Comando armado desaparece al activista y periodista José Moisés Sánchez Cerezo
10 Jan 2015
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En testimonio de los familiares “fueron tres vehículos de hombres fuertemente armados” quienes ingresaron al domicilio ubicado en el Municipio de Medellín de Bravo. Ante la nula respuesta del Municipio la Secretaria de la Defensa Nacional realizó rondines de búsqueda sin ningún resultado efectivo, según dicen los familiares.
Sánchez Cerezo dirige el periódico “La Unión”, repartido en las congregaciones en el estado de Veracruz. El diario, de circulación impresa y electrónica, ha denunciado la corrupción de las autoridades municipales en la llamada “guerra contra el narco” que azota México desde el 2006, que ha dejado más de 160 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
Según la Acción Urgente, signada por decenas de organizaciones de derechos humanos, el periodista, que también realizaba activismo social en el estado, recibió una amenaza el día 30 de diciembre por envío de Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín de Bravo.
El gobernador priísta, Javier Duarte Ochoa, minimizó la desaparición forzada del periodista, refiriéndose a él como “taxista y activista vecinal”, un personaje que “tiene una página de Facebook” y diciendo que no se le demerita pero “hay que decir las cosas como son”. El caso ya es tomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta desaparición se dio, perversamente, a casi un año del asesinato del también periodista y activista Gregorio Jiménez, que fue encontrado muerto luego de denunciar la colusión de las autoridades estatales y municipales con el crimen organizado. El asesinato de Gregorio causó un importante movimiento democrático en Veracruz con marchas, mítines y asambleas del gremio periodístico.
México, según el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), es el lugar en el que más periodistas desaparecen en el mundo. Según su informe, México es “uno de los más violentos para la prensa que se haya registrado en el mundo”.
Esta desaparición forzada se enmarca en la crisis política desatada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se ha identificado al Estado y sus instituciones, en particular al Ejército, como los principales responsables. Desde 2006 el Estado mexicano, en asociación con los grandes cárteles de la droga, ha realizado una “guerra” de limpieza social en la que mueren trabajadores, jóvenes, mujeres, migrantes y periodistas.
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