MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Por Sergio Moissen

A Don Nepomuceno Moreno (1)

México se ha convertido en un país demencialmente violento, un país de nota roja. Desde el año 2006 el régimen político mexicano comenzó una llamada “guerra contra las drogas” que ha causado una catástrofe sin precedentes en la historia de nuestro país. Según cifras estimadas por analistas y movimientos sociales del país las “bajas colaterales” de la “narcoguerra” en estos 8 años de combate a los cárteles del narcotráfico es de más de 120 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos y más de 1 millón y medio de desplazados.2 En cifras, la cantidad de asesinatos en México en estos 8 años de “guerra contra el narco” es comparable a los resultados de la Guerra Civil en Siria... no son pocos los analistas que sugieren que en México hay una guerra de “limpieza social” pues las “bajas colaterales”, así las llamó Felipe Calderón, vienen de los sectores más explotados: migrantes centroamericanos, jóvenes, mujeres trabajadoras, obreros, campesinos, pobres urbanos. Esta “guerra” ha construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna como la llamadas “narcofosas” donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010 y más de 150 cadáveres en Durango o el asesinato de jóvenes en masa como en Villas de Salvarcar en el mismo año.

Capos y espectáculo

La detención del líder del Cartel de Sinaloa, el “Chapo Gúzman”, en febrero de 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue noticia internacional. La DEA, el FBI y el gobierno de los Estados Unidos consideraban a Joaquín Gúzman Loera, el “Chapo”, como enemigo público destacado desde el 2013. De ahí que la detención tuviera un gran efecto mediático que trascendió las fronteras de México. En la editorial del Whashington Post, por ejemplo, la nota acompañaba, además de la felicitación al gobierno mexicano, el detalle de la participación de autoridades norteamericanas en México: la DEA, según la editorial, había geolocalizado el celular del famoso capo.3 Peña Nieto declaró pronto que la violencia en México estaba a la baja y que la detención del “Chapo” era una muestra que México está avanzando hacia la “paz”.4

La detención fue presentada con bombo y platillo como una gran victoria del gobierno en la “guerra contra el narcotráfico” y se sopesaba que la participación de los Estados Unidos en la captura fue “crucial”. El modo en el que Televisa mostró la detención del capo evidenció pronto que se trataba de un gran, muy importante, espectáculo. La realidad para el mexicano común es distinta a la que vende el gobierno en los mensajes en los que se pretende convencer que se está “ganando una guerra”y de que la “violencia en México disminuye”. Ya antes Televisa mostraba en series como El Equipo, una especie de remake de la serie norteamericana CSI (Crime Scene Investigation) filmada con equipo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el deseo de que las víctimas de la guerra se identificaran con la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la actual Gendarmería Nacional en contra de los capos del narco. 5 Una realidad distinta al del espectáculo de la detención del gran “capo” recorre los rincones de México día con día: es la realidad de una “supuesta guerra contra el narco” que no para.

Duelos y catástrofe nacional

En las plazas públicas se vive un México distinto al del espectáculo que propicia el PRI. Un grupo de mujeres en Jalisco llamado Bordamos por la paz, religiosamente, cada fin de semana, se reúne para bordar en pañuelos los nombres de personas asesinadas por la “guerra contra el narco”. Sentadas en bancos de mimbre tejen en un ejercicio de duelo a quienes les fueron arrancadas la vida por una bala perdida, por una emboscada o por alguna ejecución extra judicial del Ejército mexicano. Desde el año 2008 este grupo de personas cuelga en un tendedero sobre la plaza de la ciudad los nombres de las “bajas colaterales” producto de la violencia desatada por la militarización del país. Probablemente nunca logren bordar 120 mil pañuelos para poner finalmente en luto a los muertos de la “guerra contra las drogas”.

En una imagen contrastante, en tierra caliente, Michoacán, un grupo de agricultores aguacateros armados hasta los dientes fundaron, hace unos meses, los llamados grupos de “autodefensas” y dieron una nueva nota a nivel internacional sobre la espiral de la violencia en México. A primera vista la imagen impacta: decenas de hombres y mujeres en los páramos de Michoacán con armas de alto calibre como la Pietro Beretta calibre 9 milímetros y los fusiles AK-47 y R-15 rondaban toda tierra caliente. En meses los grupos de autodefensa, que surgieron a raíz de combatir al cartel de los Caballeros Templarios, pasaron casi en su totalidad a ser cooptados por el Estado mexicano para fungir como guardias rurales al servicio del Ejército y la gendarmería nacional. En ´última instancia las autodefensas fortalecieron al estado capitalista. Pronto, las armas largas de las “autodefensas”, pasaron al servicio de Peña Nieto y los que no se cuadraron pasaron a ser perseguidos.6

Narcotráfico: una visión marxista

La “guerra” ha despertado un debate público en México y América Latina sobre el carácter social del narcotráfico. Es una realidad que el narco es un sector “pujante” en la economía mexicana de exportación al mercado norteamericano que ha llegado a rebasar en la producción de marihuana, cocaína, metanfetaminas y drogas sintéticas a países como Colombia. Según diarios como La Jornada el narcotráfico produce un 3.1% del PIB bruto nacional.7 La riqueza de este sector ilegal de la burguesía en México asciende a millones de dólares al año. Los rubros del transporte, comercialización de producción de drogas en México es un negocio de grandes réditos pues el país está en frontera con el país más consumidor de todo el continente. Hay estados de la república en donde el narco emplea a miles de personas, con métodos coercitivos, como trabajadores agrícolas, transportistas y han llegado a tener una verdadera asociación política con el Estado mexicano. Recientemente fueron filtradas fotografías en donde el famoso capo La Tuta, Servando Gómez Martínez, se entrevista en una cita de trabajo con uno de los encargados del Estado priista, Luis Antonio Torres, en negociar y legalizar a los grupos de autodefensa. La Tuta se ha entrevistado con diversos funcionarios de gobierno del Estado de Michoacán y se ha comprobado la complicidad del estado con el narco en diversos escándalos nacionales y hasta internacionales. Este pequeño ejemplo es, por ahora, el más sonado en estos meses en que Tierra Caliente Michoacán está en boca de todos luego del surgimiento de los grupos de autodefensa. 8

Como una aproximación se podría decir que el narco es una burguesía ilegal inestable en una fase declinante del capitalismo. El narco es un fenómeno social abiertamente reaccionario en ascenso en un momento de cierta decadencia en el modo de acumulación capitalista mexicano impuesto por la ofensiva neoliberal. Este fenómeno creció después de la primera oleada de privatizaciones y de la crisis del campo al que fue sometido el país con las reformas de Carlos Salinas de Gortari en los años 1990, el Tratado de Libre Comercio, modificando la relación del estado con esta inestable e ilegal burguesía productora de drogas. Es bien conocido que en México los cárteles del narco compiten, como toda empresa capitalista, entre sí por el mercado norteamericano con métodos no convencionales haciendo uso de la violencia (grupos paramilitares como los Zetas por mencionar a los más famosos) y que su carácter ilegal lo convierte en un sector de la burguesía de alta inestabilidad. Dicha inestabilidad se manifiesta, por ejemplo, en que la “fama” de los capos es temporal y es oscilante en función de su permanencia en el mercado.9 Es también conocido que este sector ilegal de la burguesía mexicana participa de negocios tradicionales y el lavado de dinero en búsqueda de superar su oscilación. Aunque la violencia desatada entre capos competidores por el mercado norteamericano ya existía desde los años 1990 es con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón y con la política de supuesto “combate militar” que la violencia demencial se dispara de forma estrepitosa y acelerada. La militarización del país para su supuesto “combate” ha disparado la violencia a un modo insólito en América Latina.

La guerra contra el narco en México: una guerra de clase sin freno de emergencia

La “guerra” comenzó en 2006 cuando Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia en medio de fuertes protestas en Oaxaca (la “Comuna” que encabezó la CNTE)10 y en la Cd de México (el movimiento anti- fraude). Producto de la debilidad del nuevo gobierno este emprendió el llamado combate contra el crimen organizado que se convirtió en la “guerra contra las drogas y el narcotráfico” basando su dominación de clase en el apoyo de las Fuerzas Armadas. Calderón uso a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública (el uso de militares en operativos conjuntos en los Estados de la república) militarizando el país entero. La militarización del país trajo como consecuencia el disparo acelerado de la violencia. Es de este modo que la militarización del país tuvo consecuencia sociales funestas: en tan sólo dos años de la “guerra” fueron asesinados 14 mil personas y, para 2009, la cifra se elevó a 19 mil 803; luego, en 2010, aumentó a 25 mil 757, y en 2011 subió a 27 mil 213 homicidios. 11 La militarización ha estado acompañada de la paramilitarización de amplias zonas del país, por ejemplo en Chiapas y Michoacán, para acosar las experiencias autonómicas indígenas (como el EZLN o Cherán) y por el aumento de asesinato selectivo de luchadores sociales. La apoteosis del asesinato selectivo a luchadores sociales se ha manifestado en lugares como Cd. Juárez, Chihuahua, con los casos de la familia Reyes Salazar, Marisela Escobedo y un largo etc.

Desde un punto de vista marxista la “guerra contra las drogas” en México es un plan de despojo impuesto por los Estados Unidos para aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Este plan se concretó mediante la firma de planes y tratados internacionales como el Plan Mérida y el ASPAN (la Alianza para la Prosperidad de América del Norte) que aumentaron la injerencia de los Estados Unidos en México en materia militar y de Seguridad Nacional. Tan sólo en 2013 el gobierno mexicano recibió más de mil 200 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos en concordancia con el Plan Mérida bajo el rubros de “ayuda” a las Fuerzas Armadas.12 Esta guerra al mismo tiempo es un gran negocio para las empresas de armas estadounidenses  La industria armamentista de aquel país se beneficia cada año con 127 millones de dólares sólo por sus “exportaciones” al vecino del sur. 13

En el caso del presupuesto de egresos de la federación en 2009 tan sólo se destinó 113 millones de pesos para Marina, Ejército y la Procuraduría de Justicia cifra que rebasó todos los rubros como la educación y la salud. Con precisión el gasto del erario para la guerra es el triple que se usa para la educación. En revistas de investigación como Proceso y Contralínea se ha puesto en evidencia la presencia de oficiales de la DEA, la CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano y el adiestramiento del Comando Norte (Northcom) a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de México. Con Calderón se reactivó la IV Flota naval de los Estados Unidos en las aguas del Caribe mexicano y en el Atlántico. En síntesis el gobierno mexicano usó el “combate contra las drogas” para afianzar los lazos de subordinación de México al imperialismo norteamericano al mismo tiempo que sentó las bases de disciplinamiento social represivo para imponer en mejores condiciones las reformas estructurales que hoy con el gobierno de Enrique Peña Nieto se han aprobado. La dominación imperialista y el aumento de la subordinación de México a la Casa Blanca se una parte esencial de la agenda de las administraciones capitalistas que han financiado la “guerra contra el narco”.

El narcotráfico se instaló como un fenómeno abiertamente reaccionario que ha despojado y desplazado en el combate por el mercado norteamericano a miles de campesinos de sus tierras por medio de la violencia paramilitar en asociación con el gobierno mexicano y este no puede sostenerse como negocio sin la complicidad de las instancias municipales, estatales y federales. Los aparatos represivos del estado, incluidas las fuerzas federales como el ejército, han colaborado en el desplazamiento de miles de hectáreas para la producción de drogas.

Es evidente que ante este fenómeno reaccionario (de militarización y de avance del narco) se requiere de una visión alternativa al prohibicionismo impuesto por el imperialismo norteamericano. Frente a la militarización y el narco es crucial imponer la discusión sobre la legalización de las drogas y modificar la agenda norteamericana de prohibición que usada para imponer los planes de miseria y hambre. En México es legal la venta de armas en beneficio de las grandes empresas norteamericanas pero es ilegal el derecho a decidir respecto a nuestros cuerpos y nuestras vidas. El discurso prohibicionista es una arma del gobierno federal para que el estado capitalista y sus instituciones controlen el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, incluido el consumo, tenencia y portación de drogas criminalizando a la juventud y persiguiendo a los consumidores. Al mismo tiempo que es urgente la construcción de un movimiento en contra de la a la militarización del país es necesario imponer como alternativa de fondo al fenómeno reaccionario del narco: la legalización de las drogas. Frente a todo discurso moral en contra del uso de narcóticos desde el marxismo consideramos que el estado capitalista no debe injerir sobre el derecho a decidir sobre el uso de drogas bajo el pretexto de “salud pública”.

(1) Conocí a Nepomuceno Moreno en la Caravana al Norte que organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en junio de 2011. Era un activista duro dentro de las víctimas del MPJD. Se unió al movimiento por la búsqueda de su hijo Jorge Mario Moreno León que había desaparecido aparentemente por las Fuerzas Armadas. Fue asesinado en noviembre del mismo año en Sonora. Participó del diálogo de Chapultepec con el gobierno de Calderón y es una clara muestra de la política del PAN y Calderón a los opositores contra la guerra: el asesinato y la criminalización. Cuando fue asesinado la PGJE relacionó su asesinato con la delincuencia organizada.