MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Una condena de 22 años de prisión pesa sobre Adriana Manzanares Cayetano, indígena nahua, tras haber sido golpeada e insultada por una asamblea popular en la comunidad de Ayutla de Los Libres, Guerrero. [1]

La acusan del delito de homicidio agravado en contra de su hijo recién nacido; pero Adriana promovió un amparo, ya que su niño nació muerto. Ella no habla español, no tuvo acceso a servicios de salud durante la gestación. Su bebé murió. Enfrentó un proceso judicial sin contar con un intérprete.

Su caso es uno de miles: han criminalizado su condición de mujer, de indígena y de pobre.

En nuestro país millones de mujeres no tienen acceso a servicios de salud, al igual que un importante porcentaje de la población. Sólo los trabajadorxs que están por contrato colectivo en el sector privado o en el gobierno tienen acceso al sistema de salud pública, e incluso esto corre grave riesgo. La falta de acceso a servicios de salud se agrava para las mujeres durante los embarazos y es, a su vez, doblemente reducido el mismo para las mujeres indígenas, por la falta de infraestructura, medicamentos y personal. En 2011 fallecieron 955 mujeres dentro de los 42 días luego del parto. [2]
En Baja California Sur, Campeche, Coahuila, D.F., Guanajuato, Nayarit, Sonora y Zacatecas en los últimos años han aumentado las muertes maternas. Í [3]

El cinismo de las autoridades no tiene límites: por un lado, fomentan el mandato obligatorio de la maternidad y por el otro, condenan a las mujeres pobres que lo cumplen al desamparo más absoluto: sin acceso a trabajo, a salud, a educación ni a vivienda. Ni hablar de quienes deciden interrumpir su embarazo: mueren o quedan con grandes problemas por abortos clandestinos mal hechos.

Esta situación se da en el marco de que durante los últimos años de gobiernos panistas hemos visto una alianza reaccionaria del Estado y de la Iglesia, que buscan imponer su moral conservadora y el control sobre nuestros cuerpos. Pero estos “defensores de la moral”, en realidad son los protectores de los curas pederastas y abusadores y guardan silencio ante el feminicidio.

Además una minoría clerical impulsa campañas homofóbicas contra la libertad sexual y la adquisición de todos los derechos para parejas del mismo sexo e intentando anularlos en el D.F.

Entre las “iniciativas” recientes están las leyes antiaborto que bajo el nombre de “delito en razón de parentesco” criminalizan y condenan con hasta 35 años de prisión la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y la maternidad. Por ello la penalización del aborto sólo obliga a que las mujeres pobres, trabajadoras y estudiantes aborten en las peores condiciones, mientras las mujeres con mayores recursos económicos abortan en clínicas privadas.

Frente a esto, las militantes de Pan y Rosas luchamos por:

¡Libertad a Adriana Manzanares Cayetano! ¡Alto a la criminalización de la pobreza! ¡Por el derecho a una maternidad libre de riesgos de salud! ¡Por el acceso a servicios de salud pública y gratuita para todas las mujeres, la clase trabajadora, los pueblos indígenas y los sectores populares! ¡Educación sexual y anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto libre y gratuito para no morir!