MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El Ejército ataca contra niños y civiles en Santa María Ostula
Gabriel Bagundo
Como en Ayotzinapa, Tlatlaya y otros casos recientes, el Ejército mexicano sigue actuando impunemente en contra de los sectores en lucha y la población más pobre. En Ostula, una vez más se muestra la verdadera faceta de la militarización del país con el asesinato de un niño de 12 años.
El domingo 19 de julio por la mañana, más de un centenar de efectivos militares y federales incursionaron en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, para detener a Semeí Verdía Zepeda, quien funge como coordinador de las autodefensas de la región.
Santa María Ostula fue una de las primeras comunidades que hace años comenzaron a organizarse de manera autónoma para defenderse de los cárteles del narcotráfico que asolan esta región indígena nahua en la costa de Michoacán. El gobierno local y federal, junto a empresarios mineros e inmobiliarios, también tienen mucho interés en que estos territorios sean desalojados dados los recursos minerales y la ubicación privilegiada para construir nuevos destinos turísticos.
Después de la detención de Semeí Verdía (a quien ya le dictaron auto de formal prisión), las autodefensas de Ostula bloquearon la carretera costera que va de Lázaro Cárdenas a Colima, a la altura de Xayakalan, como medida de protesta. Ahí los militares respondieron con ráfagas de fuego que hirieron a 4 niños y civiles desarmados, resultando muerto el niño Idilberto Reyes García, de 12 años.
La primera reacción del Ejército fue ocultar la realidad. La versión que inmediatamente presentó Felipe Gurrola Ramírez, encargado del Grupo Coordinación en Michoacán, fue afirmar que “había sido un grupo armado, no el Ejército”. Esta versión se cayó horas después con la presentación, por parte de las autodefensas, de videos que demostraban la participación de los militares y los disparos que realizaron.
Los autodefensas han denunciado una evidente cooperación entre los Caballeros Templarios y las fuerzas del Estado en el municipio de Aquila. Con la corrupción y complicidad que existe en el gobierno y las instituciones armadas esto no es difícil de creer.
Complicidad e impunidad
El Ejército está involucrado en infinidad de crímenes contra luchadores sociales y la población más marginada. No sólo desde hace 9 años que comenzó la guerra contra el narcotráfico, sino desde la represión a los ferrocarrileros, las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971 y durante el período de la Guerra Sucia de los 70´s.
Todos los partidos del régimen favorecen la impunidad con la que opera el Ejército. Ejecuciones extrajudiciales como las de Tlatlaya y la participación de los militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siguen impunes y sin esclarecerse por la protección que el gobierno les da. En un país sin oportunidades de empleo ni educación, las fuerzas represivas del Estado juegan un papel fundamental para el control social.
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas exigimos la libertad de Semeí Verdí Zepeda y el castigo a los responsables de estos ataques a la comunidad de Ostula, comenzando por los altos mandos castrenses. Denunciamos la política del gobierno de sacar a los militares y los federales a las calles y exigimos el alto inmediato a la militarización del país; ¡que todos los militares regresen a los cuarteles! ¡castigo a los culpables!
La impunidad con la que todos los partidos del régimen actuaron para no responsabilizar al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas permite que otros crímenes ocurran por las mismas causas. Es fundamental la unidad de todos los sectores en lucha, trabajadores del campo y la ciudad, así como de las comunidades indígenas, para enfrentar la ofensiva reaccionaria y la antidemocracia del régimen, echar abajo al gobierno de Peña Nieto y sus planes antipopulares.