MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Esta medida es una imposición para el MPJD y con ello busca exonerar su responsabilidad ante los miles de asesinatos de civiles por la guerra contra el narco y minimizar un balance de violaciones a los derechos humanos y antidemocracia donde precisamente Felipe Calderón es el principal responsable.

Pero nada podrá minimizar la prepotencia y el autoritarismo con que Felipe Calderón actuó para imponer al ejército y con ello su permanencia en el gobierno, al que llegó muy cuestionado por el fraude de 2006, con una política irrisoria de combate a las drogas y al mismo tiempo que se respalda a empresas y funcionarios ligados al narco y las millonarias sumas de lavado de dinero que se mueven en las alturas.

El 11 de diciembre de 2006 Calderón realizó un operativo contra el crimen organizado en Michoacán, fue el inicio del despliegue de tropas del ejército que durante 2007 se movilizaron a todo el país, junto a la Policía Federal, policías estatales y la Marina. A la fecha ésta guerra ha ocasionado la muerte de al menos 60 mil civiles por ejecuciones, enfrentamientos y agresiones directas de autoridades.

Muchos de estos crímenes están impunes, los hechos han sido distorsionados y las víctimas acusadas de ser miembros del crimen organizado, una política usada por el gobierno para encubrir sus responsabilidades en la actuación de las fuerzas militares y policiales.
Entre los muertos hay funcionarios locales, civiles, periodistas, defensores de derechos humanos y miles de personas aún no reconocidas. Son un millar los niños asesinados en enfrentamientos armados o ataques directos, el 95 por ciento permanecen impunes.

Ciudad Juárez, la cuna del feminicidio en México, se ha convertido los últimos años en la ciudad más insegura del mundo, con más asesinatos que en todo Afganistán durante el 2009, coincidentemente ha sido el estado con más fuerzas de seguridad enviadas por el gobierno. Lamentablemente los saldos del sexenio también han convertido a otros estados del país en los más violentos y peligrosos del mundo.
Con esta guerra, los grupos armados de paramilitares abundan hasta en lugares que antes eran muy pacíficos como Zacatecas, hoy en muchos estados es común que circulen convoyes de decenas de camionetas con hombres armados que aterrorizan a la población. Con ello también vinieron los asesinatos y persecución de periodistas y luchadores sociales. La vida de Norma Andrade y muchos activistas más están en peligro por denunciar al narco, su cmplicidad con funcionarios de gobierno y las violaciones a los derechos humanos realizadas por el ejército.
Esta realidad de antidemocracia, prepotencia y violencia dirigida por el gobierno, seguramente tendrá su continuidad en la impunidad que promete el represor Enrique Peña Nieto.

La propuesta de Calderón rebaja la ley aceptada por el MPJD que incluye:

• 1) Que la atención a víctimas sea responsabilidad federal y estatal
• 2) Derecho a recibir un trato digno y respetuoso
• 3) Crear la conferencia nacional de atención integral a víctimas
• 4) Que los delincuentes reparen el daño ocasionado y la autoridad repare el daño que derive de violaciones a los derechos humanos
• 5) Ayuda económica en algunos casos a los afectados, independientemente de la reparación del daño
• 6) Crear 33 fondos de apoyo con recursos federales y estatales y un registro Nacional de Víctimas

 

Acompañamos la lucha impulsada por el MPJD y compartimos el descontento de familiares de los desaparecidos y organizaciones democráticas, ante las trágicas consecuencias de la “guerra contra el narco” y la presentación de la nueva ley de Calderón. Sin embargo, desde que surgió el MPJD y desde la CONACOM hemos planteado que, para luchar hasta el final por justicia para las víctimas de la guerra contra el narco, la represión y la violación a los derechos humanos, es fundamental poner en pie Comisiones Investigadoras Independientes que impulsen el juicio y castigo a los responsables, encabezadas por los familiares, los organismos de derechos humanos, el MPJD, las organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, indígenas y campesinas.

Además de exigir la indemnización de los familiares de las víctimas y la desmilitarización inmediata del país.

Desde nuestro punto de vista, la lucha de repudio a la "guerra contra el narco" iniciada por el MPJD tendría que avanzar programáticamente y plantear la necesidad de que el movimiento luche por la legalización de las drogas, por la autodefensa organizada por los trabajadores, las comunidades, los estudiantes, las organizaciones obreras y campesinas y por el cese a la represión policial y del ejército, los feminicidios y la criminalización de la juventud.