MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La construcción de la Supervía Poniente ya está en marcha, sin importar el desplazamiento de cientos de familias, ni la deforestación de 26 mil árboles, con lo que se aniquila el pulmón más importante que contrarresta la contaminación de la Ciudad y se elimina el manto acuífero que genera el 70 por ciento del líquido para el Valle de México.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) emitió un decreto de expropiación para 126 predios de la colonia La Malinche, en la delegación Magdalena Contreras, con lo que saca de sus viviendas a cientos habitantes, pues en cada predio en promedio viven hacinadas de 5 a 10 familias. Los vecinos de esta zona han denunciado que, para lograr la venta de estos predios, el gobierno se valió de medidas de coerción y convencimiento mediante sus allegados de partido, quienes ofrecieron hasta 2 millones de pesos por predio. Sin embargo, quienes se vieron obligados a aceptar el pago se han visto en la necesidad de rentar, pues con ese dinero no alcanza para comprar casa para 5 o 10 familias.
Esta situación ha generado que los vecinos se organicen y luchen para no perder su patrimonio y proteger el medio ambiente. Han realizado varias marchas y mítines; y desde hace casi ocho meses mantienen un plantón para evitar la entrada de maquinaria usada para demoler sus casas.
A este irrestricto derecho a la vivienda, el GDF ha respondido con fuertes dispositivos policiales, que amenazan y agraden constantemente a los manifestantes, mientras mantienen bajo férrea custodian a los trabajadores que llevan a cabo esta obra.
Además, el GDF ha tratado de polarizar la situación, promoviendo que una minoría se manifieste a favor de la Supervía. Sectores más ligados al gobierno y a las empresas a cargo la realización de la obra (como la Asociación de la Industria de la Construcción) han lanzado desplegados argumentando que detener la obra sería no atender las necesidades de la población cuando hay estudios y encuestas que demuestran que de esta obra solamente beneficiaría sólo al 6 por ciento de 4 millones de personas.
Debido a la magnitud de la violación de los derechos de la población y el medio ambiente, la CNDH recomendó la suspensión de la obra para que se realice una consulta ciudadana y donde los vecinos pueden expresar sus propuestas y opinión. Frente a ello, el gobierno de Marcelo Ebrard ya declaró que va a realizar la consulta pero que “no hay marcha atrás” en la realización del proyecto y dio como fecha límite el 30 de junio para que la población abandone sus predios.
Con ello, Ebrard demuestra qué intereses tienen prioridad en su gobierno. La Supervía es una obra concesionada a la empresa Controladora Vía Rápida Poetas S.A., conformada por OHL y Copri.
El GDF autorizó la obra desde abril de 2010, sin que hubiese estudios de impacto ambiental, ni plan concreto de reforestación al mismo nivel que se encuentra actualmente la zona, requisitos indispensables para aprobar una construcción de tal magnitud.
Desde la LTS, nos solidarizamos con los habitantes de La Malinche y demás colonias afectadas que defienden su patrimonio y que se movilizan para mantener sus viviendas. Creemos que la organización y movilización en las calles es como podemos detener el ataque del gobierno contra nuestros derechos elementales y nuestras libertades democráticas. Por eso decimos junto a ellos:
¡Basta de desalojos y demoliciones!
¡Alto a la Supervía! ¡Alto a la represión contra quienes defienden sus viviendas!
¡Por un verdadero plan de obras públicas en beneficio de las mayorías!

EL NEGOCIO DE LAS IMOBILIRIAS ACENÚA EL DÉFICIT DE VIVIENDATras el discurso de “urbanización” se oculta la idea de que es natural que manos privadas se apropien y exploten en su beneficio grandes extensiones de terreno y demás recursos naturales en supuesto beneficio de la población.
Nada más falso. Las consecuencias inevitables de esta apropiación capitalista se traducen en una degradación mayor de las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares, que muchas veces se ven obligados a habitar en construcciones muy precarias, en lugares con características no aptas para la vivienda (como barrancas y laderas) que carecen de servicios elementales como el drenaje y agua potable.
Es imposible conciliar en un “plan de urbanización” las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre con la apropiación privada del suelo y la organización anárquica que esto supone, priorizando sus compromisos con las grandes empresas inmobiliarias destinando a estas grandes presupuestos y omitiéndolos a la educación y a la salud y a la vivienda con créditos al alcance de los trabajadores a los que no pueden acceder los sectores más empobrecidos.
El desarrollo capitalista de las ciudades reproduce las condiciones de polarización entre la riqueza de una minoría y la miseria de la mayoría, además de la depredación del medio ambiente.
Por esto la planificación del desarrollo urbano en función de los intereses populares plantea la necesidad de expropiación sin pago de los grandes terratenientes urbanos como la Iglesia, la banca y de las grandes constructoras para la reapropiación social de los recursos, al servicio de una verdadera reforma urbana bajo control de los trabajadores y vecinos.