Un paso contra la criminalización de la protesta social

19 Nov 2015   |   comentários

Andrés Aullet

Desde el primero de diciembre de 2012, el MTS -antes LTS- se puso en primera línea en defensa política y legal de los presos políticos junto a muchos abogados y activistas que exigían la liberación de los presos de aquel evento.

El 10 de junio de 2013 no fue menor la actitud que asumimos, no sólo por nuestros compañeros detenidos, sino por todos los compañeros víctimas del “Halconazo de Mancera”. Al igual que en el 1Dmx, nos movilizamos y lanzamos una fuerte campaña nacional e internacional por la liberación de todos los presos, y también pusimos esfuerzos con una defensa legal comprometida, principista y clasista, la misma que hoy junto con los compañeros de la Liga de Abogados 1Dmx y otros abogados democráticos seguimos compartiendo.

A dos años del 10 de junio de 2013 y a casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, el 13 de septiembre de 2015 fueron emitidas -en esto la Coordinadora 1Dmx ha sido pieza clave- las recomendaciones 9, 10 y 11/2015 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , que expone un patrón de conducta de criminalización de la protesta social en la capital por parte del gobierno de Mancera después de lo ocurrido el 1 de diciembre de 2012. Dicho patrón responde a una misma política del Estado mexicano en su conjunto.

Entre otros alcances destacados, en las recomendaciones se indica que ha sido a través de la fuerza punitiva, el uso de las instituciones y por medio de la aplicación de los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes, artículos 287 y 362 del Código Penal del DF, como se ha reiterado la práctica de criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias, la violación de derechos, etcétera. En consecuencia, se hace un llamado explícito a la Asamblea Legislativa del DF para que deroguen los artículos 287 y 362 del Código Penal.

Aunque no compartimos algunos postulados en el sentido de “democratizar” a la policía capitalina, pues estamos por la disolución de los cuerpos represivos del Estado, estas recomendaciones son un precedente histórico y un paso importante contra la criminalización de la protesta social en el DF y a nivel nacional.









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