MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Militarización y paramilitares: BRUTAL EMBOSCADA EN OAXACA

El ataque a la caravana de de observadores internacionales de Derechos humanos que marchaban hacia el municipio de San Juan Copala (Oaxaca) el día 27 de abril, a manos de los paramilitares de la priísta Unión de Bienestar Social para la región Triqui (Ubisort) con saldo de dos muertos - la activista Alberta Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jakkola, quien se desempeñaba como observador internacional- y varios desaparecidos, es una acto de estado que no puede achacarse a las acciones autónomas de estos grupos.
En Oaxaca se expresa más concentradamente el autoritarismo del régimen y la impune política represiva de Ulises Ruiz que encarcela, asesina y desaparece opositores porque cuenta con al apoyo de los caciques de la región y de los poderes estatales, así como con la complicidad del gobierno federal. Así fue durante la lucha de pueblo oaxaqueño organizado en la APPO en el 2006, con las temibles “caravanas de la muerte” que atemorizaron las barricadas y al movimiento. Y hasta hoy no hay castigo para URO y sus matones.
Igual que en Chiapas, en Oaxaca los paramilitares imponen el terror en las comunidades indigenas y campesinas bajo la mirada cómplice del ejército. Ellos controlan los accesos a los poblados y sitian a sus habitantes, que, como en el caso del pueblo triqui, sufren la represión y persecución. El hecho mismo de que San Juan Copala lleve tiempo sitiado, muestra la complicidad del gobierno. Para esas comunidades no existe “el estado de derecho” que el régimen llama a “observar” ante el descontento popular contra las instituciones.

Y es que, además de la creciente militarización del país y las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, los grupos paramilitares son una fuerza represiva “no oficial” de control territorial y de extermino, al servicio del estado y sus instituciones autoritarias. En estos momentos las organizaciones que integran esta caravana en apoyo a los pobladores temen por la vida de sus compañeros desaparecidos en el ataque del la banda priísta.

En un país como México, donde el problema de la tierra sigue siendo para los campesinos pobres -a cien años de la Revolución Mexicana- una demanda elemental no satisfecha, a los indígenas y campesinos se les discrimina y arrebatan sus terrenos comunitarios con guardias blancas como se hacía en el porfiriato, como lo viven dia a día el pueblo triqui y muchos otros pueblos indígenas.

En el país proliferan cada vez más los cuerpos represores de “élite”. Así, el régimen se prepara para frenar cualquier levantamiento social o un ascenso obrero y de masas que el descontento pueda provocar. De forma similar a lo que sucede en otros países (como en Venezuela) donde el sicariato al servicio de los patrones asesina dirigentes obreros para evitar su organización en la lucha por sus demandas.
No podemos permitir que los patrones y las fuerzas represivas impidan la organización y unidad de los trabajadores, los campesinos y el pueblo. Tenemos que frenar con la movilización del movimiento obrero y popular, esta política que busca liquidar las protestas en el campo y en la ciudad. Por eso, los trabajadores, los campesinos e indígenas, así como los estudiantes que enfrentan el ataque del porrismo, tienen el elemental derecho a organizar su autodefensa ante los ataques criminales de estas bandas armadas al servicio del gobierno. Es necesario que el movimiento obrero y popular salga a la calle denunciar esta ofensiva y discuta las medidas elementales para defenderse.

BASTA DE ASESINATOS E IMPUNIDAD DE LOS PARAMILITARES

Este 1 de mayo, las organizaciones obreras, populares, políticas y de derechos humanos tenemos que movilizarnos por:

¡Exijamos la presentación con vida de los activistas desaparecidos! El gobierno del criminal Ulises Ruiz es responsable de la vida de estos compañeros. Los organismos de trabajadores y derechos humanos deben tener el pleno derecho y todas las garantías para acceder a los lugares donde puedan estar los compañeros perseguidos. Y que las organizaciones democráticas y los organismos internacionales de derechos humanos monitoreen y supervisen que existan esas garantías elementales.

Por el libre regreso de los pobladores desplazados por los paramilitares.
Basta de asesinatos impunes (como en los años previos vimos en El charco, Aguas Blancas y Chenalhó). Castigo a los asesinos y a sus cómplices e instigadores materiales e intelectuales, que les entrenan y les dan armamento. Que se desarme a los grupos paramilitares, bajo la supervisión de las organizaciones obreras y populares.

¡Alto a la militarización! Los militares han hecho del país un gran retén donde se asesina a los “sospechosos”: familias enteras del pueblo trabajador, mujeres y niños. ¡Fuera el ejército de las calles! ¡Abajo el fuero militar que los protege de sus acciones criminales!

Por la movilización obrera y popular a nivel internacional para exigir el gobierno respuesta a las demandas del los pobladores de San Juan Copala, y el castigo a los responsables, así como para exigir la libertad de todos los presos políticos, empezando por los compañeros de Atenco.

Liga de Trabajadores por el Socialismo
Jueves 29 de abril de 2010