MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

La juventud, en su mayoría mujeres, no tiene acceso a la educación ni al empleo, y cuando lo consiguen es en la precarización absoluta, careciendo de servicios básicos como guarderías, comedores, transporte seguro, seguridad social, etc.
Al mismo tiempo, el gobierno pretende su nueva reforma laboral, avalada por el Consejo Coordinador Empresarial y la cúpula del sindicalismo burocrático de la Confederación de Trabajadores de México, dejando intactos sus privilegios. De aplicarse esta política sería un grave retroceso a los derechos de los trabajadores, pues legalizaría prácticas de subcontratación (outsourcing), despidos, contratación a prueba y por capacitación, limita el pago de salarios caídos a un año en un proceso laboral, restringe el ejercicio del derecho a la contratación colectiva, la libertad sindical, entre otras medidas. Las mujeres y la juventud son los más atacados.

La “guerra contra el narco” y los derechos de las mujeres

La política de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón ha profundizado la ingerencia del gobierno de Estados Unidos en la seguridad nacional, expresado en el Plan Mérida y la “cooperación” bilateral en materia militar. Se ha destinado un millonario presupuesto a la militarización y los soldados en las calles aumentan, siendo ya casi 500 mil efectivos. Las consecuencias de esto son 50 mil asesinatos en lo que va del sexenio, hay registro de 22 mil desapariciones forzadas, más de 12 mil huérfanos y miles de desplazados. Además las fosas clandestinas, los asesinatos y secuestros de migrantes, el juvenicidio, un alarmante incremento del feminicidio en todo el país son parte de esta dramática realidad. Al mismo tiempo que vivimos una “democracia” al servicio de la clase dominante, pues en miles de casos ante estos hechos prevalece la indolencia e impunidad.
La militarización, lejos de generar mejores condiciones para la población, busca atemorizar a los trabajadores y el pueblo, atentar contra las libertades democráticas y contener el descontento popular. El gobierno criminaliza la protesta social, son perseguidos y asesinados periodistas y luchadores sociales, como la persecución de Malú García Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Cd. Juárez y los asesinatos de nuestras compañeras de lucha contra el feminicidio Marisela Escobedo y Susana Chávez.
Es necesario reorganizar la movilización para que los militares regresen a los cuarteles y paguen los crímenes cometidos contra la población. Ante la violencia y violación a los derechos humanos por parte del gobierno, es necesario que el movimiento de mujeres llame al movimiento estudiantil, campesino, obrero, popular y a las mujeres, a impulsar un Encuentro Nacional contra la Militarización sobre las bases de una política independiente, sin confiar en que mediante el diálogo con el gobierno y las instituciones del régimen se puedan resolver las causas estructurales de la violencia y la descomposición social.
Hubo 10 mil asesinatos de mujeres y niñas en 10 años, marcados por la indolencia de las autoridades. En la mayoría de los casos pesa la impunidad. Este grave problema se cimienta sobre las bases estructurales de la violencia hacia la mujer y los rasgos más reaccionarios de la sociedad capitalista, donde prima la descomposición social y del régimen. Crecen los secuestros de mujeres y de niños, víctimas de las redes de trata y prostitución. Se estima que de los 3.5 millones de niños que trabajan, 31% menores de 14 años, lo hacen en condiciones de explotación sexual y trata. Un jugoso “negocio” para los proxenetas, que compran la complicidad y hasta la participación directa de funcionarios, jueces y fuerzas represivas, especialmente en las regiones más pobres del país.
Mientras estos delincuentes actúan con impunidad, se criminaliza a las mujeres que deben recurrir al aborto clandestino. Este clerical gobierno ha consolidado la alianza reaccionaria entre la iglesia y el estado, que atenta contra nuestros derechos, mientras miles de adolescentes se convierten cada año en madres y el aborto clandestino sigue siendo una causa velada de muerte en México. Fuertes campañas de los grupos clericales y derechistas acompañan las reformas que criminalizan a las mujeres por aborto, bajo cargos de homicidio, con penas de hasta 35 años de cárcel. Su aprobación en 18 estados del país, impulsada por el PAN, con respaldo del PRI y en algunos casos del PRD, es un retroceso de décadas en la lucha por los derechos de las mujeres.
Estos “defensores de la moral”, son en realidad los protectores de los curas pederastas y abusadores y guardan silencio ante el feminicidio. Además, una minoría clerical impulsa campañas homofóbicas contra la libertad sexual y la adquisición de todos los derechos para parejas del mismo sexo, intentando anularlos en el D.F.

Por un plan de lucha nacional en defensa de nuestros derechos

Este Encuentro, donde coincidimos mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes, feministas, defensoras de derechos humanos y activistas de varios estados del país, es una oportunidad para organizarnos y luchar contra esta realidad que nos imponen los patrones, el gobierno, la oposición derechista y la Iglesia. En la perspectiva de unirnos con nuestros compañeros trabajadores y otros sectores en lucha.
Durante dos gobiernos panistas, desde la caída del PRI, no hemos visto gestos a favor de las mujeres y los trabajadores. Sólo nuestra organización podrá frenar la embestida. Hemos visto a los trabajador@s salir y enfrentarse con el gobierno, la patronal y en algunos casos a sus burocracias sindicales. Con muchos límites y no siempre ganando sus luchas, vimos al magisterio, los mineros, los electricistas, los trabajadores de la salud, así como a los familiares de la guardería ABC, las madres de jóvenes asesinados, las familiares de víctimas del feminicidio. Estos ejemplos deben ser nuestra lección en las próximas luchas por los derechos de la mujer y las demandas de la mujer trabajadora.
La lucha contra el aparato estatal panista respaldado por EE.UU., sólo la ganaremos en unidad con otros sectores que resienten la miseria y la opresión. Esto sería un gran salto en la organización de la clase trabajadora y la lucha de las mujeres, que los sectores que despiertan a la vida sindical y política tomen en sus manos la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras, incluidas quienes comienzan a organizarse desde sus lugares de trabajo y centros de estudio.
La mejor respuesta que podemos dar hoy a los valientes testimonios de las víctimas de la “guerra”, en el marco de la propuesta de un Pacto Nacional de las Mujeres ante la Emergencia Nacional, es hacer un llamado unitario a las familias de las víctimas del feminicidio, a las madres y las viudas de los asesinados por el ejército y el narco en el país, a las defensoras, a las perseguidas, a las activistas, a las estudiantes y mujeres pobres de todo el país, incluidos los sectores en lucha. Para luchar contra la militarización, por alto a la impunidad, el cese del feminicidio y el fin a los asesinatos en todo el país.
En este Encuentro Nacional de Mujeres, hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas y sociales, de trabajadores, de estudiantes, y a todas aquellas mujeres que compartan esta perspectiva, a unir nuestras fuerzas para pelear por UN GRAN MOVIMIENTO DE LUCHA CONTRA LA MILITARIZACIÓN, POR EL DERECHO AL ABORTO, POR ALTO AL FEMINICIDIO Y POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS.
¡Basta de violencia contra la mujer! ¡Separación real y absoluta de la iglesia y del estado! ¡Ni una muerta más por aborto clandestino!
¡Ni una asesinada más! ¡Destitución, juicio y castigo a los jueces y autoridades implicados en negligencias en casos de feminicidios! ¡Por una comisión independiente integrada con mujeres destacadas en la lucha contra los feminicidios y por los derechos humanos, a la que se sumen familiares de las víctimas! ¡Apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres!

¡Ni una asesinada más en el Estado de México!

El Estado de México es de los estados más golpeados por la crisis, desempleo, falta de derechos laborales, contratos de protección patronal y sin derechos sindicales, miles de empresas bajo gansteriles sindicatos blancos, todo bajo el amparo del gobierno priísta y el PAN. Jóvenes y mujeres tienen los trabajos más precarios y sin derecho a la educación. Es el estado número uno en violencia a la mujer y el enorme feminicidio. Esta es la realidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, que destina millones de pesos en cuidar su imagen política hacia 2012. El feminicidio en el estado se incrementó hasta superar las cifras de Ciudad Juárez. Las autoridades, en vez de resolver los casos, prefieren negarlos o diluirlos en las notas rojas que ocupan las primeras planas a diario, los atribuyen a la violencia intrafamiliar o responsabilizan a las víctimas por su muerte.

Acerca del “empoderamiento” femenino

La pertenencia a una clase social condiciona los antagonismos de clase entre las mujeres y las diferentes formas en que éstas viven la opresión.
Durante el siglo XX y en la primera década del XXI, hubo mujeres presidentas, primeras ministras, miembros de gabinetes de gobierno, soldadas y oficiales, científicas, artistas y deportistas, empresarias y profesionistas exitosas. Fue el siglo de la píldora anticonceptiva, la minifalda y los pantalones vaqueros, la moda unisex y los electrodomésticos. Pero no olvidemos que también fue el siglo de los 50 millones de mujeres que mueren al año por aborto clandestino, de millares de mujeres violadas y asesinadas por políticas de “limpieza étnica”, de millones de mujeres desempleadas y viviendo en niveles por debajo de los índices de pobreza. En el llamado “Tercer Mundo”, mueren unas 600 mil mujeres jóvenes por año, durante el embarazo y el parto. Por cada una de ellas, hay 30 que sufren infecciones, lesiones e incapacidades por las mismas causas. Por lo menos, 18 millones de mujeres jóvenes al año sufren daños durante el embarazo y el parto.
Entonces, cuando Hillary Clinton se sienta en el poderoso senado norteamericano o cuando una mujer de 30 años, en “igualdad” con los varones, puede “ejercer su derecho” a ser oficial de las fuerzas conjuntas de la OTAN que bombardean los países semicoloniales, o morir, a la misma edad, en una aldea africana a causa del SIDA, es paradójico e incluso cínico hablar del avance y progreso de la mujer. ¿No deberíamos hablar de distintas mujeres? ¿Son acaso iguales las vidas de las mujeres empresarias, las obreras, las mujeres de los países imperialistas y las de las semicolonias, las de las mujeres blancas y las mujeres negras, las inmigrantes o las refugiadas?
Por ello, contra la celebración del “empoderamiento” femenino en abstracto, sin considerar el carácter de clase de la política que se defiende, debemos potenciar la lucha de la clase trabajadora, como mostraron las mujeres oaxaqueñas en el 2006, las jóvenes españolas o griegas luchando contra la crisis o las estudiantes chilenas defendiendo la educación, etc. Donde las mujeres peleemos por nuestras demandas, camino que se alcanza luchando contra todas y todos los explotadores, políticos y funcionarios que los sostienen.