MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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En lo que va del mes se han encontrado decenas de cuerpos mutilados y con signos de tortura, como en Cadereyta, Monterrey, en donde la disputa por “la plaza y la ruta” entre los distintos cárteles ha intensificado la violencia. Aprovechando el desempleo y los bajos salarios, se reclutan jóvenes que no tienen otras opciones para poder sobrevivir más que ser parte del narco o alistarse en la policía o en el ejército.

Las decenas de cuerpos encontrados en Guadalajara y Monterrey y la brutalidad con la que se cometieron estos asesinatos, expresan la descomposición social que ha provocado la política del gobierno de Calderón y el costo que tiene su búsqueda de legitimación por medio de esta guerra. Muchos de los asesinados eran migrantes, quienes al cruzar el país son víctimas de abusos, vejaciones y violaciones de sus derechos por parte de las distintas policías, de los cárteles, y de las mismas autoridades del Instituto de Migración que aprovechan la condición de “ilegal” para extorsionarlos.

Es también una estrategia de militarización preventiva ante los posibles estallidos sociales que puede provocar el descontento popular, apoyada en el incremento de los cuerpos policiacos y la violación sistemática de los derechos humanos en las regiones que el gobierno (y Washington) considera “conflictivos”.

La “guerra” de Calderón es contra las masas

La violencia aumenta junto con la pauperización de los sectores más vulnerables, así como la desconfianza y el descontento con las instituciones del estado, sobre todo con el ejército cuestionado por su rol represor y su complicidad con los cárteles, como la reciente detención de tres generales por la PGR.

La llamada “guerra contra el narco” ha servido para reprimir y acallar las voces de quienes se manifiestan en contra de la política del gobierno panista; se despliegan federales por todo el país con la intención oculta de evitar movilizaciones sociales, como los 800 elementos enviados a Michoacán para evitar manifestaciones de los estudiantes. Activistas y luchadores sociales han sido asesinados y perseguidos en este sexenio por su actividad política, varios de ellos han tenido que salir exiliados a otros países como la familia Reyes Salazar.

Movilicémonos para frenar la militarización

Ante el incremento de la violencia que ha producido esta estrategia contra el “narco” que ha causado más de 60 mil muertos, Calderón sigue declarando que no dará marcha atrás, avalado por los ministros de defensa de México, Canadá y Estados Unidos, quienes ven “la guerra contra el narco” como un prioridad de seguridad para la región. Los socialistas de la LTS opinamos que sólo la amplia movilización de los trabajadores y de los sectores oprimidos en las calles, puede detener esta ola de violencia.
Es necesaria la unidad de las organizaciones sociales, de trabajadores y campesinos en contra de la militarización y de la guerra contra el narco, que se conformen comités de autodefensa a partir de ellas, que luchen por el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles, por el juicio y castigo a los responsables de esta guerra, así como la disolución de los cuerpos represivos responsables de la militarización.
Esta descomposición social terminará cuando la juventud y el pueblo pobre tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida, con empleos y vivienda digna, educación y salud pública de calidad. Estas demandas no nos las otorgará ningún partido de la burguesía. La recomposición social está en manos de la clase trabajadora y sus aliados. Salgamos a las calles a repudiar la estrategia de militarización del país. Organicémonos entre los sindicatos, organizaciones sociales, campesinas, de estudiantes y sectores precarizados en un gran movimiento independiente en contra de la militarización.