MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Bárbara Funes

El PRI, el PAN y el PRD llamaron a crear un pacto para contener la crisis del país. Recrean así el Pacto por México, que votó las reformas estructurales.

Mientras se suceden las acciones en solidaridad con Ayotzinapa, estallan en las manos del gobierno nuevos elementos de descomposición del Estado. En Tamaulipas tres hermanos tejanos fueron asesinados y está implicada la policía.

Ante el hartazgo y el descontento que se expresan en las calles, ante la desconfianza en las instituciones de los tres niveles de gobierno por parte del pueblo mexicano, los partidos institucionales buscan una salida.

El PRI, el PAN y el PRD –desde este cierre de filas– están convocando a gobiernos, partidos políticos, académicos, a la sociedad civil y al sector privado a la unidad nacional para “consolidar la paz en México”. Es decir, a ayudarles a cerrar la crisis que atraviesa la “alternancia”.

La “paz” de las fosas clandestinas sin nombre, la “paz” de los salarios que pelean por el primer lugar en el ranking de los salarios más bajos del mundo, la “paz” de la criminalización de la protesta social, la “paz” de la entrega del país. Ésa es la paz que quieren construir los partidos que defienden los intereses de los empresarios como Slim, uno de los magnates más ricos del planeta.

El PRI por la paz social de los de arriba

El partido del gobierno federal, en voz de su presidente nacional, César Camacho, afirmó que se trata de un “gran acuerdo nacional a favor de la legalidad y del estado de derecho”.

¿De qué legalidad, de qué Estado de derecho habla? ¿De las recientes ejecuciones extrajudiciales como en Tlatlaya en el Estado de México? ¿O de la represión de San Salvador Atenco, que luchaban en defensa de su tierra?

El PAN “contra” la corrupción y la colusión con el narco

Ricardo Anaya, presidente de este partido, manifestó al periódico Milenio que “La situación del país amerita, además del combate frontal a la corrupción, un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad y la plena vigencia del estado de derecho”.

Llama mucho la atención que el PAN –bajo cuyo último gobierno, encabezado por Felipe Calderón, se inició la “guerra contra el narco”– pretenda convertirse en el paladín de la lucha contra los cárteles, cuando apenas en agosto pasado se hizo público que Edelmiro Sánchez Hernández, empresario y operador panista, en 2012 estuvo relacionado con el asesinato de un diputado regiomontano, y organizó una fiesta para los legisladores panistas de Nuevo León.

Peor aún, este personaje fue detenido en 2004 porque se hallaron 87 kilos de mariguana en la camioneta donde viajaba, pero fue liberado porque su chofer asumió toda la responsabilidad.

El PRD: unidad de los poderosos por la estabilidad de las reformas

El presidente de la cámara de diputados, el perredista Silvano Aureoles, declaró al mismo medio “Si algún tema debe unificarnos en este momento es el acuerdo nacional por la estabilidad y la seguridad del país".

Urgió a los tres principales partidos institucionales a firmar cuanto antes un acuerdo para frenar la violencia en el país.

Justo su partido, que solapó por casi un mes, a sabiendas de sus nexos con el narco, a Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero quien había intentado negociar las vidas de los 43 normalistas desaparecidos por $100,000 a cada familia.

La “transición pactada” en decadencia

La represión y la violencia ejercidas contra los normalistas pusieron un hasta aquí en la tolerancia del pueblo mexicano frente a los atropellos del PRI-PAN-PRD.

En las movilizaciones se sostienen consignas que acusan a los tres partidos de estar coludidos con el narco. Se denuncia al Estado como responsable de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.

La corrupción –compra de favores en dinero o en especie– es la moneda de cambio común entre los partidos del Pacto por México.

Hoy un diputado federal en México tiene una dieta mensual de $ 74,000, más apoyo económico para asistencia legislativa de $ 45,786 y otro para atención ciudadana de $28,772.

El salario mínimo promedio para un trabajador es de apenas $ 1.920 por mes, mientras la canasta básica alimentaria mensual por persona –que contiene sólo alimentos, no incluye ni vivienda, ni vestido, ni transporte, ni servicios de salud, esparcimiento y educación– es de $1.257 por mes.

¿Es democrático un gobierno cuyos funcionarios viven en el lujo y la ostentación mientras el pueblo pasa hambre y vive de forma cada vez más precaria? ¿Y si además esos funcionarios de gobierno, del PRI, del PAN y del PRD dan y reciben favores de los capos narcos? ¿Es “democracia” la subordinación de los jueces de la Corte a Peña Nieto? ¿O el chantaje desde las Cámaras para otorgar recursos a los estados? ¿Transición a qué?

Los partidos de los ricos quieren cerrar la crisis del descrédito del Estado mexicano, el dolor y la indignación del pueblo con un pacto de unidad nacional reaccionario para desviar el descontento hacia una reforma de las instituciones irreformables.

Ninguna confianza en el régimen mexicano

Ante esta maniobra que quieren imponer el PRI-PAN-PRD, impulsores de la precarización laboral y educativa y entregadores de los recursos energéticos del país, los jóvenes, los trabajadores y los campesinos pobres de México tenemos la palabra. O se profundizan las movilizaciones por justicia para los normalistas, organizándonos desde las bases hasta tirar abajo a este gobierno y su régimen podrido, o nos someteremos a la miseria y la degradación que quieren imponer los de arriba.