MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Recientemente, el SME lanzó la propuesta de conformar una Organización Política Nacional (OPN). Aunque esto representaba una oportunidad para avanzar en la construcción de una herramienta de los trabajadores, tanto el ofrecimiento realizado por Martin Esparza al PRI de proporcionarle 200,000 votos a cambio de una ley “favorable” a los electricistas, como el contenido de los documentos presentados para la discusión de la nueva OPN, abren una importante discusión para los trabajadores, en torno al programa y la política que esta OPN debería tener frente a los partidos patronales, las instituciones y la patronal. Lo que está en juego es si la OPN va a surgir como un apéndice de los partidos patronales y sus candidatos (sea Peña Nieto o López Obrador), a lo cual lamentablemente apunta la política de la dirección de Esparza, o si por el contrario va a ser una herramienta para que los trabajadores intervengamos en la escena política nacional de forma independiente y con nuestras propias reivindicaciones.

Eso requiere un amplio debate democrático que lamentablemente está ausente de los trabajos de la OPN, donde sólo funciona una comisión promotora que, aunque abierta a la asistencia de las organizaciones, no puede suplantar la imprescindible discusión de las bases electricistas y de las organizaciones obreras, políticas y sociales, que son quienes deberían votar y resolver en torno a los documentos y manifiestos de la nueva OPN.

En ese sentido, desde la LTS queremos abrir la discusión respecto a los documentos de Programa y Principios, presentados hacia la primera reunión nacional de marzo y que ya circulan por internet.

En los documentos se critica la política desarrollada por los distintos gobiernos y la profundización de la entrega, la miseria y la violación de los más elementales derechos democráticos de las mayorías.

A partir de ello, se plantean los objetivos de la OPN, como la lucha por “Transformaciones que recuperen el régimen democrático para la República y trastoquen las bases seculares de la injusta distribución de la riqueza en nuestro país.
El principal objetivo de nuestra organización política es, por lo dicho, el de luchar por la liberación nacional, lo que implica la edificación de una nueva sociedad con Justicia, Democracia, Libertad e Independencia plena, económica y política.
Se sostiene también que “Expresión actual de la decisión del pueblo de rescatar al país de la barbarie que ha impuesto la oligarquía y su Estado, este programa se erige en alternativa para amplias clases y capas sociales en la perspectiva de fundar un nuevo consenso que permita vislumbrar un régimen político en el que la legitimidad del poder se sustente en la Legalidad Constitucional, como paso inmediato a partir del cual se emprenda la transformación profunda y progresiva de las instituciones del Estado.” Y, fundamentando la lucha de la OPN se sostiene que “Es necesaria una nueva forma de democracia cualitativamente distinta, en la que los derechos del pueblo no se limiten a votar cada cierto tiempo para escoger a sus verdugos y explotadores en turno. Una democracia participativa y popular, en la que sean las mayorías las que manden y su voluntad se acate y se transforme en políticas gubernamentales y en el bienestar de las mismas; se redistribuya el ingreso y se impida que se concentre en pocas manos. Un régimen que haga realidad el mandato constitucional que precisa que la democracia debe ser considerada “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Junto a ello se propone: “Los puntos anteriores exigen nuevas formas de composición de las fuerzas que encabecen la dirección política del Estado, distintas de las que se han dado hasta hoy. El Estado deberá ser dirigido en lo sucesivo por un bloque social distinto que esté integrado por los diversos sectores que componen la clase trabajadora del campo y la ciudad, los movimientos sociales y urbanos, los pueblos indios, profesores, intelectuales, artistas y los nuevos movimientos sociales integrados por alter mundialistas, ecologistas, los movimientos de defensa de derechos humanos, de género y diversidad sexual, estudiantes, jóvenes, braceros y migrantes, pequeños y medianos industriales, en fin, por todo el conjunto de clases, sectores y grupos sociales que están convocados a formar parte de este proyecto incluyente y antineoliberal.”
En consonancia con esto, los puntos programáticos contemplados en estos documentos apuntan a revertir los aspectos más duros y salvajes de la ofensiva neoliberal y regresar a los fundamentos de la Constitucion de 1917, proponiendo la nacionalización de las empresas privatizadas (en las cuales, como se enuncia, se intentaría darle mayor participación a los trabajadores), anular las contrarreformas a la Constitucion, entre otras medidas.

Democratizar el régimen o luchar por un gobierno de los trabajadores

El problema que presentan los documentos mencionados, es que su contenido y sus reivindicaciones se inscribe íntegramente en los marcos de una democratización del régimen político existente –planteado en términos de restablecimiento de la “legalidad constitucional” y de una nueva “democracia participativa y popular”- que no se propone atacar de raíz a un sistema económico basado en la explotación capitalista y la dominación imperialista, ni acabar radicalmente con las instituciones que son soporte y garantía del mismo. En ese sentido, el programa es consonante con una especie de capitalismo regido desde un estado monopolico, que sería así la garantía para lograr una distribución de la riqueza favorable a las grandes mayorías.
Para avanzar en ese proyecto, se propone una forma de alianza de clases, donde se considera desde la clase obrera hasta los “pequeños y medianos empresarios”. El proyecto social expresado en los documentos –que como decimos no rompe con los fundamentos de la explotación capitalista- se combina entonces con una propuesta de “bloque social” donde la clase obrera se muestra diluida social y políticamente, ya que no está planteada la necesidad de que sea ésta la que, con una estrategia que rompa toda ilusión en un capitalismo “antineoliberal”, encabece un “bloque social” de los explotados y oprimidos tras un programa que ataque la propiedad de los capitalistas y terratenientes.

El documento lamentablemente no provee herramientas para acabar con los duros efectos que el “neoliberalismo” ha causado sobre las masas trabajadoras, ya que termina en una propuesta de un capitalismo “democrático” y “popular”. Pero esto es una utopia. Ya que no es posible acabar con los mismos sin echar abajo las instituciones que garantizar la dominación capitalista y enfrentar a los distintos partidos –PAN, PRI y PRD- que son parte de este régimen de la alternancia y preservan su existencia, limitándose a lo sumo, en el caso del PRD, a aspirar a su “democratización” pero siendo complices e impulsores de las reaccionarias leyes entreguistas y antidemocráticas (como por ejemplo, la reaccionaria “Ley Indigena” de 2001). Cómo hacerlo sin poner en cuestión las bases fundamentales de este sistema económico sobre el cual se erige la entrega de los recursos naturales, la explotación y los salarios de hambre, y la profunda antidemocracia que corroe a la sociedad actual y afecta a las grandes mayorías del campo y la ciudad.
Para apuntar en ese sentido es un requisito fundamental sostener un programa que apunte a una lucha frontal contra las instituciones de este régimen de democracia para ricos, a la expropiacion de los expropiadores (los capitalistas y terratenientes no solo extranjeros, sino también nacionales y “progresistas”) y que descanse en la idea de que es la clase obrera la que debe impulsarlo y convertirse en la fuerza social que acaudille esa lucha.
Ante esta ausencia de una perspectiva como la que mencionamos, la critica del sistema social y económico imperante es acompañada de una búsqueda de “la rectoría del estado”, pero sin decir claramente de qué estado estamos hablando, el cual se define, de forma ambigua y poco precisa, como un estado “democrático” y un gobierno de tipo “participativo y popular”. Decimos que es ambiguo porque, si hoy estamos ante un estado de los capitalistas –con las instituciones políticas acordes a su dominación económica- la única real alternativa a ello es bregar por un estado de los trabajadores, basado en la expropiación de los expropiadores y en la planificación democrática de la economía y el conjunto de la sociedad. No hay otra clase ni otra perspectiva política capaz de resolver la terrible crisis económica, política y social a la que la dominación capitalista ha llevado a México. Negar esto aduciendo una formula vaga y ambigua de “estado democrático” deja la puerta abierta a que sectores del PRI y del PRD que se presentan como “opositores” al panismo, pero que son enemigos acérrimos de cuestionar la dominación capitalista, encabecen esa política. Y, por eso, dicha fórmula representa una potencial trampa para los trabajadores.
No es casual en ese sentido que el programa relegue la participación de los trabajadores, y se concentre en lograr un estado “democrático”, limitándose a mencionar, en un punto aislado del programa, que hay que “asegurar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas”.
Si se trata de una política para impulsar la organización independiente –política, organizativa y programáticamente- de los trabajadores, y de una estrategia para superar de forma revolucionaria al capitalismo, entonces el rol de la clase obrera es central y debe expresarse en un programa que cuestione la propiedad capitalista y apunte a subvertirla por la acción organizada de los trabajadores. Pero el proyecto de un estado “democrático” donde los trabajadores no se convierten en la clase dominante política y económicamente, y que no descansa en una estrategia y un programa para cuestionar paso a paso la dominación capitalista, solo puede terminar en un estado con instituciones más “democráticas” y “participativas”, e incluso con mayor control estatal de la economia, pero manteniendo los principios fundamentales de la propiedad privada, esto es, un estado capitalista.
Para los socialistas de la LTS esto está en las antípodas de un verdadero gobierno de los trabajadores, basado en la lucha irreconciliable contra la dominación de la burguesía y sus representantes políticos.

Una perspectiva de independencia de clase o ir atrás de los capitalistas “progres”

En ese sentido, llama la atención la insistencia en integrar al proyecto e incorporar a la formulación del “nuevo bloque social” a los pequeños y medianos empresarios. Es evidente que la adhesión de estos está vinculada a lograr un programa que no cuestione sus intereses de clase, tal como se expresa en los documentos mencionados.
En el mismo sentido, tampoco se menciona al PRD y a la principal figura de este partido, Andrés Manuel López Obrador, quien se perfila para capitalizar el descontento con el PAN en las próximas elecciones. Todos sabemos que, más allá de sus críticas al neoliberalismo salvaje y su “al diablo con las instituciones”, el proyecto amlista y perredista no va más allá de un perfeccionamiento (“democratización”) de las instituciones políticas, un atenuamiento de las políticas llamadas neoliberales, y el mantenimiento de los principios económicos y sociales del capitalismo mexicano. Y sabemos también que AMLO atrae la simpatía de muchos trabajadores y jóvenes. Por eso, es fundamental delimitarse claramente del PRD y de AMLO, y establecer explícitamente que la OPN no apoyará electoralmente a los candidatos de este partido ni del PRI. Hay que criticar el capitalismo “posneoliberal” de AMLO, que no puede ni quiere dar ninguna salida de fondo a las reivindicaciones y demandas de los que sufren la miseria, el desempleo, el trabajo precario y la explotación. Junto a la revisión profunda del programa que sugerimos en los párrafos previos, esta peligrosa omisión debe ser corregida. De no hacerlo, terminaría confluyéndose con López Obrador y el PRD en un proyecto capitalista nacional que nada tiene que dar a las masas explotadas y oprimidas de México.

más de lo mismo junto a los partidos patronales o una organización independiente
Partiendo de lo planteado previamente, consideramos que, si lo que buscamos es impulsar una herramienta política de los trabajadores que realmente esté a su servicio y que no sea “moneda de cambio” de alianzas y acuerdos con los partidos patronales, es fundamental una clara definición política y programática alternativa al curso actual. En primer lugar, como planteamos en otro articulo de este periódico, un energico deslinde de los dichos de Martin Esparza, marcando la independencia política y organizativa respecto al PRI, al PAN, al PRD y a los otros partidos del Congreso.
Partiendo de eso, impulsar una discusión democrática y desde las bases del programa y los principios de la OPN, respetando la voluntad de las bases organizadas en comités y asambleas por lugares de trabajo, colegios, colonias, etcétera.
En ese proceso de discusión democrática –que para los socialistas de la LTS es una condición, junto a la delimitación del PRI y del PRD, para participar e impulsar la OPN- consideramos fundamental que la OPN se dote de un programa de reinvindicaciones que, lejos de buscar la rectoría del estado burgues y el restablecimiento de la “legalidad constitucional”, apunte a la movilización independiente de los trabajadores en pos de sus demandas.
Alli plantearemos un proyecto estratégico que apunte, no a la edificación de una “democracia popular” bajo el régimen capitalista, sino a la lucha por un gobierno de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, basado en los organismos democráticos de las masas, que expropie a los capitalistas y al imperialismo.