos), con las que el GDF ha garantizado jugosos negocios para gigantes de la construcción como ICA, de Carlos Slim, o la española OHL. De ello dan cuenta no sólo los millonarios recursos erogados, sino también la represión a los movimientos de vecinos que se movilizaron contra los megaproyectos de Ebrard, que han implicado la destrucción de áreas ecológicas y la privatización de espacios públicos.

Mención aparte merece la corrupción inherente a un partido cuyo quehacer principal cuando gobierna es administrar los negocios de los capitalistas, como se vio por ejemplo hace algunos años con el caso Ahumada, o más recientemente con el escándalo de la línea 12 del metro, cuyas fallas técnicas arriesgaban diariamente la vida de casi medio millón de usuarios e implican pérdidas millonarias de recursos públicos. Esto luego del alza antiobrera y antipopular de la tarifa del metro.

Mientras, el GDF ataca los derechos de sus trabajadores haciendo avanzar la subcontratación y precarización laboral, al tiempo que pretende imponer la reaccionaria reforma educativa en el IEMS.

El rol represor del PRD en el DF

La llegada a la jefatura del GDF del superpolicía Mancera –ex procurador del D.F. con Ebrard– es expresión de la derechización cada vez mayor del PRD, coronada con su integración al “Pacto por México”.

Desde el gobierno de Rosario Robles, el curso a derecha del PRD se expresó en su política para boicotear la huelga estudiantil en 1999 y la represión en octubre a la marcha del CGH.

Con López Obrador –con Ebrard como secretario de Seguridad Pública– se fortaleció en la ciudad el aparato represivo del Estado con la contratación del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para implementar la política de “tolerancia cero”. Fue el mismo López Obrador quien pidió la reclasificación del delito de terrorismo en el Código Penal del D.F. como “ataques a la paz pública” (Art. 362)1, delito por el cual se mantiene recluido el joven Mario González, preso político del gobierno de Mancera2.

Los ataques contra la protesta social se recrudecieron a partir del 1° de diciembre de 2012, cuando fueron brutalmente reprimidas las protestas contra la asunción de Peña Nieto. Mancera ha continuado esta política reprimiendo a lo largo del 2013 al movimiento estudiantil, al magisterio en lucha, y más recientemente al movimiento #Posmesalto. Desde entonces, con la aplicación del “protocolo de control de multitudes”, el accionar represivo de los granaderos y la detención de manifestantes se han vuelto una constante.

De la mano de Peña Nieto, Mancera ha asumido la tarea de hacerle el trabajo sucio al PRI en el D.F., garantizando la aplicación de las medidas antiobreras y antipopulares con la represión del descontento social.

¡Contra la represión y los planes de Mancera! ¡Ninguna confianza en el PRD!

Los trabajadores no debemos depositar ninguna confianza en un partido que, por más que pose de democrático, se hace cómplice del PAN y del PRI en contra de los trabajadores y el pueblo pobre, y ahí donde gobierna lo hace a favor de los grandes empresarios, reprimiendo a los que salen a luchar.
Para preparar el triunfo de las luchas de los trabajadores y la juventud es necesario organizarnos con independencia de los partidos patronales. Retomando los métodos de lucha de nuestra clase como el paro, la huelga y la movilización callejera, levantemos en la ciudad un programa contra el desempleo y la precarización laboral, por un metro subsidiado y gratuito bajo control de sus trabajadores y usuarios, por la renacionalización de los servicios privatizados que encarecen la vida y por la derogación del artículo 362 del Código Penal del D.F., la libertad de los presos políticos y la disolución de los cuerpos represivos del Estado. Sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo puede resolver los problemas más graves que afectan a la población.

1 Fernando Camacho Servín: “Equipara Código Penal del DF ataques a la vía pública con terrorismo: ANAD”, La Jornada, 15/12/2012.
2 También relacionada con la represión del 2 de octubre, la trabajadora doméstica y activista Luna Flores fue recientemente sentenciada a un año tres meses de prisión por cargos de ultrajes a la autoridad.