MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La violencia desatada a raíz de la llamada “guerra contra el narco”, alcanzó a diversos sectores de la población. En Acapulco, Guerrero, la descomposición social y la violencia se han agudizado en los últimos seis años, y los habitantes han sido forzados a convivir con la muerte día a día.

Acapulco es el segundo municipio más violento del país, en lo que va del año se han reportado 158 homicidios de menores de edad; es el lugar de los primeros signos de la violencia brutal que se viviría a lo largo de este sexenio; en el 2006 aparecieron las primeras cabezas de personas decapitadas, a partir de este momento la violencia y la descomposición aumentaron cada vez más en el puerto y en todo el país.
Los profesores así como otros sectores de trabajadores de la región se han convertido en blanco de las extorsiones del “crimen organizado”, cárteles de la región han secuestrado profesores para pedir rescates de cientos de miles de pesos (la mayoría de la base magisterial en Guerrero gana 3600 pesos al mes), o les han exigido, bajo amenaza, a los maestros dar el 50% de su sueldo.
Ante esto las primeras declaraciones del gobernador fueron que los maestros tenían psicosis, ya que la violencia era algo generalizado en el país.
La descomposición social que se vive en Acapulco es consecuencia de las políticas estatales y federales, la miseria en la que está sumergida el campo mexicano debido a la falta de programas que realmente fomenten su desarrollo, han orillado a los campesinos pobres a trabajar sus tierras para el narcotráfico; el conocido vínculo de las fuerzas armadas con el “crimen organizado” ha fortalecido a distintos cárteles de narcotraficantes y sicarios; es común que las personas que son detenidas por pertenecer a estos cárteles hayan tenido alguna función o en la policía o en el ejército. Los secuestros, los levantones y el miedo es algo con lo que los trabajadores de Acapulco son forzados a convivir día con día.

Inician las movilizaciones de trabajadores

El 26 de agosto en Acapulco los trabajadores de la educación dieron una vez más la cara por la población trabajadora y cerraron las escuelas para salir a las calles a exigir condiciones de seguridad para que ellos y sus alumnos puedan asistir a sus centros de estudio.
Con todo lo que esto implica: vencer el miedo, correr el riesgo de ser reprimidos por el gobierno o atacados por el “crimen organizado”, la base magisterial forzó a sus direcciones a realizar un paro indefinido de labores hasta que su petición de seguridad fuera resuelta.
Conforme pasaron los días fueron sumándose las escuelas de los alrededores y del centro del puerto, hasta que cerraron las 1270 escuelas del municipio.
El 13 de septiembre 4 mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon durante más de 4 horas la autopista México – Acapulco, pidiendo condiciones mínimas de seguridad para poder dar clases y demostraron 48 casos documentados de secuestro en contra de profesores en el Estado y siete asesinatos. El 21 de septiembre 8 mil personas se manifestaron en Acapulco y mantuvieron cerrada la carretera.
El 22 de septiembre ante la presión del movimiento magisterial y su demanda de acabar con la violencia, el gobierno estatal tuvo que sentarse a la mesa de diálogo con las dirigencias de los sindicatos magisteriales, el opositor CETEG y el oficial SNTE. Como es de esperarse, las direcciones del SNTE hicieron todo para levantar rápidamente el paro.
El paro se levantó sin que el gobierno garantizase la seguridad de alumnos y profesores. La incertidumbre y el miedo sigue respirándose en Guerrero, pero se han generado las primeras acciones donde la clase trabajadora interviene, con sus métodos de lucha, ante la violencia que es resultado de la “narco guerra”.

El Estado no puede dar una solución

El ofrecimiento del gobierno es irrisorio: 45 cámaras y 336 botones de emergencia para instalarse en distintos planteles, y desplegar un mayor número de retenes. El Estado aprovecha la demanda de los profesores para profundizar la militarización y desplegar más tropas. Con la justificación de la lucha contra el narco despliega a las fuerzas armadas, preparándose para que puedan reprimir y contener movilizaciones obreras y populares.
Como si más cámaras y más militares fueran la solución para acabar con la violencia y garantizar seguridad a los pobladores, un sector de la dirigencia del SNTE acepta esto y llama al regreso a clases, quedándose la CETEG sola en el paro.
En diarios como La Jornada, profesores de Acapulco han denunciado los sobornos que recibió la dirección regional del SNTE para levantar el paro, así como las presiones de la SEP hacia los profesores, amenazando con recortes salariales.
La limitante de este movimiento surgido en torno a la lucha contra los ataques cotidianos a los trabajadores del magisterio, es la confianza que se deposita en que las estructuras gubernamentales podrán terminar con el problema que ellas mismas han generado. Y es que mientras que el narcotráfico y la descomposición social son un producto del capitalismo, la intensificación de la acción de las bandas del narco no pueden separarse del cobijo que durante décadas le dieron los gobiernos panistas y priistas -con miles de funcionarios asociados al mismo- y que ahora dejó paso a una guerra en la que participan por igual los carteles y los militares.
En contra de lo que sostienen las direcciones burocráticas como las del SNTE, no podemos confiar en las instituciones que han desplegado a los militares por todo el país: los trabajadores y la población debemos organizarnos en nuestros centros de trabajo y en las zonas de mayor peligro conformar brigadas de autodefensa dirigidas por los sectores organizados de los trabajadores, y participar en la construcción de un gran movimiento nacional contra la militarización.