MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Jorge Piña

Al amparo de la Constitución, la SCJN echó por tierra las aspiraciones de estos dos partidos para someter a consulta popular la derogación de la reforma energética.

Bajo la excusa y el amparo del artículo 35 constitucional de reciente modificación, en el cual se señala que “los ingresos y los gastos del estado” no pueden ser materia de consulta, la reforma energética fue promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto como sector clave para las finanzas nacionales.

Ya en el 2008, el gobierno de Felipe Calderón tenía intenciones de aprobar la reforma energética, y AMLO, en ese momento dirigente del PRD, ya la catalogaba como un “robo a la nación”.

Ahora, después del anuncio del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) sobre la propuesta de reforma, que abrió el sector energético a la inversión privada, en 2013, tanto el PRD como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se pronunciaron en contra de lo que catalogaron un “robo a la nación” y tomaron como estandarte la bandera de la nacionalización cardenista del petróleo de 1938.

Incluso el PRD rompió con el Pacto por México firmado en julio de 2012 junto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), no sin antes haber participado de la aprobación de varias reformas, entre ellas la educativa dando con ello un invaluable apoyo a la política de reformas estructurales de EPN.

Con la intención de derogar la reforma energética, ambos partidos se dieron a la tarea de impulsar una consulta popular que según sus planes debía ser realizada en las elecciones locales de 2015, para que la ciudadanía decidiera si estaba de acuerdo o no con la reforma.

Para ello recolectaron más de tres millones de firmas que fueron entregadas junto con la propuesta de consulta a la SCJN que la deliberó como inconstitucional.

Este rechazo es una muestra más del carácter antidemocrático y autoritario del régimen político mexicano: ni siquiera respeta los mecanismos incorporados a su propia legislación, como las consultas populares.

La vía institucional: un callejón sin salida

La pregunta es: ¿qué sigue? Si bien Carlos Navarrete, dirigente perredista, dijo ante a la negativa de la SCJN que van llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto no es garantía de nada ya que el blindaje constitucional a la reforma energética es muy preciso.

Para AMLO esta no sería la primera vez que las instituciones lo dejan mal parado.

En el 2006 todos los recursos interpuestos en contra del fraude en las elecciones presidenciales fueron rechazados y se validó el triunfo de Felipe Calderón consagrado por el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

A 8 años de distancia y con el expreso rechazó de la Suprema Corte a la consulta popular, el PRD y AMLO se quedan sin margen jurídico para actuar contra la reforma energética.

Esto cuestiona que por este camino puedan luchar seriamente por echar abajo la reforma energética.

Éste revés se da en el marco del profundo cuestionamiento a las instituciones y los partidos del congreso como garantes de la democracia debido al caso Ayotzinapa. Cuando ambos partidos, principalmente el PRD, son identificados por amplios sectores como responsables y por su nexos con los protagonistas de la masacre y posterior desaparición de los 43 normalistas.