MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

1. El pasado lunes, 7 de diciembre, fue salvajemente reprimida en Michoacán, por policías antimotines del estado- gobernado por el perredista Silvano Aureoles -, una manifestación de estudiantes de la Normal Indígena de Cherán. Éstos habían “tomado” pacíficamente la caseta de Zirahuén, en la autopista Siglo XXI, exigiendo al gobierno estatal 1,200 plazas docentes para los egresados de las 8 normales de la entidad.

Por ésta y otras demandas, los normalistas michoacanos se encuentran en paro desde el pasado 20 de octubre, desafiando al amañado “examen de oposición” para el ingreso al servicio docente impuesto por la contrarreforma educativa de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”, que les niega su derecho al trabajo, así como la política del gobierno federal para acabar con la mayoría de las escuelas normales y reformar a las que queden en un sentido neoliberal.

Como resultado de la represión, 52 normalistas fueron detenidos en un primer momento y 55 más cuando se movilizaban para exigir la libertad de sus compañeros. De éstos, 22 fueron liberados por ser menores de edad, quedando 85 presos en total. Los primeros fueron trasladados a penales federales, acusados por la PGR de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las mujeres fueron recluidas en el Cefereso 16, de Coatlán del Río, Morelos; los hombres en el Cefereso 12, de Ocampo, Guanajuato, muy lejos de sus hogares y familia.

Al día siguiente, 8 de diciembre, maestros, normalistas y comuneros tomaron 29 alcaldías y bloquearon carreteras en el estado para exigir la libertad de los estudiantes, presos políticos. Sus padres se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, acusando al gobernador Aureoles de haberlos engañado pues les prometió interceder por la liberación de sus hijos. Ese mismo día, por supuestos delitos cometidos hace más de un año, la Procuraduría de Justicia del Estado solicitó una orden de aprehensión contra Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la Sección 18 de la CNTE-SNTE (Michoacán), que podría ser ejecutada en los próximos días.

2. También el 7 de diciembre, en Chiapas, los maestros de las Secciones 7 y 40 del SNTE, afines a la CNTE, instalaron un plantón masivo en el centro de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de manifestarse en contra de las evaluaciones “para la permanencia en el empleo” impuestas por la contrarreforma educativa, programadas por la SEP para aplicarlas en la entidad el 12 y 13 de diciembre, a 1,800 docentes en servicio. Al menos diez mil policías federales fueron trasladados a Chiapas para garantizar el “derecho” de los maestros a ser evaluados, a fuerza de tanquetas, escudos y toletes.

A sabiendas del repudio generalizado de los maestros chiapanecos a estas evaluaciones, el gobierno del estado -encabezado por Manuel Velasco del Partido Verde, patiño del PRI-, en acuerdo con el secretario de educación federal, Aurelio Nuño, decidieron adelantarlas al 8 de diciembre, con la intención de “madrugar” al magisterio disidente que se propuso boicotearlas.

Ese día, miles de maestros de las secciones 7 y 40 respondieron movilizándose desde temprana hora por la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla hacia la Escuela Nacional de Protección Civil, donde sería aplicada la prueba.

A la altura del crucero Llano San Juan, la Policía Federal intentó replegarlos violentamente, con miles de elementos y tanquetas antimotines, a lo que los maestros respondieron defendiéndose. En la refriega, murió atropellado por la policía el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo, de 29 años de edad. Además, tres maestros, dos normalistas y un padre de familia fueron detenidos.

La Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Renato Sales, se adjudicó la responsabilidad del operativo y acusó a los manifestantes de haber sido quienes atropellaron con un autobús al maestro fallecido. Al día siguiente, 9 de diciembre, decenas de miles de maestros indignados se movilizaron por las calles de Tuxtla Gutiérrez, enfrentándose nuevamente con elementos de la Policía Federal. Los maestros retuvieron a varios policías para negociar la libertad de sus compañeros presos, lo que finalmente consiguieron.

3. Mientras esto sucedía, la SEP anunció el despido de 5 maestros que protestaron el 3 de diciembre contra las mismas evaluaciones en Guerrero, acusándolos de sabotaje, así como el descuento salarial a otros 870 que se ausentaron de sus labores ese día “sin causa justificada”. Estas sanciones fueron avaladas por el gobernador electo en las pasadas elecciones de junio, tras la licencia solicitada por el perredista Ángel Aguirre, luego de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

4. Las movilizaciones magisteriales de las últimas semanas contra las evaluaciones punitivas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, bastiones de la CNTE, así como en otros estados, evidenciaron que a pesar de la brutal campaña represiva del gobierno seguimos siendo miles los que nos oponemos a la contrarreforma educativa y estamos dispuestos enfrentarla.

Aunque Nuño se jacta de haber conseguido que un alto porcentaje de los maestros convocados fueran a “evaluarse”, la mayoría no lo hicieron por voluntad propia sino forzados por el hostigamiento, la represión y la amenaza de despido. Tal era el miedo del gobierno a las protestas que a algunos los trasladaron en helicópteros de la policía o en autobuses hacia lugares desconocidos, donde los mantuvieron prácticamente secuestrados mientras realizaban la prueba.

En las entidades donde tiene presencia la CNTE, las sedes donde se aplicó el examen estuvieron custodiadas por miles de policías federales, enviados especialmente para reprimir a los inconformes. Aun así, según cifras de la SEP, en Oaxaca y Guerrero menos de la mitad de los maestros convocados se “evaluó” y en Chiapas no llegaron al 60%, por lo que el gobierno tuvo que reprogramar la prueba para los que faltaron. Esto evidenció, una vez más, la falta de legitimidad de la contrarreforma educativa.

Sin embargo, esto no significa que “vamos ganando”. La maniobra de la SEP para dividir al movimiento, aplicando en diferentes fechas las evaluaciones en las entidades “conflictivas”, consiguió que las protestas de cada sección o contingente disidente se dieran por separado, sin que la dirección nacional de la CNTE definiera un plan de lucha unificado para evitar la dispersión y el aislamiento.

Los charros del SNTE han conseguido (no sin dificultades), mantener pasivo al resto del magisterio nacional y los de otros sindicatos, tanto priístas como “opositores”, han impedido que otros sectores de trabajadores respalden esta lucha. Esta debilidad le permitió al gobierno, a pesar de todo, avanzar con las evaluaciones punitivas y recrudecer su ofensiva represiva contra el movimiento, que cada día se cobra nuevas víctimas.

5. Al no poder ignorar las protestas, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, declaró que esta resistencia obedece a que “algunos líderes magisteriales no quieren perder sus privilegios”. No podría ser más cínico, cuando el gobierno tiene como aliado al corrupto Juan Díaz de la Torre, quien reemplazó a Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, tras haber sido acusada de enriquecerse con las cuotas sindicales. Este “relevo” forzado al inicio del sexenio sólo sirvió para que Peña Nieto pudiera lograr una mayor subordinación de los charros de este sindicato, que mantienen sus prebendas aunque han perdido poder y están siendo cuestionados por sectores de base.

Peña Nieto insistió en que la “reforma educativa” es la más importante del sexenio. Por ello quiere aplastar la resistencia magisterial e imponerla a sangre y fuego. Es verdad que hay mucho en juego, aunque nada tiene que ver con mejorar la educación. Los maestros disidentes son uno de los pocos sectores de trabajadores organizados que han venido enfrentando activamente al gobierno. De triunfar, pueden demostrar a otros que, luchando persistentemente, las reformas se pueden echar atrás.

Por su parte, apelando a la “mano dura”, el gobierno quiere negar a los maestros no sólo sus derechos laborales y sindicales, sino incluso su derecho a manifestarse y protestar. Con ello busca dar una “lección” al conjunto del movimiento obrero y popular, para imponer una estabilidad reaccionaria que garantice el avance de sus planes pro-empresariales y de entrega al imperialismo, con los que tienen acuerdo todos los partidos del régimen.

No por casualidad, al mismo tiempo que ataca salvajemente a los maestros y normalistas que protestan, el gobierno comenzó a colocar “bonos” (de deuda) en la Bolsa Mexicana de Valores que le permitirán obtener financiamiento (privado) para el supuesto mejoramiento de la infraestructura educativa, medida claramente privatizadora que sólo beneficiará a los banqueros y especuladores a costa del erario público, mientras recorta el gasto social.

6. Los sindicatos y centrales que se reclaman opositoras (como la Nueva Central de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores), el movimiento estudiantil, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, populares y de izquierda, el movimiento de mujeres, personalidades de la academia, la cultura, la ciencia y las artes, etc. debemos salir a las calles en defensa del magisterio y el normalismo combativos.

No podemos permitir que ningún otro maestro sea asesinado, encarcelado o despedido por rechazar las evaluaciones punitivas. No podemos tolerar más descuentos salariales y sanciones contra quienes ejercen su derecho a protestar. Podemos expresarnos de muchas maneras: con campañas gráficas, fotografías solidarias, videos, pintas, mantas en las escuelas y centros de trabajo, pero sobre todo saliendo masivamente a las calles.

Junto a ello, manteniendo intransigentemente una política de independencia de clase, llamamos a las bases del Morena a movilizarnos en las calles en defensa del magisterio y a exigirle a la dirección de este partido -que ofrece como única salida las elecciones, cuando el ataque es ahora-, que ponga todos sus recursos al servicio de esta lucha, sin ningún condicionamiento electoral.

Una campaña democrática de estas características nos permitiría preparar las condiciones para pasar a la ofensiva, mediante la coordinación de las luchas y el impulso del frente único a través de la discusión democrática de un programa y un plan de acción unificados, en la perspectiva del paro nacional.

En las escuelas, proponemos que los compañeros convocados a evaluarse -principalmente aquellos que decidieron no presentarse- les exijan a sus delegados sindicales que convoquen a asambleas para discutir democráticamente cómo respaldar a quienes sufran la amenaza de despido y ganar a los padres de familia como aliados, explicándoles el sentido privatizador de la reforma.

¡Alto a la represión contra los maestros y normalistas que defienden la educación pública! ¡Libertad inmediata de los maestros y normalistas detenidos!
¡Cancelación de los procesos penales y las órdenes de aprehensión en contra de los que luchan! ¡Fuera el Ejército y la Policía Federal de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y el resto del país!
¡Castigo a los responsables de la represión que ocasionó la muerte del maestro Gemayel Ruiz!

10/12/15.