MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Agosto, 2014

“Es el peor desastre ambiental de la industria minera del país” declaró el titular de la SEMARNAT Guerra Abud (26/08). Y no es para menos: de la mina mas grande del país (propiedad de la empresa Buenavista del Cobre en Cananea, a cargo del consorcio Grupo México) se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Bacanuchi y Sonora afectando a 24 mil personas en seis municipios el pasado 6 de agosto.

¿Quién está detrás de la catástrofe?

Grupo México está comandado por Germán Larrea, segundo mayor millonario mexicano, poseedor de la “principal productora de cobre del continente americano”[1], apoyada por el gobierno de Fox debido a sus vínculos con la Fundación Vamos México, creada por la esposa de Fox, Martha Sahagún, vendió en 1994 las minas Nacozari y Cananea sin pagar ni un solo peso de indemnización a sus trabajadores, hasta las dos huelgas sostenidas por los mismos.

Esta indulgencia por parte del gobierno muestra su complicidad con el Grupo México para no tocar sus millonarias ganancias y permitir la contaminación de nuestros recursos naturales a costa de los daños a las comunidades que viven aledañas a los ríos, dándonos a entender que para ellos el problema de la contaminación ambiental se resuelve con poner multas a los empresarios multimillonarios aún cuando las afectaciones causadas al ecosistema pueden ser irreparables.

Los daños que conlleva

A pesar de los daños detectados como la muerte de peces y de vacas, de la cantidad de tóxico derramado y de los posibles riesgos y consecuencias económicas, ambientales y sociales previstas por especialistas, la Secretaría de Agricultura de Sonora y las autoridades insisten en que la emergencia está controlada y que “no se han detectado concentraciones de ácido sulfúrico en el río, por arriba de la norma permitida” [2].

Las acciones del Estado

La secretaría de Economía, quien debería ser la encargada de retirar la consesión se basa en una ley insuficiente y laxa que le ha permitido su consolidación como empresa oligopólica. Ante “accidentes” como éste, la legislación no prevé como sanción que Grupo México pierda la concesión, pero si le asegura que todas las ganancias queden en sus manos.

Ni la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente, ni Cofepris o Protección Civil de Sonora, ni SEMARNAT o la Secretaría de Economía se declaran con la facultad de retirar la concesión.

Ante este panorama, la SEMARNAT sólo ha anunciado una multa de “40 millones de pesos” [3] cuando, tan sólo en el primer semestre del presente año, este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares y sus ganancias subieron 4.6% [4]. Aún con este incremento en la multa, la empresa solo se desprendería aproximadamente del 0.25% de sus ganancias de medio año.
¿Acaso ese dinero es suficiente para indemnizar a los más de 40, 000 personas afectadas, revertir la contaminación de los ríos, renovar la tierra que se usaba para agricultura, mejorar la salud del ganado que consume esas aguas contaminadas y sacar del hambre y sed a los habitantes que se han quedado sin fuentes de trabajo?

Es claro que ningún organismo institucional penalizará a los responsables ni solucionará la catastrofe. Solo los trabajadores mineros, los habitantes afectados y la sociedad organizada puede expulsar a estas empresas parasitas por medio de paros y huelgas.

Por una salida independiente y anticapitalista

Bajo la lógica capitalista, sólo importa la ganancia y el enriquecimiento ilimitado aún a costa del agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental, tal como ocurre en zonas que han sido colapsadas por la empresa que simplemente las abandonará cuando no le sean productivas dejando a su paso miles de personas sin empleos y sin tierras fértiles para cultivar.

En ese sentido nos pronunciamos contra la devastación ambiental producida por esta empresa y contra la impunidad y protección brindada por el gobierno a estos actos ecocidas. Los socialistas consideramos que deben ser los trabajadores apropiandose del conocimiento de los científicos y técnicos, quienes decidan el adecuado funcionamiento de minas, pozos petroleros, etc. pues sólo de esta forma se podrá garantizar que nuestros recursos sean explotados en interés de las mayorías y no a favor de un propietario particular multimillonario. Sólo así puede garantizarse una explotación responsable y racional que no dañe al medio ambiente.

Proponemos la expropiación sin indemnización de todas las empresas contaminantes y que los recursos de la misma sean puestos en manos de sus trabajadores para que sean ellos quienes decidan el futuro de su actividad productiva.

[1] Periódico La Jornada, Viernes 15 de agosto de 2014, p. 3
[2] Periódico La Jornada, Domingo 10 de agosto de 2014, p. 23
[3] http://www.cronica.com.mx/notas/2014/854128.html
[4] http://www.jornada.unam.mx/2014/08/11/economia/022n1eco