MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El 22 de diciembre de 1997, tres años después del levantamiento del EZLN y en medio de las fallidas negociaciones entre este grupo armado y el gobierno de Zedillo, fueron asesinadas 45 personas por un comando paramilitar contrainsurgente integrado por cerca de 100 personas en el municipio de Chenalhó, Chiapas. La gran mayoría de las víctimas eran mujeres (entre ellas habían varias embarazadas), niños y 6 adultos varones, todos indígenas tzotziles.

El grupo paramilitar actuó protegido por un retén de operaciones mixtas entre militares y policías estatales, que se encontraba a pocos cientos de metros del lugar de los hechos. Igual que en otros crímenes de lesa humanidad, su función fue proteger a los agresores, sin intervenir, para garantizar el ataque paramilitar. Las víctimas se encontraban resguardadas en una capilla de la comunidad de Acteal, hasta donde entraron los agresores. Tuvieron alrededor de siete horas para perpetrar sus crímenes en total impunidad.

Durante años se ha dicho que este ataque fue planeado por distintas instancias de gobierno a nivel local y federal, con la intención para avivar el conflicto con los zapatistas y sus simpatizantes, y poder invocar justificaciones para nuevos enfrentamientos bélicos, e invisibilizar las causas que dieron origen al levantamiento zapatista.

Sin embargo, 18 años después -bajo el nuevo régimen de la alternancia- no hay responsables políticos que enfrenten la justicia, y los autores materiales han sido beneficiados por las instituciones de “justicia” del servicio del régimen que criminalizan la protesta y fallan contra los derechos de los trabajadores.

Como cada año, la sociedad civil “Las Abejas” que agrupa a sobrevivientes, familiares de las víctimas e integrantes de la comunidad, realiza actividades para denunciar y conmemorar esta injusticia. En el comunicado de este año, los indígenas tzotziles se pronunciaron por el respeto a los acuerdos de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, por la desmilitarización del estado de Chiapas, por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y, en una exigencia de carácter internacionalista, exigieron el fin al bombardeo imperialista en contra del pueblo sirio.

Los responsables de las masacres de ayer y de hoy, siguen en el poder
Emilio Chuayffet, quien hasta hace unos meses era el Secretario de Educación de Peña Nieto, se desempeñaba como Secretario de Gobernación, máximo responsable de la política interna del país. Durante su última gestión como secretario de estado, también fue corresponsable del ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Por ninguno de estos crímenes se le llamó ante la justicia, evidenciando que esta institución está al servicio de los de arriba.

En octubre del 2014, durante una conferencia del ex presidente Ernesto Zedillo en la Universidad de Yale, un grupo de estudiantes protestó y denunció su participación y responsabilidad en la masacre de Acteal. Los manifestantes la calificaron como terrorismo de Estado y lo vincularon también al crimen de Iguala que, no tenía más de un mes de haber ocurrido.

Entre el 2008 y el 2012, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dejó en libertad a una treintena de involucrados en el caso. Muchos de ellos son autores materiales quienes han confesado su participación. Algunos incluso señalaron dónde se escondieron las armas con las que se perpetró el ataque. La defensa de los inculpados apeló al hecho de que las autoridades judiciales que acusaron a los agresores, armaron el proceso con irregularidades, y con ello la SCJN les dictó auto de libertad.

El 13 de noviembre pasado, el gobernador de Chiapas, el priista Manuel Velasco, visitó la comunidad de Acteal. La organización civil “Las Abejas” lo denunció como un acto de contrainsurgencia, dado que el objetivo de su presencia era entregar apoyos gubernamentales para dividir a la comunidad. Aprovechándose de las necesidades materiales de cientos de miles de indígenas chiapanecos que viven en la extrema pobreza, el gobierno otorga apoyos condicionados al cese de la participación política; una política utilizada desde el levantamiento indígena para dividir a las comunidades y organizaciones zapatistas, y restarle fuerza a la demanda de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés pactados con el gobierno priísta de Zedillo.

Discriminación y violencia contra los pueblos originarios

La historia de los pueblos originarios ha sido ocultada, violentada y menospreciada desde hace más de 500 años por los conquistadores europeos y por los intereses del capital. En el México del siglo XXI, esta deuda sigue pendiente al ser los indígenas la población que enfrenta los mayores índices de pobreza, de violencia y atropellos cometidos por las instituciones del Estado y sus aliados.

Es necesario que en esta nueva conmemoración de la masacre de Acteal también se señale que los cambios políticos del año 2000, la reforma del viejo régimen, en nada mejoró las condiciones de desigualdad social y de miseria que sufren los pueblos originarios. En cambio aumentaron los feminicidios, la antidemocracia y los fraudes electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) está subordinado al gobierno, se ha profundizado la criminalización a la protesta social, y se incrementaron los casos de injusticia y de violencia perpetrados en contra de los pueblos y comunidades originarias por todo el país.

Junto a la exigencia por justicia para las víctimas de Acteal, es necesario secundar la legítima denuncia en contra del acoso paramilitar del que siguen siendo víctimas las comunidades zapatistas, exigir la libertad a los normalistas indígenas de Michoacán, así como el alto al acoso paramilitar contra las comunidades en resistencia de Cherán, Ostula y tantos otros lugares. Es necesario pelear por la libertad de los presos políticos de la tribu yaqui, en contra del despojo de los territorios por parte de las mineras y los mega proyectos que pretenden imponer en todo el país.

Esta democracia para ricos del PRI, el PAN y el PRD (la democracia del Pacto por México), mostró que tuvo como objetivo consolidar las reaccionarias instituciones del viejo régimen de PRI contra las masas trabajadoras y las comunidades originarias.

Por lo que el fin de la miseria, la violencia estructural, el acoso y las agresiones que sufren los indígenas, sólo podrá solucionarse con un gobierno obrero y campesino que haga justicia a todas las demandas históricas de los indígenas, como parte de un programa encabezado por la clase obrera, la juventud, las mujeres y los trabajadores del campo.

¡Justicia para las víctimas y la comunidad de Acteal!