MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Calderón y el nuevo Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmaron que la crisis económica terminó y que éste será “el año de la recuperación”. Pero los trabajadores y el pueblo iniciamos el 2010 en una situación muy desfavorable. Las medidas “contracíclicas” de Calderón para preservar las ganancias de los patrones, significaron despidos, suspensiones, rebajas salariales y precarización del trabajo, pisoteando los más elementales derechos laborales.

A la caída de los ingresos fiscales -derivada de la crisis y la baja en los precios del petróleo-, el gobierno federal respondió con recortes al presupuesto; despidos de empleados públicos; aumentos de impuestos, de los combustibles y de los servicios básicos, lesivos para la mayoría. Lo mismo se aplicó en el Distrito Federal, en los estados y municipios, demostrando que, ahí donde gobiernan, todos los partidos patronales están en contra de los intereses populares.

¿“Recuperación”, para quién?

La cuesta de enero se empinó brutalmente con los aumentos de la gasolina y el IVA, que están propiciando una desenfrenada alza en los precios de la canasta básica, profundizando la pobreza de millones. Con el alza de tarifas e impuestos el gobierno busca mantener la “estabilidad macroeconómica” y el “equilibrio fiscal” para ganar la confianza del imperialismo, los organismos financieros internacionales y los inversionistas. Sin embargo, los banqueros y empresarios siguen fugando divisas, mientras el gobierno utiliza millonarios recursos públicos para contener una devaluación brusca de la moneda.

El gobierno apuesta a una eventual recuperación de la economía mundial (en especial de Estados Unidos) que reanime la de nuestro país. Pero en el mejor escenario, aun en cifras oficiales -que siempre se ajustan a la baja-, el crecimiento de la economía mexicana se estima precario (alrededor del 3%) y ha sido condicionado a que se realicen nuevas “reformas estructurales”.

Esto significa que para los trabajadores se mantendrá el desempleo, la carestía y los bajos salarios; a la par que el gobierno busca la privatización de PEMEX y la industria eléctrica, e imponer una reforma laboral esclavista a la Ley Federal del Trabajo, que flexibilice y abarate el costo de la fuerza de trabajo a favor de los patrones. Para lograrlo, el gobierno tiene que asestar duros golpes al movimiento obrero y derrotar a sus organizaciones, ahí donde resisten, como pretende la ofensiva en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas o el Sindicato Minero.

Alianza de los partidos patronales para sostener al régimen

El país está militarizado; se persigue, encarcela y asesina a luchadores sociales; crece la influencia de la Iglesia en las políticas públicas, como muestran las reformas en contra del aborto que se aprobaron en varios estados y el rechazo a los matrimonios gay.
Esto muestra el verdadero carácter de esta “democracia” para ricos que resulta incapaz de garantizar los derechos democráticos más elementales.

Ante el desgaste de las instituciones, los partidos patronales han establecido de hecho un pacto reaccionario para evitar que se desborde el descontento contra Calderón y garantizar la estabilidad del régimen, con miras a una sucesión presidencial ordenada en el 2012 que les dé mayor legitimidad y les permita un nuevo reparto del poder.

La propuesta de reforma política de Calderón, busca fortalecer al ejecutivo para facilitar la aplicación de sus planes, así como perpetuar -con medidas como la reelección-, el control del aparato del estado por las mafias partidistas. Y aunque el PRD criticó la iniciativa, porque favorece al PRI y al PAN, ya el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, dejó en claro que para el régimen es necesaria una “izquierda estabilizadora”, que pueda canalizar institucionalmente el descontento obrero y popular.

Demostrando que para ellos la “oposición” al partido en el gobierno no es un problema de principios y en aras de conquistar nuevos cotos de poder, el PRD busca aliarse con el PAN para contender por la gubernatura de varios estados (como Oaxaca, Puebla e Hidalgo), tratando de debilitar al PRI, que aparece firme en la disputa por la presidencia; mientras que en Zacatecas, el pejista PT quiere aliarse con el PRI en contra del PRD.

Más allá de que el PRI o el PRD cuestionen en función de su interés electoral alguna medida del gobierno federal, en el fondo buscan demostrar que pueden administrar mejor los negocios capitalistas y garantizar estabilidad. Por su parte, López Obrador, que aparece como el principal referente de la “resistencia civil y pacífica”, cuestionó las alianzas del PRD con el PAN, pero ha dejado en claro que no busca desestabilizar al gobierno de Calderón sino derrotar a Peña Nieto en el 2012, postergando los reclamos obreros y populares bajo la perspectiva utópica (y reaccionaria) de que éstos podrán conseguirse por la vía electoral.

Los trabajadores entran en escena

La lucha del SME contra el decreto de Calderón que acabó con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, puso en el centro de la escena nacional a un sector del movimiento obrero organizado, encabezando la resistencia al gobierno. Acompañado de otros sindicatos opositores y de muchas organizaciones que se agruparon en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), el SME protagonizó grandes acciones como la del 11 de noviembre, que planteaban la posibilidad derrotar el decreto de Calderón por la vía de la movilización en las calles, abriendo una situación más favorable para los trabajadores y el pueblo.

Sin embargo, la estrategia pacifista y conciliadora de la dirección del SME, que en todo momento puso el acento en las vías legales e institucionales -primero para tratar de revertir el decreto y ahora para lograr que la CFE como “patrón sustituto” contrate a los electricistas que no se liquidaron-, junto a la pasividad del resto de los sindicatos opositores que se negaron hasta ahora a impulsar una verdadera huelga nacional, le ha permitido al gobierno mantener contenida esta lucha y proseguir con su ofensiva antiobrera.

Recientemente, la ANRP lanzó el “Plan de los Insurgentes”, que contempla realizar la huelga nacional para febrero o marzo. Ésta no puede seguirse postergando. Otros sectores de trabajadores, como los sindicatos universitarios, comienzan a plantear sus reclamos. Desde una perspectiva independiente, sin ninguna confianza en los partidos del régimen ni las instituciones, la huelga, como parte de un plan de lucha, debe servir para soldar la unidad y templar las fuerzas de la clase obrera en contra del gobierno y los patrones hasta derrotar sus planes. Para ello, tiene que organizarse desde abajo, impulsando comités de huelga en los centros de trabajo, así como asambleas cada escuela, pueblo y barrio, bajo un programa que recoja verdaderamente las demandas obreras y populares.

Por un programa obrero frente a la crisis

– Frente a la carestía, aumento salarial de emergencia, control de precios, expropiación de las cadenas comerciales que especulen con el hambre del pueblo, por comités de trabajadores y consumidores para imponerlo.
– Frente al desempleo, reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, sin rebajar el salario. Expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida.
– No al aumento de impuestos y tarifas. Impuestos progresivos a las grandes fortunas.
– Abajo el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza. No a la privatización de PEMEX y la industria eléctrica. Nacionalización bajo control obrero de todos los sectores energéticos.
– Alto a la ofensiva antisindical del gobierno. Fuera manos del estado de los sindicatos.
– Alto a la represión y a la militarización del país. Libertad a los presos políticos.
– Por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito. Por plenos derechos democráticos para gays, lesbianas, trans, etc.